Dijo Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de Buenos Aires: “Mejor amontonados que sueltos”. Ahora deberá cambiar la frase. Sería ésta: “Mejor muertos que amontonados”. Es que murió Carlos Ariel Corvera, la víctima número nueve del incendio no apagado a tiempo el jueves 15 de noviembre en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. 

La comisaría depende de la Policía Bonaerense, que depende del ministro Ritondo. El ministro Ritondo depende de la gobernadora María Eugenia Vidal. 

Vidal hizo lo que siempre hace en estos casos en materia de prevención: nada.

Y dijo lo que siempre dice en estos casos: nada.

Ante otros muertos, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, de la escuela 49 de Moreno, Vidal escribió un tuit expresando sus condolencias a los familiares. Nunca los llamó por teléfono ni los vio. Ni siquiera discretamente, para evitar las fotos. Y al margen de la 49, que como tuvo dos muertos concentró la atención, la enorme mayoría de las escuelas de Moreno todavía sigue sin arreglo, con paredes electrificadas por las pérdidas del agua que baja del techo, pozos ciegos que desbordan y falta de artificios elementales como un disyuntor o una jabalina. Quienes se organizaron en Moreno bajo el impulso del Suteba, el sindicato de los docentes públicos, quienes participaron de movilizaciones y acampes desde los movimientos sociales, los partidos políticos y los empresarios de la zona, sacaron la conclusión de que dilatar el arreglo de escuelas no es solo un problema de dinero. Más bien no lo es. Es un tema de prioridades y de sensibilidad para organizar las reservas de trabajo realmente existentes en el distrito. Cooperativas, por ejemplo. O pequeñas empresas que podrían resolver su capacidad ociosa mientras las escuelas resuelven su incapacidad edilicia para albergar a chicos y docentes en condiciones decorosas.

No se trata de diferencias sociales. El gobierno bonaerense trata por igual a quienes pueblan las escuelas y a quienes pueblan las comisarías en condiciones de hacinamiento. 

Después del fallecimiento de Corvera, la gobernadora se mantuvo indiferente aunque carga ya con nueve muertos. A pesar de que la Comisión Provincial por la Memoria haya sostenido en un comunicado que se trató de “la peor masacre de la historia en comisarías argentinas”. 

Masacre es una palabra fuerte, pero no inexacta. Se utiliza para los asesinatos en los que un grupo de víctimas está en condiciones de indefensión. 

Corvera tenía 25 años. Estaba detenido por intentar el robo de una cortadora de césped. Llegó a la comisaría tercera desde otra comisaría. Sufrió el fuego y la toxicidad de la gomaespuma quemada. Fue trasladado. Pero murió cuando estaba internado en el hospital de Ezeiza. Paradójicamente, el Tribunal Oral en Criminal 10 de Lomas de Zamora recién la semana pasada le concedió la excarcelación. O sea: si lo hubiera excarcelado antes, Corvera hoy estaría vivo. Cosa que también hubiera sucedido, claro, si la celda donde estaba alojado en la comisaría tercera de Esteban Echeverría no hubiera funcionado como tal. Y si los policías a cargo hubieran reaccionado de modo diferente ante el fuego.

La Comisión Provincial por la Memoria es una verdadera enciclopedia sobre la acción de policías fuera de la ley. Presidido por Adolfo Pérez Esquivel y con Roberto Cipriano García como secretario, es un organismo público que fue hecho depositario de los archivos desclasificados de inteligencia de la Bonaerense. En su sede de La Plata está, completa, la historia del horror, con su pico máximo en los años del general Ramón Camps como señor de la vida y de la muerte de la provincia. Camps, como después el comisario Miguel Etchecolatz, ofició de jefe de policía cuando el gobernador era Ibérico Saint Jean y el Gran Buenos Aires funcionaba como un gran coto de caza de delegados sindicales, dirigentes de la resistencia al golpe con armas o sin ellas, guerrilleros o antiguerrilleros y, en general, militantes de poco más de 20 años que venían ejercitando diversas experiencias desde comienzos de los años ‘70. Durante toda su historia la Bonaerense fue un órgano de espionaje masivo y represión selectiva. La naturaleza no cambió con la dictadura. El cambio en 1976 fue su articulación con la represión sistémica encabezada por el Ejército en la zona del Cuerpo Uno con sede en Palermo y mando a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason. 

Muchas de las comisarías se convirtieron, así como hoy son calabozos, en centros clandestinos de detención. El fiscal Félix Crous, que suele comparar el apilamiento de presos entre esas comisarías y la cárcel clandestina mantenida por los Estados Unidos en Abu Ghraib, suele preguntarse si hay un origen único, una linealidad, o se trata más bien una forma naturalizada de tormento y masacre. La claves es que ese hilo nunca terminó de cortarse.

La Comisión Provincial por la Memoria trabajó fuerte en los archivos. Entenderlos y hacerlos accesibles fue una tarea vital para la reconstrucción de la historia argentina del siglo XX, una historia surcada por la Bonaerense. Y fue importantísima para recoger documentación útil en los juicios de lesa humanidad. 

A la vez, desde su creación, la CPM investigó las condiciones carcelarias en comisarías y prisiones y preparó informes rigurosos sobre la tortura y los métodos de hacinamiento. Nadie podrá acusarla de parcialidad. Lo hizo bajo todos los gobiernos. Incluso bajo los dos mandatos de Daniel Scioli. 

La gobernadora y su ministro de Seguridad disponen de esos materiales que, por otro lado, pueden ser consultados en la página web de la CPM. 

La página 125 del último informe anual, publicado en 2018, tienen un título que reza “Agravamiento crítico de las condiciones de detención en dependencias policiales”. Dice: “La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100 por ciento y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200 por ciento”. Otro párrafo describe “la falta de recaudos elementales para controlar incendios (matafuegos, redes contra incendios, protocolos de intervención) y de la presencia de factores concretos que los tornas factibles (instalaciones eléctricas precarias, colchones y materiales combustibles)”. 

Solo la mitad de las comisarías tiene matafuegos. Solo un 16 por ciento tiene mangueras de presión y extintores. Solo el 6 por ciento tiene salidas de emergencia. 

Las muertes en la comisaría tercera de Esteban Echeverría superan ya a la masacre anterior, la de Pergamino el 2 de marzo de 2017. Siete jóvenes murieron, mientras estaban detenidos, en un incendio  en la comisaría primera de esa ciudad. Habían sido encerrados en condiciones infrahumanas como castigo especial. Como reacción, algunos arrestados prendieron fuego a pedazos de colchones de goma espuma para llamar la atención. Los oficiales abandonaron a las víctimas. El fuego se extendió. Cuando los bomberos fueron llamados por la Bonaerense y actuaron, ya era tarde. Los siete de la celda uno estaban muertos. 

En marzo de 2017 ya gobernaba María Eugenia Vidal. Primera masacre. Las nueve muertes de Esteban Echeverría son la segunda. La masacre es, ya, una práctica. Mejor amontonados que sueltos: es más fácil la combustión.   

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