Las grandes potencias económicas del mundo comandan el G-20 y son también los máximos responsables del cambio climático, el aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales. El 76 por ciento de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que habrá “impactos catastróficos” si la temperatura sigue en aumento.
El cambio climático es producto del aumento de la temperatura por la acción humana e implica cambios drásticos en el ambiente (inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, desplazamientos, muertes). La causa principal es la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2). La quema de combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón) está entre los principales causantes.
El Centro de Investigación Conjunta de la Unión Europea cuenta con la “Base de Datos de Emisiones para la Investigación Global”. Registra información de gases de efecto invernadero desde 1970. Según su último registro (2015) de dióxido de carbono (CO2) los mayores contaminantes son China (29,36 por ciento del total), Estados Unidos (14,27), India (6,77), Rusia (4,85), Japón (3,45), Alemania (2,14), Corea del Sur (1,70), Canadá (1,53), Arabia Saudita (1,39) e Indonesia (1,38).
Si se analiza a la Unión Europea como actor único (así participa del G20), es responsable del 9,57 por ciento de emisiones de CO2 y tercero en nivel de responsabilidad respecto al cambio climático.
La lista del G20 y contaminación global sigue con Brasil (1,34 por ciento de las emisiones), México (1,30), Australia (1,23), Sudáfrica (1,15), Reino Unido (1,09), Turquía (0,98), Italia (0,97), Francia (0,90) y Argentina (0,52).
Los sectores más contaminantes son el energético, el agronegocio, la industria y el transporte. Las principales multinacionales también son de esos países: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Saudi Arabian Oil Company, Gazprom, China National Petroleum Corp, Total, Río Tinto, Petronas, Glencore, entre otras.
El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adaptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1,5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos y proponer “falsas soluciones” (monocultivo de árboles, bonos de “compensación” para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).
La organización internacional Transparencia Climática elaboró un informe (llamado “Brown to Green Report”) sobre la situación de los países del G-20 y el cambio climático. “Ninguna de las propuestas de políticas climáticas del G-20 es compatible con un aumento de temperatura global de menos de 1,5 grados, pactado por los países firmantes del Acuerdo de París en 2015”, cuestiona la investigación.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una de la decena de ONG que participaron del trabajo. Explica que, de Argentina, el sector energético es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y cuestiona duramente que el gobierno impulse la industria de hidrocarburos, con subsidios a las empresas (2700 millones de dólares en 2016) y la explotación de Vaca Muerta.
Otra política cuestionada de los gobiernos de Argentina, y que contribuye al cambio climático, es el desmonte. Según Transparencia Climática, el área de bosque nativo se redujo un 22 por ciento entre 1990 y 2015. La principal causa fue el avance de la frontera agropecuaria. Para el presupuesto 2019, el gobierno nacional quitó el 95 por ciento del presupuesto para la protección de bosque nativo.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) emitió en octubre pasado un informe con tono de advertencia final: si la temperatura del planeta sigue en aumento y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la vida de las personas y el ambiente. Se debe reducir (para 2030) el uso de petróleo a la mitad y el de gas a un tercio. Ninguno de los gobiernos del G-20 asumió compromisos reales para cumplir esa meta.
Silvia Ribeiro, del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), resumió la desigualdad en su artículo “Los que fríen el planeta”: “el 10 por ciento de la población más rica del planeta es responsable de la mitad de las emisiones globales”. Ribeiro cuestionó que el IPCC y la diplomacia climática no denuncien claramente el rol de los países más poderosos: “Hay un pacto de los gobiernos que más emisiones causan para no interferir en las ganancias de los más ricos, incluidas las trasnacionales petroleras y otras que lucran con las actividades que generan el caos climático”.
La semana pasada, la Casa Blanca publicó la “Evaluación Nacional sobre el Clima”, un estudio científico de 1600 páginas que detalla las consecuencias que el cambio climático tendrá sobre la salud, la economía y el futuro de ese país. Realizado por académicos independientes del Poder Ejecutivo, resaltó que las temperaturas extremas son más frecuentes y se extienden por más tiempo. El presidente Donald Trump respondió con cuatro palabras: “No me lo creo”.
