El 22 de noviembre de 1949 el presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto N° 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios, a partir del cual las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas. Desde entonces, la educación superior se constituyó como un derecho universal y dejó de ser un privilegio para pocos, convirtiéndose así en modelo y referente en toda la región.  

El Decreto, que cambió radicalmente el camino del sistema universitario argentino, establecía que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen”. Al mismo tiempo, declaraba que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.

De modo que la medida impulsada por Perón fomentó la incorporación de sectores hasta entonces alejados del capital cultural y, como consecuencia, provocó un indudable ascenso social y un significativo aumento de la matrícula universitaria. 

No cabe duda de la importancia fundamental del Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios en la construcción de un sistema educativo democrático. Sin embargo, este hecho clave en la historia de las universidades argentinas pasó inadvertido hasta que, en 2007, se declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad Universitaria”. 

Hasta entonces, sólo solía recordarse a la Reforma Universitaria de 1918 como hito fundamental que cambió la historia de la educación superior en nuestro país, y a menudo fue olvidado el vínculo entre estos reclamos reformistas y el Decreto de gratuidad de 1949. Si la Reforma Universitaria inició el camino hacia la democratización de la enseñanza, la medida de Perón terminó de concretar el viejo anhelo reformista. 

Los protagonistas de la gesta cordobesa de principios de siglo XX discutieron, reclamaron y bregaron por una idea amplia de universidad que incluía transformaciones orientadas a dejar atrás el espíritu elitista que caracterizaba a la educación superior y, a su vez, sentar las bases que se difundirían por toda Latinoamérica.

En 1918 se publicó el célebre Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba que establecía los principios y los propósitos de los reformistas. Los jóvenes exigieron su participación en la vida universitaria, el cogobierno, la autonomía, los concursos docentes, la investigación científica, la docencia libre, la periodicidad de la cátedra, la misión social de la universidad y la extensión universitaria.

Sin embargo, pese al espíritu democratizador y de desarrollo de la universidad argentina que se impulsó en Córdoba, la gratuidad de la enseñanza no fue reclamada en aquel entonces como uno de los ejes de la propuesta. Fue necesario esperar a 1949 para que este derecho fuera finalmente implementado a través del Decreto que eliminó el cobro de aranceles en las universidades nacionales.   

Como resultado, junto a la apertura de la Universidad Obrera Nacional en 1953 -antecedente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-, la gratuidad abrió las puertas de la universidad a un nuevo sector de la sociedad históricamente marginado y aislado de ella.  

Ampliar las posibilidades 

Desde el Decreto implementado por Perón, el camino abierto en materia de democratización del acceso a la educación superior se fue profundizando a partir de la creación de universidades públicas que se fueron extendiendo por todo el territorio nacional.

Durante las últimas décadas, nuestro país fue escenario de la apertura de numerosas instituciones de educación superior de gestión estatal. Como consecuencia, hoy cada provincia argentina cuenta con al menos una universidad pública, hecho que amplía aún más las alternativas de estudio para muchos sectores de la sociedad.

Así, la Reforma Universitaria de 1918, el Decreto de gratuidad de 1949 y la creación de nuevas universidades públicas, dieron como resultado la construcción del sistema universitario actual, integrado por 66 instituciones alojadas en todo el país: 57 universidades nacionales, cuatro provinciales, cuatro institutos universitarios nacionales y uno provincial. 

Se trata, sin duda, de un sistema universitario nacional que viene resistiendo cualquier intento de arancelamiento, dado que, tal como proclamaba el Decreto de 1949, “es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria” y “son las universidades especialmente las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud; por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones”. 

Por tal motivo, la inversión en educación, ciencia y tecnología debe ser siempre una prioridad para evitar que las desigualdades sociales se profundicen y las perspectivas de futuro se anulen. En el camino de mantener y profundizar los derechos conquistados en el ámbito de la educación superior, se vuelve necesario recordar, una y otra vez, los propósitos del Decreto de gratuidad universitaria de 1949, como aquel que manifestaba que “el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.Por

 

 

Alberto Barbieri,

rector de la Universidad de Buenos Aires:

“Soy un defensor a ultranza de la gratuidad en la universidad. Provengo de una familia trabajadora, donde fui el primero en graduarme. Es un claro ejemplo de la importancia de la diversidad social en la educación superior y de su carácter inclusivo, que destaca a la UBA en su función de integrar a la sociedad.

Entendemos a la educación como un bien público y un derecho. La gratuidad universitaria está en el ADN del pueblo argentino y es uno de los motivos por los cuales nuestra universidad es un referente tanto en el país como en el exterior.

En la UBA no sólo generamos excelencia académica, sino también conocimiento, donde representamos el 30% de la investigación del país. Estamos involucrados en asistencias a zonas vulnerables, poseemos cinco hospitales universitarios y otros tantos premios Nobel.  Esta es una demostración clara de lo que representa en la transferencia del conocimiento y de los mecanismos de complementación que genera el sistema de universidad autónoma, gratuita, pública, laica y cogobernada. Un modelo que nos enorgullece y que nos indica que vamos por el camino correcto.“

 

 

Por Juan José Castelucci, 

rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego:

“Desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebramos un nuevo aniversario del decreto de gratuidad Universitaria. Hoy más que nunca seguimos defendiendo aquellos derechos conquistados en 1949 por el Presidente General Juan Domingo Perón, quien logró que la educación universitaria deje de ser un privilegio para unos pocos para convertirse en un derecho y un bien social, que posibilita la movilidad social ascendente y la democratización del conocimiento.

Renovamos el compromiso de continuar con la lucha por la defensa de nuestras Universidades públicas para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad para que millones de hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras sigan accediendo a la Educación Superior de calidad, como herramienta de transformación para la emancipación del pueblo, por la soberanía y el desarrollo de nuestra Nación.”

 

 

Por Federico Thea y Mauro Benente, 

rector y director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz:

“El desarancelamiento de los estudios universitarios constituyó uno de los hitos más importantes en la democratización de la educación argentina. O, parafraseando a Ernesto “Che” Guevara, la mayor apertura de las puertas de las universidades que tuvo el pueblo.

La apertura de puertas de las universidades es fundamental para garantizar el derecho humano a la educación superior. O, dicho de otro modo, el derecho humano a la educación superior exige una universidad con puertas abiertas, democratizada, sin aranceles. De todas maneras, el derecho a la educación superior no se agota en la apertura de puertas, sino que requiere de otras medidas para que se vuelva efectivo.

Una política igualitaria de puertas abiertas exige un sistema tributario en el cual los y las que más tienen resignen parte de sus privilegios para garantizar los derechos de todas y todos. Una política igualitaria de puertas abiertas, debe asegurar el desarancelamiento, pero también las condiciones políticas y económicas para que todos y todas puedan traspasar esas puertas abiertas.”