La represión policial a un centenar de familias que intentaban tomar terrenos en el sector donde se asienta el yacimiento arqueológico Tres Ombúes, en la Matanza, terminó con el asesinato del militante Rodolfo “Ronald” Orellana, integrante de la Organización Libres del Pueblo. Fue la crónica de un conflicto anunciado y denunciado por un colectivo de organizaciones que defienden el sitio, que es considerado un santuario por pueblos originarios. Como una radiografía de la actualidad, el conflicto sobre esas tierras entrelaza negocios inmobiliarios privados con las necesidades de un sector de la población que carece de vivienda y levantó un barrio en el lugar, los derechos patrimoniales arqueológicos y ambientales de la sociedad y la revindicación de los pueblos originarios.
Es un combo de larga data, en el que la responsabilidad estatal, nacional, provincial y municipal queda a la vista, ya que ni resguardan el sitio, ni dan soluciones habitacionales, ni protegen el patrimonio. Ahora se suma una muerte que pudo evitarse.
El sitio arqueológico Tres Ombúes, uno de los más importantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, está en un sector que debió quedar incluido en la Reserva Natural Ciudad Evita. Pero hace tres meses fue arrasado por topadoras en construcciones ilegales que también están afectando los humedales de la Reserva, pese a las denuncias que habían realizado ambientalistas y vecinos de la zona porque las tierras fiscales fueron usurpadas para negocios inmobiliarios.
A mediados de agosto derribaron los tres ombúes centenarios que se encontraban sobre una lomada en el área entre la Ruta Provincial 4 y la autopista Ricchieri, cercano al río Matanzas y el Puente 13 en el partido de La Matanza. Alisaron el terreno a pesar de encontrarse en un área declarada Lugar Histórico Municipal (Ordenanza 10.146) y Lugar Histórico Nacional (Decreto 1.110 de 1997), violando la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El sitio es un yacimiento arqueológico donde los investigadores encontraron restos de cerámicas de culturas cazadoras recolectoras de la zona, Es también un lugar de gran valor simbólico para los pueblos originarios, quienes recuerdan que el sitio era ocupado por la cultura Querandí y un área en la que realizaban diversas ceremonias hasta que quienes ocupaban las tierra, que pertenecen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las lotearon, revendieron, y finalmente les impidieron el acceso.
Las construcciones ilegales avanzaron no sólo sobre el sitio arqueológico sino sobre la Reserva Natural, un área de humedales con lagunas, espejos de agua permanente y una vegetación y fauna como parte del ecosistema que ahora se ve afectado por la tala y los rellenos que arrasan con el pastizal pampeano y la planicie de inundación.
Una de las vecinas de la zona, que no quiso dar su nombre porque las amenazas están a la orden del día en el barrio, explicó que en el área Tres Ombúes el terreno estaba en manos de una personas que tenía un contrato de guarda con el Estado. Cuando falleció, su familia loteó y vendió las parcelas para construir viviendas, pese a que el Estado nacional solicitó el desalojo. Y en otra área de la Reserva, una fundación religiosa de origen coreano, la Unión Internacional de Jóvenes, está construyendo a pesar de las clausuras que hizo la municipalidad, en tierras que pertenecen al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Sobre el yacimiento arqueológico, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), solicitaron la protección del área, sin resultados, según contó la vecina, que detalló que había una orden de la justicia de no innovar y una para que la AABE tomara posesión de los terrenos no construidos.
El criterio judicial para que el Estado retome los espacios libres de construcción impulsó a quienes lotearon a levantar casillas precarias a toda velocidad. “Cuando la AABE intentó ingresar los corrieron a piedrazos, y al municipio no le permitieron el ingreso. La directora del museos Histórico Municipal Juan Manuel de Rosas, de Virrey del Pino, quiso entrar con concejales y también le impidieron la entrada, explicó la vecina.
El abogado Pablo Ledesma, que asesora al colectivo Tres Ombúes (ver aparte).
