Con un posteo de más de cinco mil palabras, el jueves pasado Mark Zuckerberg salió a anunciar una serie de medidas que Facebook planea para atender su principal frente crítico: las fake news. No es la primera vez que la red social anuncia cambios en sus normas y conductas y en los algoritmos de inteligencia artificial, aunque en esta oportunidad el escenario es acompañado por un fuerte debate legislativo. Es que en distintos parlamentos del mundo se está revisando hasta qué punto estas plataformas carecen de responsabilidades sobre los contenidos que allí circulan.
Viendo los nuevos controles y tributos que se están discutiendo, el mes pasado Twitter, Google y Facebook mostraron ganas de hacer buena letra para sentarse a negociar, anunciando un plan conjunto de combate por mano propia a las fake news. Uno de los principales reclamos de varios gobiernos europeos es la influencia negativa que la viralización de noticias falsas en redes tiene en elecciones o en debates de interés público, aunque el problema es mucho más amplio porque abarca la divulgación de material ofensivo en tiempos donde la intolerancia y la xenofobia se vuelven discursos oficiales.
Tras el comunicado conjunto, Zuckerberg reapareció por su cuenta el jueves pasado a remachar sobre esta especie de cambio de reglas que no queda claro como se aplicará. Solo habló de modificaciones en los algoritmos artificiales y mejoras en los mecanismos de fiscalización humana, aunque sin abundar en detalles. Todo lleva el pomposo nombre de “Sistema de identificación proactiva de contenido perjudicial”, y muchos usuarios se desayunaron con él cuando vieron en sus muros un mensaje de Facebook tratando de concientizar sobre las fake news y sugiriendo una serie de precauciones para evitarlas.
En la Eurozona, además, se está avanzando en una ley para que Google y Facebook paguen por la reutilización de material protegido con derechos de autor. Esta medida insumiría millonadas de gastos adicionales para estas empresas, aunque en beneficio de genuinos generadores de contenidos como fotógrafos, editoriales o medios de comunicación convencionales. Al mismo tiempo, varios gobiernos quieren auditar las bases de datos de las redes sociales para ver si protegen informaciones personales de sus usuarios como dicen hacerlo. En Argentina, a la inversa, el gobierno se opone a todo estos procesos pese a que es precisamente en Facebook y Google donde más dinero gasta para difundir su publicidad oficial.
La semana anterior, Amnistía Internacional presentó en el Congreso argentino un informe en base a una investigación que realizó el año pasado en Twitter. El propósito fue analizar de qué modo las fake news y los ciberataques pueden ser un arma peligrosa contra el debate público si no hay ningún tipo de control ni de los directivos de las redes ni de las agencias gubernamentales. Amnesty estudió 354 mil tweets publicados entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre de 2017, lapso breve pero significativo ya que la agenda pública estaba dominada por el caso Maldonado, cuyos indicios habilitaban más de una sospecha sobre la actuación de Gendarmería Nacional pese a la defensa entre ciega y delirante que el gobierno efectuaba sobre sus políticas represivas. La ONG participó de la investigación y Mariela Belksi, directiva argentina, fue escarniada con una noticia que era falsa pero fue iguamente difundida.
El informe de Amnesty revela la participación de cuentas manipuladas por trolls (apócrifos) y bots (automatizados) en connivencia con usuarios reales, de los cuales en este caso muchos eran referentes políticos del gobierno actual. Todo eso redundó en la circulación de información que no era cierta o de mensajes agresivos a quienes enunciaban discursos distintos al oficialista. A pesar de que no hay aún un fallo judicial que acuse y confirme, Twitter debió echar mano al asunto antes de que el escándalo creciera y dio de baja numerosas cuentas cuya identidad real era sospechada.
“Las redes sociales son espacios para el debate público. Tienen un rol fundamental en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y el respeto por los derechos humanos”, concluye Amnesty en su informe. “Las empresas que llevan adelante esas plataformas no pueden ser evaluadas sólo en términos comerciales sino que también deben ser monitoreadas en función de cómo protegen la libertad de expresión. A su vez, es importante que el Estado tenga una actitud proactiva y transparente en relación con la protección de las voces de los ciudadanos.” Una buena iniciativa de la que el mundo está tomando nota... salvo Argentina.
