La Justicia colombiana reabrirá dos investigaciones contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La solicitud de reapertura de la investigación la realizó el congresista Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, a la Cámara de Diputados. “Solicité la reapertura del caso del fiscal Néstor Humberto Martínez por las nuevas pruebas conocidas por las grabaciones de Jorge Enrique Pizano”, indicó en un comunicado el congresista. Por su condición de aforado, el fiscal general de Colombia solo puede ser juzgado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Según Toro, el pedido lo hizo basado en las nuevas pruebas de público conocimiento, en alusión a unas grabaciones entregadas al informativo Noticias Uno por Pizano, considerado testigo clave en el caso de Odebrecht, y quien falleció el pasado 8 de noviembre de un paro cardíaco. En dichas grabaciones Pizano aseguró que Martínez conocía desde 2015, antes de asumir como fiscal, las supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, que conecta el centro con el norte de Colombia.

En ese entonces, el fiscal era abogado del Grupo Aval, al cual pertenecen la Corporación Financiera Colombiana y Episol, socias de Odebrecht en la Ruta del Sol II. Por lo anterior, el congresista Toro pidió que se reabra el expediente que fue archivado en mayo de 2018 debido a que en ese momento la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara consideró que no existía mérito suficiente para procesar o acusar al fiscal en relación con los hechos de Odebrecht. “La Comisión ahora deberá evaluar nuevamente las acusaciones incorporando como prueba las grabaciones de Pizano”, precisó Toro.

Martínez siempre negó que supiera de la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de 2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no estaba claro que se tratara del pago de sobornos.

Tres días después de la muerte de Pizano, su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de España a Colombia para asistir al entierro de su padre, murió envenenado tras beber en su propia casa de una botella de agua que contenía cianuro.

Precisamente, los miembros de la familia Pizano pidieron ayer que se los deje afuera de la política nacional y que se dé a conocer la totalidad de las grabaciones en las que se hace alusión al fiscal. “Reiterando la petición en la que se buscó excluir la situación de nuestra familia de la política, consideramos que las modificaciones con las que las grabaciones han sido presentadas a la luz pública, además de poder ser considerado inmoral, no siguen los deseos de Jorge Enrique”, indicaron los allegados de Pizano en un carta dirigida a los medios de comunicación.

“La realización de tales documentos tenía el único fin de esclarecer un oscuro capítulo de corrupción que sufre el país, por medio de la juiciosa investigación que él considero una obligación moral más allá de su trabajo profesional”, manifestaron la esposa y las hijas de Pizano en la misiva. Además, agregaron, que dicha investigación jamás tuvo el objetivo de encontrar en el momento de su publicación el detrimento de un servidor público, lo cual, dicen, es una desviación del problema real, por lo que exigieron que las grabaciones sean publicadas en su totalidad, siguiendo como parámetro único y total la verdad.

El lunes, el presidente Iván Duque había señalado que la investigación de la trama de corrupción requería a un fiscal especial que llegue, dijo, hasta el fondo. “Yo creo que se va a requerir (un fiscal ad hoc). Primero el fiscal general de la nación ya se había declarado impedido y había designado a la vicefiscal, y la vicefiscal también está pidiendo ad hoc”, había dicho el mandatario en una entrevista con la cadena RCN radio.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó la constructora en el país fueron mayores y alcanzaron 32,5 millones de dólares.

Ayer, el gobierno colombiano pidió que se le impida a la empresa brasileña participar en licitaciones públicas durante 20 años. El pedido fue elevado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la Superintendencia de Sociedades –autoridad de control–, para que le imponga a Odebrecht el máximo castigo por la ley, según se informó en una carta difundida ayer. “Esta solicitud se efectúa teniendo en cuenta que empresas del grupo Odebrecht, han protagonizado el caso de soborno y corrupción trasnacional más notorio de los últimos años en varios países del mundo, incluyendo Colombia”, escribió Ramírez. 

La vicepresidenta rechazó la propuesta de la constructora de zanjar el escándalo con una reparación equivalente a 30 millones de dólares y pidió una sanción monetaria correspondiente a los delitos en que incurrió. “Aceptar un acuerdo de compensación económica resultaría un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de delitos”, enfatizó Ramírez.