La abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se refirió hoy al asesinato de Rodolfo Orellana y afirmó que “es el tercer caso de muerte en situación de conflictividad que tiene este Gobierno después de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”. Calificó el hecho como “un fusilamiento” debido a la trayectoria del balazo que acabó con la vida del militante de la CTEP en La Matanza durante una refriega de la Policía Bonaerense.

También criticó que se quiera instalar la idea de una muerte a manos de los propios compañeros de militancia. “Viene de lejos esto de decir que se matan entre ellos, como en la masacre del Puente Pueyrredón en 2002, o antes en el puente Chaco-Corrientes en 1999”. Añadió que “se ve en los fusilamientos de gatillo fácil en los barrios, que presentan como enfrentamientos".

Verdú definió lo ocurrido en La Matanza como “un asesinato en el marco de la conflictividad social, que se ve cuando atacan fuerzas policiales a quienes reclaman una vivienda digna”. Puso como ejemplo el caso de Cristian Ferreyra, asesinado en Santiago del Estero en 2011 y consideró que “los casos de represión estatal en reclamos de tierra y vivienda son los más frecuentes”.

La abogada también habló del incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, donde murieron ocho presos. “Tenía inhabilitación judicial para alojar detenidos porque no garantizaba condiciones mínimas. Había 27 reclusos hacinados y en esas condiciones era lógico que reclamaran”. Aseguró que “hubo una decisión judicial para dejar que murieran” y habló de “una línea de conducta” respecto de casos como los 33 presos muertos en el incendio de Magdalena en 2005, o los 4 que murieron en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. “No pueden decir que los bomberos tardaron en llegar si el cuartel está al lado de la comisaría. Si no fueron es porque no quisieron”.

La Correpi asiste a los dos jóvenes musulmanes arrestados hace unos días y a quienes se acusó de presuntos vínculos con el Hezbollah. “Estamos frente a un uso descarado de técnicas de espionaje”, dijo Verdú en relación a la escucha telefónica en la que se pide helado a un delivery, y eso sirvió como fundamento para el arresto de los hermanos Abraham Salomón. “Se vio algo similar en la marcha del 1º de septiembre del año pasado por Maldonado y en la represión por el Presupuesto, cuando arrestaron a extranjeros”, dijo la abogada sobre los manejos de Inteligencia. Remarcó que las armas adjudicadas a los hermanos son de colección de más de un siglo, heredadas de un bisabuelo.

Finalmente, por FM La Patriada, opinó acerca del despliegue de fuerzas de seguridad en el marco de la reunión del G20. “Supera todo lo que se podía preveer en cuanto a participación de fuerzas armadas y de seguridad, más de 20 mil efectivos y una restricción vehicular de un perímetro desaforado”. Lo comparó, a otra escala con el caso del Congreso “que no puede sesionar sin bloquear toda la ciudad”. De allí que “el G20 sólo lo pueden hacer en una ciudad sitiada y militarizada”. Aunque afirmó que, pese a “la amenaza de Bullrich de irnos de la ciudad, nos vamos a quedar y nos vamos a movilizar”.