Rodolfo “Ronald” Orellana fue asesinado en medio de un feroz operativo represivo de la Policía Bonaerense. Tenía cinco hijos, era cooperativista y militante de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Testigos presenciales culpan a la Bonaerense y señalan como sospechosa a una policía rubia.

El primer reflejo del oficialismo y la cadena oficial de medios privados evocó a lo sucedidoen la masacre de Avellaneda cuyas víctimas fueron otros trabajadores y militantes populares: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Atribuir el crimen a una disputa “entre ellos”. Pueden ser los manifestantes, los pobres, bolivianos versus paraguayos… Los detalles se adecuan, la narrativa es única.

Las primeras fake news fabularon sobre un “examen preliminar” que en algunos medios ascendió a pericia. Se ahorró consignar quién loredactó, donde loleyeron los cronistas, así sea una cita textual. Orellana, aduciría ese informe virtual o poco verosímil, no había sido baleado: tenía dos puntazos en el cuerpo. La autopsia desmoronó los embustes: una bala le quitó la vida. Hay orificio de entrada, el proyectil no está en el cuerpo yacente.

La prensa oficialista viró entonces a hablar sobre “la muerte de un militante”. “Muerte” es un subterfugio para no consignar “asesinato”. “Militante” designa en el diccionario de la derecha gobernante a un sospechoso, un delincuente en potencia.

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El ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, analiza “dos hipótesis”: responsabilidad policial o reyerta entre particulares. Mientras cavila adopta el modo zen: nada activa, deja en paz a los uniformados. 

Cualquier manual indica que las primeras horas de una investigación son cruciales, sobre todo si se trata de desarmar la omertá entre policías. La demora facilita o hasta propicia que las pruebas se oculten, que se acuerden versiones únicas, que ciertos análisis se tornen imposibles. Sin adelantar juicio sobre un procedimiento recién comenzado digamos que la estadística prueba que con alta frecuencia los jueces y fiscales son funcionales a las dilaciones. Sea por afinidad mano durista, sea por temor a las autoridades políticas, sea por su endémica lentitud.

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El crimen fue tapa del viernes en Página/12, cuyo formato privilegia mucho la noticia central sobre las demás. Clarín puede albergar muchas: 10 anteayer, ninguna se interesó en “la muerte”. La Nación le dedicó un recuadrito pequeño, apelando al vocablo de rigor.

La toma de tierras respondía a especulación inmobiliaria ilícita que aprovecha la necesidad de los más humildes y cuenta con complicidades oficiales estridentes.

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He ahí una parte del contexto del crimen. Otra, ya señalada en columnas anteriores, es la radicalización de la política represiva del gobierno del presidente Mauricio Macri, ligada a la reunión del G-20 en Buenos Aires (CABA). 

Bullrich no se conforma con sitiar la CABA, crear zonas de exclusión funambulescas, suspender el funcionamiento de buena parte del transporte público, amedrentar a los vecinos, “sugerirles” que se vayan desde el jueves previo al cónclave. También azuza la creación y persecución de enemigos internos; desarchiva o inventa grupos terroristas, exacerba la proverbial paranoia de servicios de inteligencia y policías. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el anarco terrorismo redivivo, la respetada ONG internacional ATTAC caen en la volteada.

Investigadores –capacitados y serenos como los personajes de Fargo– topan con objetos sospechosos como un televisor fuera de uso, tirados por acá o acullá. Detonan un pollo crudo. Una llamada al delivery encargando un kilo de helado en cuatro potes enciende las alertas rojas, tal vez hubo quien obró así antes del atentado a las  Torres Gemelas.

El discurso rabioso puede calar hondo entre los uniformados lo que constituye uno de los objetivos. Cumplen misiones en un contorno que creen extremadamente amenazante con terroristas camuflados entre los porteños, armados hasta los dientes. Se los alecciona, se los recarga con horas extra. Se los comisiona a la calle o al terreno donde fue asesinado Orellana… Embravecidos, atemorizados a la vez. Sabiendo que estarán protegidos por las autoridades si cometen desbordes o tropelías.

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La “prensa independiente” y “la oposición racional” contribuyen. Editorialistas de Clarín y La Nación concordaron semanas atrás en definir como “insurreccional” la protesta cuando se debatía el Presupuesto en Diputados. No “violenta”, ni criticable, ni ilegal: insurreccional… expresión que remite al dialecto de la dictadura militar. El presidente del bloque de Senadores del PJ, Miguel Pichetto, se permitió un ápice más de moderación. “Casi insurreccional”, calibró. En cualquier caso, es llamar a agredir a los rebeldes sin causa.

Las estadísticas comprueban que cuando la policía reprime con saña casi siempre es la culpable de los homicidios semejantes al que nos ocupa. Pero las estadísticas no alcanzan ni sirven para sentenciar el caso concreto. La responsabilidad policial es, nada más ni nada menos, la hipótesis más factible. La principal línea de investigación, que exige activismo de los Tribunales y las autoridades políticas… Por ahora te lo debo.

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Sin contar con el proyectil, explican especialistas consultados por este diario. se haría muy peliagudo comprobar qué tipo de arma lo disparó. Es forzoso aclarar que, aún se corroborase que se disparó una pistola “tumbera” o no oficial eso no acredita la inocencia de los uniformados. El historial de décadas revela que muchas veces se llevan esas armas a los procedimientos como tapadera, para agredir “por izquierda” sin dejar huellas.

Otro trabajador y militante popular asesinado. De nuevo, una bala por la espalda. Recurrentes tácticas de encubrimiento de las autoridades… Se impone el abrazo solidario a la familia de Orellana, a sus compañeros y compañeras. Más la exigencia de una investigación seria y sin complicidades.