La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DP) es un organismo creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) cuya misión es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. La decisión del Gobierno de la alianza Cambiemos y del presidente Mauricio Macri que, por decreto, redujo la ley de la democracia a su mínima expresión, preservó sin embargo a la Defensoría, organismo al que desde el ámbito nacional e internacional se le reconoce el importante aporte realizado a lo largo de cuatro años.

En este proceso ha sido fundamental la figura de la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, cuya labor fue destacada por actores nacionales, organismos internacionales y por sus pares de otros países. Sin embargo, vencido el periodo de Ottaviano el pasado 14 de noviembre, la Comisión Bicameral del Congreso optó por no designar a un reemplazante ni tampoco renovar el mandato de la defensora saliente.

Frente a la acefalía, desde la misma Defensoría se elevó a la Comisión una propuesta finalmente aceptada para designar como subrogante a la abogada María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría, quien hoy cumple funciones como máxima autoridad del organismo con firma delegada.

La decisión de los legisladores, si bien supone una salida transitoria que permite el funcionamiento de la DP, implica también cierta fragilidad institucional respecto del organismo encargado de la articulación entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.

PáginaI12 se entrevistó con María José Guembe y con el comunicador Ernesto Lamas, director de Capacitación y Promoción de la DP, responsable del despliegue territorial del organismo y a cargo de buena parte de las líneas de acción.

–¿Cuál es la situación actual de la Defensoría?

María José Guembe: –La Comisión Bicameral de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización adoptó la decisión de autorizar a una persona transitoriamente para ejercer la titularidad del organismo. Esa autorización recayó en mí, que soy la directora de Protección de Derechos de la Defensoría. No implica una designación como Defensora con todas las facultades, sino solo para realizar actos conservatorios para el funcionamiento de la institución y la preservación de sus recursos.

–Pero, ¿estamos frente a una limitación en cuanto al funcionamiento de la Defensoría?

M. J. G.: –Sí. Esta situación de acefalía limita el funcionamiento del organismo. No obstante seguimos recibiendo y canalizando reclamos y continúan las líneas de trabajo, que fueron informadas oportunamente a la Comisión Bicameral y que cuentan con reconocimiento internacional por parte de las instancias de protección de derechos humanos y libertad de expresión. Es fundamental que el Poder Legislativo cumpla con la normativa vigente y lleve adelante el proceso de designación de un defensor o una defensora una vez iniciado el nuevo período legislativo.

–¿Cómo es el proceso de elección de la o el Defensor del Público?

Ernesto Lamas: –La Comisión Bicameral debe proponer una candidatura a ambas cámaras. Ese proceso puede llevar alrededor de un mes mientras se hace la presentación y se publican los antecedentes de la persona propuesta. Hay también un período para recibir adhesiones o impugnaciones. Luego se vota en el Congreso. En este momento la única candidata es Cynthia Ottaviano, que recibió el apoyo de los ocho legisladores pertenecientes al FpV y PJ. En la última reunión de la Comisión Bicameral, quien la presidía, el diputado radical Miguel Ángel Bazze, se comprometió a generar condiciones para que en cuanto se constituya la comisión este año, se convoque a la elección. Los miembros de la comisión seguirán siendo los mismos que en este momento (8 FpV-PJ, 3 UCR, 3 PRO, 1 FR y 1 PJ). La presidencia debería recaer en un senador o senadora.

–En síntesis ¿qué balance pueden hacer de los cuatro años de gestión en la Defensoría?

M. J. G: –En estos cuatro años, desde la Defensoría logramos amplificar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y promovimos una perspectiva de diálogo y reflexión conjunta con todos los actores, de todos los ámbitos, como herramienta central para defender los derechos de las audiencias. Esa fue la impronta que le otorgó Ottaviano y que fue reconocida ampliamente como el camino más acertado para lograr cambios en las prácticas de la comunicación que vulneran derechos. En cuatro años recibimos y tramitamos más de once mil presentaciones; se hicieron veinte audiencias públicas con miles de participantes; se dictaron centenares de capacitaciones en todo el país; se fortalecieron los proyectos de comunicación audiovisual de medios comunitarios, campesinos y de pueblos originarios. Impulsadas por Gerardo Halpern, director de Investigación, se desarrollaron investigaciones en comunicación que no tenían antecedentes en el país y se impulsaron proyectos a través de convenios con el Conicet y distintas universidades en todo el país; se adoptaron recomendaciones, tal como establece la ley, para que las políticas públicas y las prácticas mediáticas respeten todos los derechos; y se acercó la herramienta de la Defensoría móvil a toda la población. Por todo esto, se logró un reconocimiento nacional e internacional que es muy relevante para un organismo del Estado.

–Dentro de todo ese panorama ¿qué ha sido lo más importante para ustedes?

M. J. G.: –Es muy importante haber construido una agenda y herramientas de trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales de los sectores históricamente vulnerados en el país, como personas LGTBI, las mujeres, las personas mayores, migrantes, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros. Todos los balances anuales de la tarea realizada se presentaron a la Comisión Bicameral y a la sociedad en su conjunto, y no recibieron objeciones por parte de ninguna fuerza política representada en el Congreso, sino más bien reconocimiento por la tarea realizada.

