La comisión bicameral que debe elegir al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes suspendió la sesión de ayer. El motivo de la suspensión es por lo menos desconcertante. Según lo que trascendió a la tarde, una “comisión federal de abogados pro vida” (textual de los legisladores) solicitó que se tengan por formuladas las impugnaciones sobre los candidatos. Los legisladores consideraron que esa presentación podría deslegitimar la transparencia del proceso y apelaron a la responsabilidad institucional que les cabe como legisladores. “Entendemos en razón de lo solicitado que es menester realizar un análisis pormenorizado de la impugnación presentada dado que recae directamente sobre todos/as los/las candidatos/as finalistas del concurso. Esta decisión se toma en pos de garantizar la máxima legitimidad y legalidad del procedimiento que lleva a la designación del/la Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, concluye el texto que se difundió. Que estén vencidos los plazos concedidos para las impugnaciones (diez días a partir de la publicación de los candidatos admitidos) no parece afectar la responsabilidad institucional de los legisladores, que siguen sin cumplir su misión principal: designar al defensor del Niño, cargo que lleva más de trece años sin titular. La bicameral tiene un presupuesto de 6.771.786 pesos.

La sesión que debió desarrollarse ayer es producto de la postergación de la que debió llevarse a cabo el 15 de noviembre. Según lo que ordena el reglamento, la bicameral tenía tiempo hasta el 13 de noviembre pasado para evaluar a los postulantes y seleccionar, con el voto de dos tercios de sus miembros, el/la candidato/a propuesto/a para el cargo en función del puntaje obtenido a lo largo del proceso de selección. Luego, la nominación de la persona propuesta por la bicameral para ocupar el cargo de Defensor o Defensora del Niño debía elevarse al plenario de cada cámara para su tratamiento expreso, ya que la designación debe aprobarse por mayoría simple del pleno de cada cámara.

El cargo de Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación fue creado el 28 de septiembre de 2005 por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dispuso un plazo de 90 días para su nombramiento. Sin embargo, el cargo permaneció vacante desde su creación. La Convención de los Derechos del Niño, a la que la Argentina adhirió en 1989 y que tiene rango constitucional, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, como el derecho a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen sus opiniones.

Infancia en Deuda, un conglomerado de ONG dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, emitió un comunicado en el que “lamenta una nueva e inadmisible postergación en la designación del Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes por parte del Congreso nacional, luego de 13 años de deuda con la infancia, reclama nombrar con urgencia a la figura que debe garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de toda la Argentina, y advierte que realizará las acciones judiciales necesarias para que la bicameral cumpla con la ley 26.061 y con la sentencia judicial que obligó al Congreso a iniciar el proceso de selección y designación en 2017”. Y expresó que esta postergación “vuelve imposible que el nombramiento llegue a debatirse y votarse en las últimas sesiones ordinarias de Diputados y Senadores que quedan por delante”.