Desde Lima

Tensa espera. El destino que tendrá el ex presidente Alan García, refugiado desde la noche del último sábado en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para eludir una investigación judicial por corrupción, ha monopolizado la agenda política. Toda la expectativa está puesta en si el gobierno de Tabaré Vázquez le otorga o no asilo a García, contra quien un juez dictó orden de impedimento de salida del país el sábado –horas después pidió asilo– en el marco de una investigación fiscal por el pago de sobornos por 24 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la construcción del Metro de Lima, caso por el cual están detenidos un viceministro y otros funcionarios de su gobierno. Documentos que se han hecho públicos en los últimos días revelan un pago de 100 mil dólares a García desde la oficina de Odebrecht encargada de pagar sobornos.  

García –dos veces presidente (1985-1990 y 2006-2011) y con un largo historial de corrupción y evasión a la Justicia recurriendo al asilo diplomático, y que en las elecciones de 2016 apenas obtuvo el 6 por ciento– alega ser víctima de una persecución política. Una aplastante mayoría de juristas, analistas y políticos coinciden en que no existe persecución política, que hay garantías para un debido proceso judicial y que, por lo tanto, no se justifica darle asilo al ex presidente.   

Se considera que si Uruguay le concede el asilo al ex presidente, significaría un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un peligroso precedente para que otros políticos eludan la Justicia, en momentos que se investiga judicialmente a cuatro ex presidentes y otros políticos de alto vuelo por actos de corrupción ligados a Odebrecht.  

En una nota diplomática entregada al gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno peruano señala que en el país no existe persecución política, que hay un gobierno democrático que respeta la división de poderes y que las instancias judiciales respetan el debido proceso, recuerda que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece que el asilo no procede en los casos de que el solicitante es procesado por delitos comunes y que ese es el caso de García, y señala que se deben respetar convenios internacionales firmados por ambos países que comprometen a los Estados a luchar contra la corrupción y cooperar entre ellos en esa tarea. El mensaje es claro.     

“En el Perú no hay persecución política. Aquí hay un pleno estado de derecho. Todos deben allanarse a la Justicia”, son frases repetidas en estos días por el presidente Martín Vizcarra en cada presentación pública que tiene. Frases dirigidas a las audiencias internas que lo escuchan, pero también al gobierno uruguayo. El presidente peruano ha señalado que en diálogo telefónico con su par uruguayo le recordó los compromisos internacionales para respaldar la lucha contra la corrupción que Uruguay ha firmado y que espera que éstos sean cumplidos.  

“Aquí no hay ningún tipo de persecución política, se está tratando de evitar una oportuna actuación de los órganos jurisdiccionales”, ha dicho el ministro de Justicia, Vicente Zeballos. En ese mismo sentido, de desmentir la persecución política que alega García y calificar su pedido de asilo como un intento de escapar de investigaciones judiciales por corrupción, se han expresado la mayor parte de analistas, juristas y prácticamente todos los sectores políticos, desde la izquierda hasta la derecha, con la evidente excepción del Partido Aprista de Alan García, apoyado solamente por voceros del fujimorismo, que tienen a su jefa, Keiko Fujimori, bajo detención preventiva por cargos de corrupción relacionados con Odebrecht y también buscan desacreditar la investigación judicial a su jefa repitiendo lo de persecución política y falta de garantías judiciales. Tres congresistas del izquierdista Frente Amplio han viajado a Montevideo para reunirse con políticos de ese país para explicarles la situación legal de García y las razones por las cuales no se justifica otorgarle asilo. 

El ex presidente Ollanta Humala, procesado por lavado de activos por el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral y que estuvo nueve meses en prisión preventiva –contra García no se ha ordenado detención preventiva sino impedimento de salida del país– y debe enfrentar un proceso penal por este caso, le ha enviado una carta al presidente Tabaré Vázquez señalándole que en el Perú no existe persecución política que justifique un asilo. 

Por la trama de corrupción de Odebrecht, además de García, Humala y Keiko, también son investigados judicialmente los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski, que en marzo pasado debió renunciar a la presidencia por este caso y tiene impedimento de salida del país, y Alejandro Toledo, que como García alega persecución política y está refugiado en Estados Unidos sometido a un proceso de extradición, y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con impedimento de viajar fuera del país. La diversidad de actores políticos comprometidos por las investigaciones fiscales descarta los argumentos de García de que se trata de una acción judicial dirigida en su contra por razones políticas. 

Si Montevideo decide darle asilo al ex presidente García las buenas relaciones diplomáticas entre Perú y Uruguay se podrían complicar.