Veinte años después de que España invocara la jurisdicción universal para investigar el genocidio argentino, Human Rights Watch (HRW) presentó una denuncia fundada en el mismo principio contra el príncipe heredero Mohammed bin Salman por posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, por torturas de oficiales saudíes contra mujeres activistas y por la ejecución extrajudicial del periodista Jamal Khashoggi en su consulado en Estambul. Ayer, horas después de que el canciller Jorge Faurie recibiera en Ezeiza a la delegación de ese país que participará de la cumbre del G-20, el juez Ariel Lijo envió exhortos a Turquía y Yemen para indagar si existen investigaciones abiertas contra Bin Salman, y le pidió a Cancillería que informe sobre las condiciones diplomáticas en las que se encuentra el líder saudí. “Las autoridades argentinas han enviado un mensaje claro: ni siquiera los más poderosos, como Mohammed bin Salman, están por encima de la ley. Los líderes a nivel global deberían pensar seriamente si desean tomarse fotos con alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y tortura”, planteó ayer Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
Como viceprimer ministro y ministro de Defensa, Bin Salman supervisa a las fuerzas militares sauditas y comandó la coalición internacional que ejecutó la operación “Tormenta decisiva” en Yemen. Desde marzo de 2015 la coalición perpetró “innumerables ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y objetos civiles en Yemen, que han impactado en viviendas, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas”, destacó HRW. “También ha impuesto y mantenido un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha limitado seriamente el acceso de los civiles a alimentos, combustible y medicamentos. Millones de civiles sufren hambruna y enfermedades”, explica la denuncia. Las investigaciones de la coalición sobre presuntos crímenes de guerra “carecen de credibilidad”, sostiene el organismo, que evaluó el trabajo del equipo creado para recabar pruebas sobre “denuncias y accidentes” provocados por sus fuerzas en Yemen y concluyó que no cumple con los estándares de “transparencia, imparcialidad e independencia”.
Mientras insta a Turquía para que pida una investigación a Naciones Unidas sobre el asesinato de Khashoggi, HRW presentó la denuncia en Comodoro Py el lunes, a 48 horas de la llegada de Bin Salman. Lijo hizo lugar a los pedidos que planteó ayer el fiscal federal Ramiro González. Libró exhortos a Turquía, Yemen y a la Corte Penal Internacional para saber si existen procesos judiciales abiertos contra el príncipe, dato clave para definir si es aplicable el principio de jurisdicción universal. También le pidió a HRW mayores precisiones de los delitos que le atribuyen, y al canciller Faurie que informe el estatus y las condiciones diplomáticas que tiene el mandatario en su visita al país. Una vez cumplidos esos pasos (cuando Bin Salman ya esté en sus pagos), el fiscal pidió que la Corte Suprema determine si asume la competencia originaria o delega la investigación en el juzgado.
“Es una gran noticia que Argentina haya activado los mecanismos penales de acuerdo con lo solicitado en la denuncia de HRW”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “La decisión del fiscal reconoce la validez del principio de jurisdicción universal y la obligación de los estados de investigar este tipo de crímenes”, agregó.
