Producción: Tomás Lukin
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Por Roberto Salvarezza *

Las razones del achicamiento

La drástica reducción del 60 por ciento del ingreso a la carrera del Conicet que derivó en el conflicto más importante en el área de ciencia y tecnología (CyT) en más de una década se inscribe en el contexto del achicamiento del Estado y el desinterés del Gobierno en continuar desarrollando el sistema científico-tecnológico consolidado en el período 2003-2015. Las nuevas autoridades neoliberales no ven la necesidad de seguir invirtiendo recursos en la generación de conocimientos científico-tecnológicos ya que apuesta a retornar al modelo agroexportador y adquirir en el exterior la tecnología y los conocimientos necesarios que requiera el país.  

Para justificar la reducción en el ingreso de investigadores al sistema de CyT el Gobierno se basó en un argumento económico: reducir el gasto público fiscal en un país con un 30 por ciento de pobreza. Un argumento difícil de aceptar de parte de un ministro como Lino Barañao que conoce que los países son ricos justamente porque invierten en ciencia y tecnología. Pero resulta aún más increíble cuando este conflicto, que motivó la toma del Ministerio y el repudio unánime de la comunidad científica, de una buena parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general, podría haberse evitado con menos de 200 millones de pesos. Una cifra insignificante en el presupuesto del Estado.

Por lo tanto, ¿fue solamente una razón presupuestaria lo que originó el recorte de ingresos? ¿hay otras razones más allá de las económicas para debilitar al Conicet y al sistema de ciencia y técnica? Todos habrán escuchado en estos días a funcionarios del actual Gobierno plantear la necesidad de abandonar el pensamiento crítico y mencionar el daño que el mismo ha hecho a nuestro país. Así el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, considera que “ser entusiasta y optimista es ser inteligente”, y dejó en claro que para el Gobierno, pensar no es tan importante. Intelectuales cercanos al partido gobernante sostienen en los principales medios de comunicación que el pensamiento crítico es negativo y abogan por un cambio en los valores educativos nacionales para que “los chicos sean felices, capaces y productivos”. En un contexto donde se pregona el optimismo, la alegría y la fe como estrategia para construir la Argentina soñada, el pensamiento crítico constituye un enemigo central al cual hay que combatir. El por qué es simple: es el pensamiento crítico quién sale a cuestionar el supuesto “sentido común” o las “verdades absolutas” del Gobierno instaladas en la sociedad con la inestimable colaboración de los grandes medios de comunicación.

Hay ejemplos recientes de por qué los científicos le preocupan al nuevo Gobierno. Fueron investigadores quienes denunciaron la vulnerabilidad del voto electrónico dando elementos técnicos al Congreso para hacer fracasar el proyecto de Reforma Política, son investigadores quienes acaban de estudiar el impacto que tienen los despidos masivos sobre la salud mental y física de la población, lo son quienes exigen con razones bien fundadas que el Gobierno no obstaculice la sanción de ley de humedales necesaria para proteger la biodiversidad, y también son investigadores quienes estudian el uso indiscriminado de agroquímicos desde la perspectiva de la vulneración de derechos de los ciudadanos. Serán también científicos quienes saldrán a mostrar con datos reales el impacto en la Salud Pública que ocasionará el desmantelamiento de múltiples programas para los sectores más desprotegidos de la población y quienes señalarán el crecimiento de la pobreza y su relación con el aumento de la violencia.

En contraposición a un sistema de CyT comprometido en los múltiples aspectos de la realidad del país, los funcionarios del MINCyT proponen un sistema dirigido a incrementar la rentabilidad empresarial que, debido al escaso carácter innovador de las empresas privadas nacionales o la precariedad de las PYMES a las cuales el Gobierno ahoga con la apertura de las importaciones y con el aumento indiscriminado de los servicios públicos, terminará favoreciendo en forma directa o indirecta a las multinacionales. O bien impulsa a los investigadores a crear su “propia empresa” fomentado la salida individual: el emprendedor exitoso. El “impacto social de la ciencia” en toda su amplitud se transforma en algo mucho más limitado el “impacto económico de la ciencia en las empresas”. Un objetivo que está en un todo de acuerdo con este gobierno de gerentes que gestiona en beneficio de las empresas.

