Con represión y una Legislatura militarizada, la mayoría automática del oficialismo aprobó la creación de la universidad para la formación docente en la ciudad (UniCABA), la iniciativa que motorizó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que pone en peligro los 29 profesorados docentes. Los legisladores sesionaron con el palacio legislativo totalmente vallado y un megaoperativo policial que generó un clima hostil en el que hubo forcejeos entre los manifestantes que rechazaban la ley y los uniformados que respondieron con palos y gases lacrimógenos.
A pesar del fuerte rechazo que levantó el proyecto en la comunidad educativa, el resultado de la sesión era de final cantado. Cinco horas después de iniciada la sesión, que comenzó a las once de la mañana, y en medio de un clima de tensión, el oficialismo aprobó la ley con 34 votos propios y 26 en contra de todo el arco opositor.
Durante la mañana, cientos de estudiantes, docentes y rectores de los institutos terciarios se concentraron sobre la avenida Diagonal Sur y otros puntos en las inmediaciones desde donde marcharon hacia la sede legislativa que estaba vallada y custodiada por decenas de policías, un camión hidrante y patrulleros. Conscientes del rechazo de la propuesta, los legisladores del bloque oficialista ingresaron a la Legislatura a las 4 de la madrugada.
“La Policía de la Ciudad quiso revisarme la cartera y la mochila de mis asesores para ingresar a la Legislatura”, denunció la legisladora Victoria Montenegro (UC), quien dijo que es “una vergüenza. Larreta avisa si seguimos en Estado de Derecho” y detalló que “hay seis micros llenos de infantería, dos cuadras vallado a la redonda y todos los accesos a la Legislatura cerrados”.
En ese clima, y mientras afuera se producían algunos incidentes bajo la lluvia (ver aparte), con los rectores de los 29 profesorados, en un recinto sin público, comenzó el debate del proyecto que se proponía reformar todo el sistema de formación docente, integrado por 29 profesorados estatales y 44 privados, que se presentó inicialmente el 22 de noviembre de 2017 y que fue reformulado este año bajo el nombre de Ley de la formación docente del sistema educativo y creación de la Universidad de la Ciudad.
Uno de los cambios introducidos, y en el que hizo hincapié el oficialismo, fue descartar la disolución inmediata de los institutos de formación. La versión aprobada permitirá la coexistencia de los profesorados con la UniCABA. Sin embargo, esta modificación, como lo señalaron en el recinto legisladores de la oposición, significará una muerte lenta de los profesorados.
La ley establece que será el Ministerio de Educación e Innovación porteño el encargado “la articulación entre la UniCABA y los IFD, a los fines de cumplir con los criterios de calidad”, y la organización entre los distintos institutos de formación se llevar a cabo a través de “ciclos de complementación curricular” para que los egresados de los IFD puedan alcanzar el grado universitario con “contenidos vinculados a las políticas públicas jurisdiccionales”.
La cartera educativa “arbitrará los medios para diseñar e implementar una política de evaluación del sistema de formación”, para lo que se aplicará una evaluación externa a los institutos conforme a criterios y modalidad “que se defina oportunamente”. También tendrá a su cargo la planificación de la “oferta de carreras, la formación docente continua y el desarrollo profesional, el diseño de planes de estudio y el desarrollo de planes de investigación y de extensión” del sistema de formación docente.
Por otra parte, el Ejecutivo porteño será quien designe al rector de la UniCABA, quien se encargará de “llevar adelante la etapa de organización y el proceso de formulación del Proyecto Institucional y del Proyecto de Estatuto” y de aprobar un “estatuto provisorio”.
Para el financiamiento de la universidad, se faculta al Poder Ejecutivo para que “hasta tanto se dote a la UniCABA de presupuesto propio” pueda “realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, a fin de garantizar los recursos indispensables para atender las erogaciones correspondientes”. Además, se autoriza el endeudamiento de la ciudad para financiar el proyecto.
“Es muy raro que estemos discutiendo una reforma rodeados de tanquetas, hidrantes, carros de asalto y diputados agredidos. Es un contrasentido, y sucede porque el proyecto ha logrado unanimidad en el rechazo”, dijo en el recinto el legislador Leandro Santoro (UC). “Es un proyecto que apunta a destruir la autonomía del régimen de formación docente. Hay un nuevo paradigma neoliberal cultural que entiende a la educación como mercancía, y están tratando de construir un modelo que se asienta en la idea de que el alumno tiene que ser un emprendedor individualista... Proponen la muerte por goteo. No hay coexistencia, hay competencia”, remarcó.
En ese sentido, Maria Rosa Muiños (BP), sostuvo que “yo me he reunido con la ministra (Acuña), que siempre afirmó que esta ley no era para que los profesorados dejaran de existir, en privado, en público y en la televisión y lo pueden buscar. Dijo que finalmente, más tarde o más temprano, el producto de todo esto iba a ser la muerte de los profesorados. No es una fantasía. Lo dijo por Crónica TV”.
El socialista Roy Cortina criticó “la falta de intelectuales que sostengan la ley” y se señaló “el silencio de los diputados del oficialismo, que son muy capaces de argumentar, pero nadie quiso hablar”.
En la calle, mientras continuaba la manifestación de protesta, el secretario general de Ademys, Jorge Adaro, advirtió que “el gobierno no puede creer que por aprobar la ley se acaba el conflicto. Se va a profundizar porque va a haber resistencia”.