“El techo del pabellón está roto, se tapan las duchas, faltan sillas y mesas, no tenemos canillas sanas y las personas que ingresan no tienen ni frazadas.” El relato de un detenido del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza es una muestra de las condiciones de encierro del sistema carcelario federal, que provocó 164 medidas de fuerza por parte de los presos solo en el primer trimestre de 2018, de acuerdo un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). La suma de medidas individuales y colectivas realizadas en el primer semestre del año es la más alta desde 2014.
El relevamiento surge del Protocolo de actuación ante medidas de fuerza en lugares de encierro, que se aplica desde 2014, e impulsa la intervención de la PPN para encauzar las demandas de los detenidos. La serie histórica muestra sólo en el segundo semestre de 2014 un mayor número de medidas de fuerza (202). En los casos de las medidas de fuerza colectivas, los reclamos más recurrentes fueron “condiciones materiales y edilicias” (53 por ciento), “problemas relacionados con el trabajo” (26 por ciento) y “falta de atención” (22 por ciento).
Estas cifras del PPN se conocen a una semana de la masacre ocurrida en la comisaría 3 de Esteban Echeverría, donde fallecieron 8 personas detenidas en condiciones ilegales. El jueves pasado, un grupo de entre los 26 detenidos que permanecían, más allá del plazo legal, en las celdas de la comisaría del sur del Conurbano iniciaron un incendio para protestar contra las condiciones de hacinamiento que sufrían, encerrados en calabozos con capacidad para solo 10 personas, y con orden de clausura por parte del Poder Judicial y el propio Ejecutivo bonaerense, que desoyó las advertencias.
En las cárceles federales, las protestas de alcance colectivo consiguieron respuestas positivas o parcialmente positivas en 6 de cada 10 de casos, a diferencia de las medidas de fuerza individuales, cuya efectividad fue del 35 por ciento, y en el 46 por ciento de los casos fueron para solicitar “traslados o cambios de alojamiento”. Los problemas con trámites legales, la falta de atención médica o el régimen de sanciones fueron otras de las denuncias particulares.
“El pabellón tiene capacidad para 24 personas pero aloja 53. Hay 4 ´toma corrientes´ para todo el pabellón y están todos cerca de la puerta de ingreso y lejos de las camas. Hay gente enferma que necesita el ventilador cerca de su cama. Hay sólo 4 inodoros para 53 personas y no tienen separación con el SUM”, describió un detenido en Marcos Paz ante la PPN tras una medida de fuerza colectiva.
En el informe, la PPN denuncia que “al menos 13 personas sufrieron represalias” por parte del personal penitenciario tras realizar una medida de fuerza y que en sólo el 53 por ciento de las huelgas de hambre se realizaron controles médicos para hacer un seguimiento de la salud de quienes protestaban. La cifra cobra gran relevancia al observar que la huelga de hambre sólida o seca o la negativa de recibir alimentos significan alrededor de un 60 por ciento de las modalidades de protesta tanto en las medidas individuales como colectivas.
De las medidas de fuerzas relevadas por el PPN, 77 ocurrieron en las penales de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, ubicados en el Área Metropolitana, mientras que los restantes 87 se produjeron en las cárceles federales del resto del país, con Misiones y Chubut entre las unidades penitenciarias con mayores denuncias por parte de los detenidos. En tanto, en el 89 por ciento de los casos, las protestas fueron realizados por hombres, el 8 por ciento por mujeres y el 3 por ciento por personas de la comunidad LGBTI.