explicó que el predio extenso que se conoce como barrio Puente 13 está dividido en tres sectores: A, B y C. La familia de quien era guarda del terreno cedió derechos a más de 200 personas, que construyeron sobre el sector B. En el C, donde está el yacimiento, hay algunas familias, y otras pocas en el A. “Hay dos procesos judiciales: uno de la AABE por desalojo contra María Isabel Carballo y Rolando Pardo y otro de la familia Carballo al Estado por usucapión, es decir, reclaman la posesión porque ocupa desde hace 20 años de mala fe el inmueble. Esta causa tramita en San Martín. AABE hizo el año pasado la denuncia en el fuero penal de Morón y pidió el desalojo y una orden de no innovar. Pero el juzgado alegó que no puede resolver derechos de usucapión ni ordenar el desalojo, pero dictó la cautelar de no innovar, y remitió a San Martín que es donde se dirime la cuestión de derechos”, detalló el letrado, quien aclaró que AABE pidió la caducidad de la causa de usucapión y el juez de San Martín la otorgó. Todavía falta ver en qué términos porque el proceso podría reiniciarse o todos los vecinos perder los derechos que les cedieron. “Hay una mesa de diálogo y se va a tratar de encontrar una solución con los vecinos que están censados, del sector B”, aclaró.
Sin embargo, el jueves a la madrugada se dio un nuevo intento de ocupación del sector C. “Según nos contaron los vecinos, hubo un rumor en el barrio de que había tierras libres y que las iban a tomar. Y eso corrió como reguero, porque es muy fuerte la demanda habitacional, donde a la gente le cobran 6000 u 8000 pesos por piezas muy chiquitas. No fue nada organizado ni planificado, y no tenemos detectado de dónde salió el rumor”, explicó Pablo Puebla, compañero de militancia de Orellana. También advirtió que a los cuatro detenidos durante el desalojo “se los acusa de usurpación”, y señaló que “si en la Matanza acusan de usurpación, la mitad tendría que estar presa, porque los barrio de acá surgieron así”.
El arqueólogo Marcelo Weissel (ver aparte) pudo ingresar por última vez al sitio en 2015, cuando recorrió el espacio con vecinos y “encontró tres piezas de cerámica que fueron declaradas para que integren el patrimonio cultural. Hace tres semanas caminamos sobre un humedal, a cien metros del río, y ahí instalaron viviendas precarias con madera terciada para demostrar que la zona está ocupada y que no lo saquen, y en un mes y medio cuadruplicaron las construcciones. Además, como hacen descargas de áridos, eso impacta en la intensidad y duración de las inundaciones en los barrio de Laferrere y Esteban Echeverría, porque el agua se encuentra con un freno, en lo que era un reservorio natural”, contó la activista barrial.
El Colectivo Tres Ombúes, que desde hace varios años venía exigiendo que se proteja el sitio arqueológico, lo considera un lugar sagrado de la cultura Querandí, que debe ser preservado para investigación y docencia, para que los chicos de las escuelas conozcan la historia de los pueblos que habitaron antes de la llegada de los españoles, y para que las comunidades originarias realicen sus ceremonias rituales, como venían haciendo desde hace varios años.
A esa lomada donde estaban los ombúes se habrían retirado los querandíes, en 1536, tras un primer contacto con la expedición de Pedro de Mendoza, según el relato de su cronista Ulrico Schmidl y otras fuentes históricas (ver aparte), aunque los investigadores no se ponen de acuerdo si las piezas arqueológicas encontradas pertenecían a ese pueblo, y prefieren hablar de pueblo de cazadores recolectores pampeanos.
“Se habla también de un cementerio Querandí en ese lugar”, contó la vecina, docente retirada, “pero también nos enteramos que cuando removieron la tierra se vieron huesos humanos que podrían ser más recientes, por lo que se dio aviso a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a la dirección de Derechos Humanos de la Matanza para ver qué pasos seguir, porque la zona podría ser parte del circuito de la memoria, ya que está muy cerca los centros clandestinos de detención El Vesubio y El Banco”.
Hace algo más de un mes, vecinos y el Colectivo Tres Ombúes intentaron llegar al lugar a través del río. Caminaron por el camino de sirga y fueron frenados, a pesar de estar acompañados por la policía, por personas ligadas al emprendimiento inmobiliario que siguen levantando casas pese a la medida de no innovar dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Morón.
Por otra parte, la docente explicó que “se instalaron en la zona declarada Reserva Natural una fundación coreana que está construyendo pese a la clausura que hizo la municipalidad. Están construyendo en una zona donde no se puede porque el agua del casco urbano baja hacia ese lugar. Empezaron en 2017, después de un primer intento de ocupación y un intento del municipio de demoler. Están recibiendo camiones de áridos y elevando el nivel del suelo, lo que hace que el arroyito y la lagunita que hay dejen de cumplir su función como purificadores de la napa. Y toda Ciudad Evita está diseñada para que el agua vaya hacia el área natural que la rodea. Los inspectores municipales fueron con la policía y no les permitieron el ingreso, tienen tranqueras y cabina de seguridad y desde ahí impiden el paso”.