* Investigador superior del Conicet.

Por Martín Burgos *

Desarrollo, tecnología y Estado

El conflicto alrededor del presupuesto asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y más particularmente a Conicet para 2017 es una muestra de las políticas de ajuste que están llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Pero es una muestra particular, dado que el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología en un sistema productivo y social es esencial a la hora de evaluar las futuras capacidades de generar riqueza y bienestar. En ese sentido, al tratarse de un bien público, la propia teoría neoclásica reconoce que el conocimiento no logra ser eficientemente provisto por los mecanismos del mercado por lo cual la presencia del Estado es central para la conformación de un sistema científico nacional.

La noción de desarrollo, puesta en juego frente a la restricción externa, implica necesariamente que sea la industria que aporte las divisas necesarias para seguir un proceso de crecimiento y distribución del ingreso, dado el límite de los recursos naturales disponibles a un precio internacional dado. Esa generación de divisas se puede dar por dos vías: sustituyendo importaciones o exportando bienes industriales.

La exportación de bienes industriales requiere de cierta precisión, dado que se volvió moneda corriente en varios países asiáticos y de América Central (las famosas “maquilas”). Es esta exportación una solución para el desarrollo? Seguramente no: esta “industrialización pobre” solo utiliza su ventaja relativa para exportar: su mano de obra barata, y de quedar en esta situación difícilmente se logre un desarrollo. La exportación industrial con tecnología nacional es lo que se puede percibir como un índice de desarrollo económico potencial. De ahí que existen varios indicadores orientados a la cantidad de patentes por país o de investigador por país que se consideran de importancia para la generación y articulación de un sistema tecnológico nacional con el aparato productivo.

Pero además de “proveer” de ciencia y de tecnología al sector privado, el Estado también es importante como demandante de la misma. En su libro “El estado emprendedor”, la investigadora Mariana Mazzucato se dedicó a mostrar que el papel del Estado como comprador es esencial en todas las tecnologías que más utilizamos, desde internet a las computadoras, los aviones y los trenes. A esto le debemos agregar que estos bienes fueron fundamentales para el propio desarrollo de los países que los generaron: los trenes en Francia o las computadoras en Estados Unidos, por ejemplo, en los cuales las necesidades de la administración central, de sus fuerzas armadas o de empresas públicas fueron determinantes.

Ahí llegamos a un punto esencial de desarrollo tecnológico, para el cual tener buenos resultados en términos científicos no garantizan el éxito en términos comerciales, y por lo tanto el riesgo de la inversión es muy elevado. En Francia, los fracasos del plan Calcul (computadora), del Minitel (internet) e incluso del propio avión Concorde son ejemplos de lo expuesto, y estas inversiones difícilmente podrían haber sido realizadas por el sector privado. No obstante, estos proyectos de inversión públicos pudieron enmarcar los proyectos científicos y empresariales del país en los sectores de informática y la industria aeronáutica, donde hoy Francia es uno de los líderes mundiales.

Sin ir más lejos, en Argentina la principal empresa industrial exportadora es Techint, que empezó vendiéndole sus tubos de acero sin costura a la empresa estatal YPF durante los años 50 antes de exportarlos al mundo hoy por hoy, en un proceso muy similar a lo que describimos para otros países. No obstante, son numerosos los proyectos tecnológicos que, luego de ser impulsados por el Estado, sufrieron la apertura a inversiones de empresas de primera línea a nivel mundial (la industria automotriz en los años 50) o directamente cancelados (proyectos de misil Cóndor en los noventa), en una línea que pareciera seguir el actual gobierno al autorizar la competencia del ARSAT.

A modo de conclusión, de todo lo enunciado pareciera desprenderse que la “burguesía nacional” no es el actor que guía el desarrollo económico, sino más bien que ese proceso se conduce desde el Estado. En esa línea, podríamos decir que el Estado no es más que el “estado del desarrollo”, es decir, de las luchas que se ganan y se pierden en distintas instancias claves para el desarrollo: la pelea electoral-partidaria, la defensa de las pymes y de los trabajadores o el presupuesto para ciencia y tecnología.

* Coordinador del Departamento de Economía Política del CCC.