Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo. 

Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000. 

La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que “en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida” y prometen que con la ampliación “habrá mayor seguridad aeroportuaria”. Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian. 

Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.

El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino. 

“Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura”, denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. “Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley”, aseguró.

Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, “oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza”. 

En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza “con anterioridad al año siete (7) de la concesión”. “Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades”, recordó el arquitecto. 

Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que –según lo acordado con la concesionaria– el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos. 

Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de “preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”. En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde. 

El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.  

Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que “la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa” y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero. 

“El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre”, sostuvo Guerrica Echevarría. “Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río”, reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. “El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem”, concluyó.