El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel desmintió ayer haber mantenido conversaciones con el Gobierno para analizar el escenario de protestas ante la Cumbre del G-20, tal como se había afirmado desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “Es una noticia que sacó el ministerio, pero a nosotros no nos han consultado en absoluto. No hemos tenido ningún tipo de reunión. Hemos pedido las autorizaciones para las movilizaciones frente al G-20, pero nada más”, sostuvo. Más tarde, en un comunicado conjunto, el Serpaj –del que Pérez Esquivel es titular– y el grupo de movimientos sociales, sindicatos, partidos, organizaciones de derechos humanos y populares que preparan la Marcha #30N contra el encuentro de líderes mundiales, ratificaron su voluntad de establecer un diálogo con las autoridades. “Aun reconociendo que lo hacemos en un contexto de decisiones ya tomadas, estamos dispuestos a reunirnos con el fin de asegurar que el Estado argentino cumpla con su responsabilidad de garantizar efectivamente nuestros derechos, sin provocar ni amedrentar a la población”, manifestaron.
El supuesto “canal de diálogo institucional formal” abierto entre el Gobierno y las organizaciones sociales, que tenían a Pérez Esquivel como intermediario, no era más que un pedido de autorización. Es que, en septiembre, la Confluencia Fuera G20-FMI y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, llamaron a realizar una Semana de Acción, una Cumbre de los Pueblos el 28 y 29 de noviembre y una movilización masiva el 30, en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país y del mundo. Para eso, los organismos iniciaron, hace más de un mes, las gestiones con las autoridades porteñas para utilizar el espacio público de la Plaza de los Dos Congresos. “El Gobierno difundió que yo podía ser el mediador entre los movimientos anti G-20 y el Gobierno pero jamás me hablaron”, dijo Pérez Esquivel, desmintiendo rotundamente el anuncio realizado por la cartera que conduce Bullrich.
En un comunicado dirigido al funcionario de Seguridad Gerardo Milman, el Serpaj, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y las organizaciones que integran la Confluencia Fuera G20-FMI ratificaron su exigencia al Gobierno para que “cese su campaña intimidatoria, incluyendo el despliegue de un operativo tenebroso”.
