En Uruguay, la legalización del cannabis no funcionó como un disparador del consumo, tal como argumenta la vertiente prohibicionista, pero tampoco ha logrado acabar con el mercado ilegal, lo que es uno de los propósitos declarados por el gobierno. Eso arroja el balance, a pocos días de cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley N° 19.172 de regulación de producción, comercialización, distribución y consumo de cannabis en ese país, y de la realización de Expo Cannabis, que nuclea a la industria del sector y a curiosos de distintas partes del mundo.
En estos días, la organización Monitor Cannabis realizó un balance acerca del aumento de consumo de marihuana en la población en comparación con otros países del mundo (con y sin legalización), del que se desprende la conclusión principal de que “la experiencia mundial indica que ni los regímenes legales de prohibición ni los de regulación garantizan mayor o menor nivel de consumo”. Lo hicieron a partir de la mítica creencia de los prohibicionistas, que observan que la legalización significaría un supuesto “desmadre” de consumo de drogas. Al comparar con Holanda, Chile, Estados Unidos, Italia o República Checa se ve que la legalización no conlleva un nivel de consumo superior a la prohibición. Según el Ircaa, ente regulador que actualiza los datos todas las semanas, hay 31.293 personas habilitadas para comprar marihuana legal y 6.961 registradas para autocultivo, 110 clubes cannábicos y 17 farmacias donde se la vende legalmente.
Cuando se promueve la legalización, uno de los focos de resistencia es la idea de que los jóvenes se irán por el tacho del consumo. Fumados y perdidos. Los resultados de Monitor muestran una novedad: si bien la mayor parte de los consumidores son varones jóvenes de 15 a 35 años, y en ese rubro el crecimiento comparado con 2014 fue del 50 por ciento, en los mayores de 35 subió –según el rango– entre el 125 y el 229 por ciento. Comparativamente, aunque sigue habiendo más usuarios jóvenes, el consumo se expandió más en los adultos. Toda la serie, de todas formas, muestra que la suba sostiene una tendencia alcista previa a la legalización y que no es mayor que la de los países con prohibición.
En Uruguay, donde ya existía una política de no criminalizar el consumo personal desde 1974 –aunque quedaba, como siempre, a la decisión cuantitativa de cuánto es consumo personal a cargo del policía o fiscal–, lo que cambió es una lógica y una cultura. Como si un día, en lugar de invitar a periodistas o público en general a la quema de ladrillos prensados de marihuana incautada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara en cadena nacional la producción de una tonelada de marihuana estatal y la ofreciera a los consumidores en farmacias. Parece irrisorio pero la decisión de regular el consumo y de que el Estado intervenga en la producción y comercialización tiene ese tipo de giros: por eso el titular de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay pudo hablar en la prensa no ya de cuánto habían destruido o incautado sino de cuánto habían acercado al consumidor y cuánto aún faltaba. Por ahora abarcan una cuarta parte del mercado y el resto permanece en disputa del mercado ilegal. Y el desabastecimiento persiste como una de las deudas.
“Se mantiene una implementación parcial del sistema. Sobre todo por el bajo volumen de marihuana producida para venta, la cantidad de farmacias adheridas al sistema y la incongruencia entre regulación defendida desde un marco de derechos humanos pero garantizada solo a residentes uruguayos”, explica Clara Musto, doctorada en criminología cultural y global de las universidades de Kent y Utrecht, y autora de la investigación de Monitor Cannabis. Además, promueve la legalización de la adquisición de marihuana para extranjeros porque le parece ilógico que persista una prohibición en ese sentido cuando la venta en el país es legal. “Además, Uruguay es un país que vive del turismo: estamos hablando de mucha gente colaborando con la persistencia del mercado ilegal.”
El oro verde
Esa otra arista de la cosa, que no es nada menor, es el negocio en torno al llamado ‘oro verde’. El consumo de marihuana recreativa es la punta de lanza de una industria pujante que, a nivel global, amaga con convertirse en una nueva burbuja al estilo de las puntocom en los inicios de los años 2000. Y en un nicho cultural y de consumo juvenil, parece ser una eventual salida a la crisis de empleo y de industrias a futuro: es lo que piensan en varias ciudades de Canadá, donde se legalizó el consumo recreativo hace cuatro meses, y hay miles de millones de dólares y esperanzas en danza. Se estima que la industria cannábica de derivados industriales a partir de plantaciones con o sin THC proyecta una expansión de 50 billones de dólares a nivel mundial.
