La nueva ley que regula a los profesionales de la salud pública fue aprobada el 1° de noviembre en la Legislatura porteña, a pesar del rechazo de la oposición y de diversas entidades del sector sanitario que advirtieron, no solo que se excluía del escalafón profesional a los enfermeros, los trabajadores quirúrgicos, biotecnólogos y radiólogos, quienes mantendrán la categoría administrativa, sino que además la norma implica un retroceso que va a generar una mayor precarización laboral.
El nuevo marco normativo que regula la relación entre los profesionales de la salud y el Estado porteño dispone modificaciones al régimen que regía desde 1986, por medio de la ordenanza 41.455, que quedó derogada.
La ley abarca a “los profesionales de la salud que desarrollen servicios con carácter permanente, de planificación, ejecución, coordinación, fiscalización, investigación y docencia, control y gestión de planes, programas y acciones destinados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población”.
En este sentido, de los 160 artículos que contiene el texto de la ley, el 6° es el que provocó más rechazos entre los trabajadores del sector, ya que es el que define a quiénes el Estado considera profesionales del área. La lista incluye a “médicos, odontólogos, licenciados en obstetricia y obstétricas, bioquímicos, en bioquímica, farmacéuticos, en física médica, en psicología, en psicopedagogía, en musicoterapia, en terapia ocupacional, en fonoaudiología, en kinesiología, fisioterapeutas, en nutrición, en trabajo social , en servicio social, veterinarios, en ciencias antropológicas, antropólogos, en sociología, en biología, antropólogos, en ciencias de la educación, en sistemas de información para la salud, en estadísticas para la salud y en ciencias de la comunicación o comunicación social”. Los licenciados en enfermería y otras carreras como licenciatura en instrumentación quirúrgica o bioimágenes no fueron incorporados al listado.
El médico y presidente de Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, señaló que si bien era necesario modificar una ley que había quedado desactualizada y era bastante conservadora, el gobierno lo hizo de forma unilateral y “no mejoró en ningún aspecto, habiendo una transformación central en las fuerzas laborales del sector de la salud desde el año 86”. Según el sanitarista, no sólo la exclusión de los enfermeros, que conforman más del 60 por ciento de la fuerza laboral del sector, marcan un retroceso, sino que también se plantea un retroceso en la conformación interdisciplinaria de los equipos de salud y una flexibilización de las condiciones laborales de los profesionales de guardia, entre otros aspectos cuestionables.
“No reconocer a los enfermeros es una barbaridad. No solo son profesionales con tareas en un área, como los instrumentadores quirúrgicos o los radiólogos, sino que muchos desarrollan investigaciones. La carrera se dicta hoy en todas las universidades”, remarcó, y agregó que “es no reconocer el enorme aporte que hacen a la vida de la gente, con un trabajo profesional que se fue construyendo a la par del desarrollo académico”. “Un instrumentador quirúrgico es indispensable, y si no tuviera un trabajo profesionalizado te contamina un quirófano”, o “cuando se trasladan pacientes, que muchas veces están de alta, se lo tiene que hacer con médicos al no considerar al enfermero profesional de la salud, y esto genera sobre demanda en un sector y precarización en otro. Un trabajo médico hegemónico, con mucho menos tiempo de contacto con el paciente que el que tienen los enfermeros, que tiene un contacto más humano y personalizado”, ejemplificó.
Para Kreplak, detrás de la exclusión de los enfermeros, un sector que está sobre explotado, ya que trabajan más horas de las que tiene que trabajar porque no tienen una paritaria adecuada, está la idea de “no despertar un monstruo con poder de fuego en la mesa paritaria”. “Si se los reconoce como profesionales, van a tener su asociación y se van a sentar a negociar por separado. Y el gobierno no quiere tener un actor con tanta fuerza, ni el sindicato quiere perder afiliados”.
De acuerdo al médico, la reforma se da en un contexto “donde el sector de la salud de la Ciudad cae año a año. En diez años de gestión macrista, el cierre de camas de hospitales, de cirugías y consultas ambulatorias equivale a haber cerrado cinco hospitales”.
Natalia Castrogiovanni, presidenta de la Asociación de Profesionales de Servicio Social de CABA (Apss), explicó que hay dos convenios que rigen el sector de la salud de la ciudad: “uno el escalafón general y otro la carrera profesional. El oficialismo argumentó que la mitad de los enfermeros son licenciados y la mitad técnicos. Igualaron para abajo, cuando ahora no se puede recibir nadie que no sea licenciado en enfermería”, remarcó.
“Pero la ley también es regresiva en otros aspectos: recorta las licencias de los profesionales de guardia, extiende la jornada laboral, reafirma la elección a dedo de los directores de hospitales y se establecen evaluaciones periódicas con criterios no establecidos”, explicó Castrogiovanni.
El acceso a los cargos de conducción para las jefaturas de Sección, de Unidad, de División y de Departamento, exceptuando los directores de las instituciones, será “por concurso cerrado al sistema público de salud de la Ciudad”. Los cargos de conducción serán por 4 años, tras lo cual deberán ser reconcursados.
“Aparece con mucha fuerza la evaluación de los profesionales, que estaba presente en la ley de empleo público pero no en la ordenanza. Se instala la evaluación pero sin criterios establecidos, pero si se fija que los principios rectores son la eficiencia y la eficacia, una clara lógica empresarial, muy diferente al criterio actual de acreditación de horas de capacitación”.
Otro punto que reaviva la alarma de los trabajadores de la salud, según apuntó Castrogiovanni, es que “se fija el mecanismo por el cual se redistribuye a los profesionales ante el cierra de servicios. Esto está ligado al Complejo Hospitalario Sur, el cinco por uno, que avanza con mucha fuerza”, advirtió.