Cambiemos fracasó en su intento de meter presa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el desafuero de la senadora por Buenos Aires, que no pudo concretarse por falta de quórum. Sólo lograron juntar 26 senadores de los 37 necesarios para habilitar la sesión. Salvo el peronista-macrista Carlos Reutemann y la neuquina Lucila Crexell, no hubo presencia de senadores de la oposición y de las distintas expresiones del PJ. En minoría, Federico Pinedo aseguró que “no hay ninguna persecución política sino una investigación judicial” y que desde su bancada sólo buscaron darle cumplimiento a los plazos que establece la ley de fueros, que fija 180 días para su tratamiento desde el envío del requerimiento al Congreso. “Nunca se tendría que haber realizado”, retrucó una vez frustrada la sesión el titular del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, en base a una nota enviada ayer mismo por Tribunal Oral Federal 8, en la que sostiene que “todas las personas imputadas en la presenta causa que se encuentran en libertad están a derecho, y dando cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones procesales”. Según Pichetto, ese texto echa por tierra el pedido de desafuero de la ex mandataria realizado por el juez de instrucción, Claudio Bonadio.

Pasadas las 16.30, media hora después del tiempo fijado para iniciar la sesión, Cambiemos aceptó que no podría avanzar contra la senadora. Ni siquiera logró asistencia perfecta de los 25 miembros de su interbloque: faltó el correntino Pedro Braillard Poccard, por problemas con su vuelo. Tampoco logró apoyo por fuera. Sólo estuvieron el ex gobernador Reutemann y la neuquina Lucila Crexell, del MPN. Entre las ausencias, las más notorias fueron las de todo el bloque que lidera Pichetto y, obviamente, la del Frente para la Victoria-PJ. Tampoco estuvieron otros opositores como Fernando “Pino” Solanas, Adolfo Rodríguez Saá o bloques provinciales de Misiones y Santiago del Estero, entre otros. Cada tanto, una de las asesoras más lindas del Senado se asomaba con su vestido rojo por la puerta del recinto para observar quiénes estaban adentro.

A cargo de la presidencia por ausencia de Gabriela Michetti, Pinedo le pidió al radical Juan Carlos Marino que lo reemplazara en su sitio para poder hacer uso de la palabra ya que el titular de la Cámara no puede opinar durante las sesiones. El legislador del PRO anunció su propósito de enviar “dos mensajes claros a la población”. El primero, que “no hay un espíritu corporativo para proteger” a ningún integrante del Congreso. El segundo, que “no hay ninguna persecución política” contra la ex presidenta, como viene denunciando el kirchnerismo. Para sostener esa afirmación, pese a ser la única fuerza que impulsa el desafuero, Pinedo relató que su bloque fue “especialmente cuidadoso” y que, a pedido del senador oficialista Ernesto Martínez, se solicitó al TOF 8 un informe de la causa judicial y de la situación procesal de los imputados. Martínez la elevó al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, y luego éste la remitió a la presidencia de la Cámara. 

Finalmente la respuesta les jugó en contra. La jueza María Gabriela López Iñiguez remitió al Senado al mediodía de ayer cuatro cosas: el requerimiento fiscal de elevación a juicio; el decreto de citación a juicio; los ofrecimientos de prueba de las partes y por último las cuatro resoluciones adoptadas por el Tribunal sobre los pedidos de excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. “Cumplo en poner en vuestro conocimiento que todas las personas imputadas en la presente causa que se encuentran en libertad están a derecho, y dando cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones procesales”, sostiene la nota de López Iñiguez. En el caso particular de Esteche, aclara que “se encuentra privado de la liberta en virtud de una medida cautelar de carácter personal” y que el Tribunal lo mantuvo detenido porque había riesgo de fuga o peligro de entorpecer la investigación, tal como establece la ley.

“Ésto determina que tenían que haber levantado la sesión. No fue una reunión de desafuero”, sentenció Pichetto con su vehemencia característica. La interpretación es clara: El TOF no ratificó el pedido de desafuero sino que remarcó que “todas las personas que se encuentran en libertad” –es decir, aquellos que estuvieron detenidos y luego fueron liberados así como CFK, que nunca estuvo presa– “se encuentran a derecho”. La intervención del TOF se debe a que Bonadio elevó la causa en marzo de este año, por lo que dejó de intervenir en el expediente. El magistrado había dictado la prisión preventiva y remitido el pedido de desafuero el 7 de diciembre del año pasado. Como se encontraba ya fuera del período de sesiones ordinarias del Congreso y, además, a tres días del recambio parlamentario producto de las elecciones, el Senado recién comenzó a computar los plazos legales a partir del 1 de marzo. 

Desde el oficialismo adelantaron que remitirán la actuación del cuerpo a la Justicia y, dejaron entrever el objetivo político de la sesión: asociar al peronismo con la impunidad. “Ha quedado demostrado, una vez más, que cuando se trata de defensas corporativas, como sucedió con el Consejo de la Magistratura y en esta sesión, las diferencias pasan a un segundo plano y hay un solo peronismo”, disparó el radical Luis Naidenoff, jefe del interbloque oficialista.