–¿Cuáles son los principales actores con los que se trabajó?

E. L.: –En estos cuatro años la Defensoría del Público trabajó con todos los sectores del campo de la comunicación audiovisual. Al ser un organismo nuevo y tener entre sus tareas la difusión de la ley de comunicación audiovisual, la normativa y los valores allí planteados, una buena parte de las acciones fueron de carácter pedagógico. Trabajamos con medios comerciales, públicos y sin fines de lucro. Logramos interesantes espacios de reflexión con productores y directivos de medios privados que en general han tenido buena predisposición para recibirnos y cumplir con las recomendaciones. Desde la creación de la Defensoría se adoptó la decisión de trabajar especialmente con los sectores que durante años lucharon por una ley de servicios de comunicación de la democracia, muchos de los cuales estaban imposibilitados de ejercer el derecho humano a la comunicación con la ley de radiodifusión de la dictadura. La mayoría de esos sectores fundaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó los 21 puntos por el derecho humano a la comunicación, que fue la base sobre la que se redactó el proyecto de ley luego aprobado en el Congreso. Más allá de la posibilidad de presentación de reclamos por parte de toda la ciudadanía, la interacción con sindicatos, unidades educativas de todos los niveles, medios comunitarios y de pueblos originarios, organizaciones que desde su práctica cotidiana reclamaban un lugar en los medios audiovisuales (como por ejemplo las asociaciones de personas sordas de todo el país, que reclamaban por la accesibilidad planteada en la ley) fue prioritaria y permitió a la Defensoría llegar a todos los sectores y a todas las provincias del país.

–Desde el Gobierno se habla de una nueva ley de la convergencia. ¿Es posible una Defensoría del Público en una futura ley convergente? ¿Cómo sería? ¿Hay algunas ideas?

E. L.: –El 21 de septiembre pasado, la Defensoría participó en una reunión convocada por la Comisión Redactora para una nueva ley que se supone unificará las leyes de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital. Allí el organismo planteó a la Comisión que la normativa que se dicte no puede dar marcha atrás en relación con los derechos que reconoció la LSCA 26.522, debido, precisamente, a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la imposibilidad de regresividad en esa materia. Además, la Defensoría alcanzó propuestas concretas para la posible nueva ley, la mayoría de ellas recabadas en las tres audiencias públicas y los foros de debate que se organizaron durante 2016 en todo el país.

–¿Cuál es el sentido general de las propuestas de la Defensoría?  

E. L.: –Están orientadas a profundizar los derechos en un escenario de convergencia que es un fenómeno cultural, además de tecnológico y económico. Consolidar el derecho de todas las personas a la comunicación y a los contenidos; garantizar el derecho al pluralismo y la diversidad con protección de la producción nacional y la necesidad de restitución de medidas antimonopólicas, limitación de mercado y de propiedad cruzada de medios. También hicimos propuestas sobre la protección de niños y niñas en el acceso a los contenidos en todos los formatos y pantallas. En relación con la propia Defensoría, se propuso ampliar las competencias del organismo a las nuevas realidades que se regulen, para consolidar la ciudadanía comunicacional y no retroceder a una lógica de consumo.

–¿Cómo es el equipo que tiene hoy la Defensoría del Público?

M. J. G.: –La Defensoría fue creada para defender los derechos de las audiencias y la base inicial fue convocada por la primera defensora con un criterio plural, profesional y de reconocida trayectoria en el campo de la comunicación y los derechos humanos. Las siete direcciones en las que está estructurado el organismo cuentan con personal altamente calificado con formación académica y experiencia en el campo de la comunicación y el derecho. Entre quienes trabajan en el organismo hay especialistas en derechos humanos, en ciencias de la comunicación, en investigación social; en capacitación, en periodismo y en administración, muchos de los cuales poseen una larga experiencia en la función pública. Es un equipo multidisciplinario que se reparte en las direcciones de Protección de Derechos, Capacitación y Promoción, Análisis e Investigación, Relaciones con las audiencias, Comunicación, Administración y Legal y técnica.

–¿Cuáles son los próximos pasos que dará el equipo de la Defensoría?

E. L.: –La autorización con la que contamos nos permite un funcionamiento parcial. Hasta que sea elegida la defensora o defensor quienes estamos a cargo de las direcciones y el equipo de trabajadores vamos a garantizar el funcionamiento. Seguimos recibiendo y canalizando reclamos de las audiencias de radio y televisión. Tenemos pensado realizar durante el primer trimestre de 2017 talleres en medios, charlas de promoción de derechos en universidades y otros ámbitos educativos. La Defensoría Móvil está durante este verano en la colonia de vacaciones del municipio de Ituzaingó y en la Universidad de José C. Paz, desarrollando acciones de capacitación con estudiantes y docentes. La LSCA fue reformada por decreto, pero sigue vigente buena parte de su articulado donde está planteado el derecho humano a la comunicación y, en esa dirección, la Defensoría tiene una importante tarea para seguir realizando.