El Colegio Calasanz, de Caballito, obliga a las familias a firmar un reglamento que incluye la oposición al aborto y el consentimiento a una educación sexual basada en el “planteo antropológico y católico” para renovar la matrícula de chicas y chicos para el año próximo. Si bien la ley de Educación Sexual Integral preve que cada institución pueda adaptar “las propuestas” para impartir la ESI a su “ideario institucional”, todas las escuelas, incluso privadas y confesionales, están obligadas a “brindar información científica y precisa” y los contenidos mínimos determinados por el Ministerio de Educación. El pedido del Calasanz para que las familias tomen posición en contra del aborto fue lo que llevó a un grupo de padres a denunciar públicamente el nuevo reglamento.
“Acepto y comparto la posición de defensa del derecho a la vida desde la concepción y garantizo la formación sexual integral desde el planteo antropológico y católico acorde al Ideario y el Proyecto Escolapio de Educación en el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad”, dice el reglamento del ciclo lectivo 2019 del Colegio Calasanz que deben firmar las familias para confirmar la matricula del año que viene. Sin embargo, no todas las familias que mandan allí a sus hijos comparten esa perspectiva, al punto que un grupo de padres planea denunciar el documento ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Para defender el requisito de aceptar y compartir el nuevo reglamento, la escuela se ampara en el artículo 5 de la Ley nacional 26.150, de Educación Sexual Integral. La norma garantiza la obligatoriedad de la educación sexual durante todo el ciclo lectivo, pero permite que cada escuela elabore su propio plan de enseñanza con “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
La ley de Educación Sexual porteña, sin embargo, obliga a todas las instituciones a “brindar información científica, precisa y actualizada” de acuerdo con cada etapa de desarrollo de los niños. Estos contenidos mínimos obligatorios no pueden ser omitidos por el ideario institucional al que apela el colegio.
“La ley obliga a todo el sistema educativo a brindar información científica, diversa y completa y no hacerlo significa privar a los chicos de su derechos a la información y a la educación integral. Las escuelas están obligadas a brindar información sobre anticoncepción, diversidad sexual e identidad de género”, explicó a PáginaI12 María Elena Naddeo, titular del Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo.
Naddeo remarcó que esos contenidos no pueden quedar al arbitrio de la escuela religiosa y advirtió que el Ministerio de Educación porteño debería intervenir para asegurar que se brinden los contenidos mínimos y obligatorios. “Hay una contradicción entre lo que quieren los padres y los derechos de los chicos, que son sujetos de derechos y no objetos de los padres”, agregó la funcionaria, que puso la Defensoría a disposición de los padres que quieran hacer la denuncia.
Fuentes del Ministerio de Educación porteño dijeron a este diario que la escuela no incurre en ninguna contravención porque está amparada por el artículo 5 de la Ley nacional. Sí recordaron que a pesar de que la escuela no promueva la anticoncepción están obligados a brindar información de todos los métodos existentes. “La ESI es una ley y como toda ley se tiene que cumplir. Además al estar en el contenido curricular la escuela no puede elegir si darla o no. Es obligatoria”, añadieron.