En Uruguay todo es a menor escala pero también avanzan lentamente propuestas industriales que prometen suplir la falta de empleo que dejan algunas otras industrias y ramas en declive. El caso de Juan Lacaze es ilustrativo: en esa ciudad de tradición industrial del interior de Colonia, donde viven poco más de 12 mil personas y el 10 por ciento trabajaba en industrias extintas, la llegada de otra a base cannabis promete 800 empleos en los próximos años. Es cierto que detrás de cada promesa de inversión hay un lobby, pero también una de cada diez personas sin empleo y esperanzada.
La situación uruguaya, evaluada por Mercedes Ponce de León, vocera de Uruguay Siembra, la empresa organizadora de la Expo Cannabis, es la siguiente: “Desde 2015 se reglamentó la producción de cáñamo y de cannabis medicinal, pero el cambio de Gobierno no fue positivo, porque el cannabis medicinal dejó de ser prioridad para la administración de Tabaré Vázquez. Hubo algunos años de avance nulo y con autoridades apáticas. Las primeras licencias industriales fueron para el sector del cáñamo: hoy hay 10 proyectos en vías de desarrollo de diversa índole, con fines de exportación a industrialización y producción en Uruguay; van de yerba mate con cannabis –el primer producto derivado de cannabis a la venta– a celulosa para papel. La industria medicinal no creció mucho, pero en 2017 se decretó la venta bajo receta de productos con cannabidiol y aparecieron los primeros productos con calidad farmacéutica: una crema y un aceite de cannabis. Hay dos licencias para producción de cannabis recreativo, dos para medicinal, diez industriales y unas cinco más de investigación para desarrollo local, en rubros que van de biotecnología a pasta de celulosa”.
La nueva vedette de Wall Street, asegura Ponce de León, es la marihuana: “Están llegando inversores extranjeros para startups tecnológicas vinculadas al cannabis. La industria empieza a estar aceptada por los grandes capitales y se pone de moda”. Y se entusiasma al comentar que ya hay inversiones de Heineken o de Audi para usar derivados del cáñamo para hacer paneles internos con bio plástico. El impedimento principal, más allá de la lentitud con la que avanza el gobierno para otorgar licencias –lo que puede ser un problema en la carrera comercial con nuevos actores como Canadá– es el bloqueo financiero que promueven desde Estados Unidos hacia cualquier empresa o área vinculada a la industria.
“Los bancos corresponsales americanos aplican limitaciones a transferencias en dólares por la vigencia de la prohibición federal de la ley americana sobre venta de cualquier producto derivado del cannabis. El FinCEN lanzó la recomendación de que, si aquí es legal, no se cometería crimen hacia la ley federal de Estados Unidos, y que el gobierno americano no perseguiría esto. Pero aquí los bancos corresponsales no aceptaron eso”, explica el abogado Leonardo Costa Franco, especialista en derecho tributario, corporativo y bancario, y ex prosecretario de la Presidencia uruguaya entre 1999 y 2005. En los papeles, eso obliga a la informalidad, la elusión por cuentas personales o el histórico pago en efectivo. Pero, más allá del negocio, el cannabis medicinal es una cuestión de salud pública: según un estudio del Observatorio de Drogas local, 9 de cada 10 uruguayos aprueba el uso de cannabis medicinal. El cambio cultural parece irreversible.
Cruzar el charco
Uno de los focos sorprendentes de la última Expo Cannabis es que la mitad de las visitas del consultorio de cannabis medicinal que instalaron fueron de extranjeros. Y de esos, casi un 40 por ciento eran argentinos. Como Christian Francioli, productor periodístico, fundador y miembro de Iguanas en el Mar, un proyecto periodístico y militante en torno a la información y concientización del uso del cannabis. “Queríamos informar a los usuarios, principalmente a los inexpertos o quienes recién se están iniciando, para poder guiarlos en sus primeros cultivos y en un consumo responsable”, explica. Pronto hicieron foco en visibilizar los problemas que padecen los usuarios argentinos, “perseguidos por las fuerzas de seguridad y judiciales por el simple hecho de hacer uso de sus libertades individuales”.
El año pasado, Christian viajó a Expo Cannabis y fue uno de los argentinos que quedaron impactados por el cambio social y cultural que significó la ley de 2013. A tal punto que hace unos meses se afincó en Montevideo como residente y convoca a otros argentinos a conocer esa experiencia. “Nos interesa mostrar cómo funciona un país donde el cannabis es legal y no está mal visto. Queremos para Argentina un sistema parecido, que abarca cannabis recreativo y medicinal, con libertades casi absolutas. En nuestro país lo más importante es el autocultivo, hay unas tierras fértiles inmensas y muchos compañeros detenidos por tener algunas plantas para consumo. Muchos fiscales te acusan de fraccionamiento para ventas por tener frascos vacíos para conservar”, explica. Su ideal es que no haya limitaciones. Que el consumo, siempre responsable, sea sin estigmas y sin tabú.
