En el año 2010 la Corte Suprema de Estados Unidos, con la estricta mayoría de sus cinco jueces conservadores contra los cuatro liberales, habilitó a las empresas para realizar aportes económicos en las campañas electorales. La decisión desató el enojo del entonces presidente Barak Obama que calificó tal decisión como “un golpe a la democracia” y una “brutal irrupción del dinero de los grupos de presión en la contienda política”. También declaró que era “una gran victoria de los petroleros, los bancos de Wall Street” y otros “poderosos intereses que maquinan su poder en Washington para acallar las voces de los estadounidenses”. Otro recordado presidente: Theodore Roosevelt había promulgado una ley, en 1907, que prohibida expresamente los aportes empresarios ya que, en su opinión, corroían a la democracia.

De este lado del continente americano el macrismo viene fogoneando en el Congreso un proyecto de ley para lograr lo mismo que tanto enojó a Obama. Hasta ahora la ley argentina permite solo al Estado y a los ciudadanos realizar contribuciones a los candidatos y excluye a las compañías. El proyecto de Cambiemos aporta también una modificación positiva que es la bancarización obligatoria de los aportes; fiel a su estilo, introduce un avance para mejorar los controles pero, en el mismo paquete, esconde una “sorpresa” envenenada.

Esta iniciativa tiene lugar justo cuando en la Justicia se está investigando la causa de los “aportes truchos” a las campañas del macrismo de 2015 y 2017. Son muchos los testimonios que hablan de un fraude. Un periodista de La Nación reveló en un libro reciente, y lo ratificó ante el juez, que el hoy Presidente le pidió aportes económicos “en negro” a sus amigos empresarios. También reveló la existencia de bolsos con “dinero M” recorriendo todo el país, aunque estos no tuvieron el mismo impacto mediático que sus similares K. 

Otros testigos, entre ellos candidatos de Cambiemos, declararon que hubo “dinero en efectivo en sobres de papel madera” entregados sin recibo para gastos de campaña. (Sospechosamente así estaban guardados en la casa de la Vicepresidenta cuando se denunció el robo en una causa que fue cerrada a máxima velocidad por un juez servicial). También figuran beneficiarios de planes sociales como contribuyentes a la campaña de Cambiemos entre tantas otras irregularidades que están saliendo a la luz ante el silencio de la prensa adicta.

Según periodistas cercanos al gobierno esta iniciativa del macrismo surge ahora porque está teniendo problemas para recaudar fondos entre sus poderosos contribuyentes. El miedo no es zonzo; con una investigación en marcha por los sospechosos aportes a las últimas campañas todos se curan en salud. Tanta sería la preocupación que este proyecto podría ser el único que interrumpa la siesta veraniega del Congreso con una convocatoria a sesiones extraordinarias. Y en el recinto, el peronismo del sí fácil estaría bien dispuesto a darle una mano.

Ningún beneficio puede esperarse de un cambio legislativo semejante. Al contrario, si se legaliza aquí, como en EE.UU., la posibilidad de que las grandes compañías inyecten (legalmente) dinero a las campañas electorales se estará consolidando un sistema mucho más desigual, con partidos cercanos al poder económico desbordantes de recursos para sus despliegues publicitarios y los otros que deberán conformarse con migajas. Hay propuestas para que el Estado sea el único que financie las campañas electorales a fin de asegurar criterios de equidad, racionalidad y sistemas de control auditados por todo el arco político: oficialismo y oposición. El mayor costo de esta alternativa se ganaría en tranquilidad ciudadana. Además de aplicar un saludable freno a los desmesurados gastos que insumen las campañas.