Finalmente, tras la recolección de 500 mil firmas y una catarata de denuncias de Greenpeace contra los desmontes, el gobierno salteño le aplicó una multa que alcanza los 2.500.000 pesos a Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le ordenó la reforestación de la finca Cuchuy, donde las topadoras continuaron desmontando a pesar de que había una orden para frenar la deforestación en esa zona. Además, lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta.
La coordinadora de la campaña de bosques en el NOA de la ONG ambientalistas, Noemí Cruz, dijo a PáginaI12 que “es un avance que se multe a los empresarios que destruyen bosques protegidos y que se ordene la remediación. Es un caso muy importante, en el que hemos hecho foco no sólo porque se pasó por encima por encima de la Ley de Bosques sino porque hay comunidades indígenas viviendo allí, a la que le vulneraron sus derechos”, dijo la activista, quien advirtió que este es uno de los caso denunciados. “Hay otros dos empresarios que también hicieron desmontes ilegales: Pedro Cignetti de la finca Los Pozos y Bruno Varela Marín de La Peregrina”.
El conflicto en la finca Cuchuy, propiedad de Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchuy S.A. con Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Nación, arrancó en 2011 cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey habilitó, por decreto, la recategorización de áreas que estaban protegidas por la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques y permitió que avance el desmonte, según explicó Cruz.
La finca, de diez mil hectáreas, está en un área de bosques nativos categorizada, una parte, como sector rojo, de alto valor de conservación, donde hay relictos de bosques, reservas naturales, y otra, como amarillo, de alto o medio valor de conservación, en el que puede haber un aprovechamiento sustentable, y que incluye lo que se denomina “amarillo social”, los territorios en conflicto reclamados por pueblos indígenas.
Con el decreto, la finca de Braun y otras 31 se rezonificaron, y pasaron a ser categoría verde, que permite el desmonte. “Con un simple trámite administrativo, de la noche a la mañana un lugar protegido pasaba a estar autorizado a desparecer”, explicó Cruz.
“En el caso de Cuchuy pidieron un desmonte neto de más de cinco mil hectáreas y desmontaron todo”, agregó, y remarcó que con ese decreto posibilitaron la destrucción masiva de bosques.
Tras sucesivas denuncias, campamentos de resistencia que fueron desalojados por la policía, activistas detenidos y las comunidades wichis presionadas por las municipalidad local, que no les llevaba agua a quienes acompañaban el reclamo.
Con las firmas y los reclamos se logró que se deroguen los decretos, se pararon muchos pedidos de desmontes que estaban en carpeta, pero como no eran retroactivos, la deforestación siguió. Tras la intimación de Nación, la provincia emitió una resolución que suspendió los permisos y obligaba a la remediación de las zonas afectadas, en una provincia en la que de acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 174.024 hectáreas de bosques protegidos entre 1998 y 2017.
El 26 de enero notificaron a Braun Peña que debía acatar la resolución dispuesta. Pero los monitoreos, satelitales y por tierra, de Greenpeace mostraron que las topadoras continuaban desmontando.
El jueves pasado, la justicia rechazó los recursos presentados por el empresario, quien quiso anteponer el valor de la propiedad privada por sobre el valor colectivo de un bien protegido por ley.
“Aunque la resolución y la multa se hicieron esperar, lo importante es que no habrá indulto para los desmontadores y que deben reforestar lo destruido”, afirmó Cruz.
