Distintos organismos de derechos humanos repudiaron el fallo del juez Guillermo Lleral con el que dio por concluida la investigación en torno de la muerte de Santiago Maldonado, la que atribuyó a “un conjunto de incidencias” y por la que no halló a “nadie” como responsable. “Esto es un arreglo del gobierno con la Justicia”, denunció la madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Nora Cortiñas, mientras que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “autora intelectual” del cierre de la causa: “Desde que asumió no hace más que buscar exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos”, apuntó. Al respecto, H.I.J.O.S. Capital advirtió que tal situación “abre un panorama preocupante” para la protesta social. “Que un juez diga que por presiones tuvo que resolver por la impunidad nos deja en el desamparo institucional ante cualquier operativo represivo de este Gobierno”, completaron. “Quieren mostrarnos de rodillas, no lo vamos a permitir”, sostuvieron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Para el CELS, “esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal”.
El rechazo a la decisión judicial llegó de manera inmediata. Para Cortiñas, Lleral “lo único que sabe hacer es recibir órdenes del Gobierno para ocultar la verdad sobre lo que le pasó a Santiago”. Su lectura, apoyándose en la confesión de extorsión que el juez le realizó a la familia Maldonado, es que el ejecutivo Nacional tuvo “total” incidencia en el fallo que se conoció ayer. “Y es una barbaridad –completó–. Santiago desapareció y a los 80 días apareció muerto en el agua. La suya fue una desaparición forzada seguida de muerte y eso no lo van a poder cambiar, digan lo que digan y hagan fallos como los hagan.”
Estela de Carlotto definió como “repudiable” el cierre de la causa así como sus razones. “No podemos más que criticar de punta a punta esta decisión, que no hace más que quitarle un peso de encima a la ministra Bullrich y a este Gobierno”, consideró y señaló que “aún si Santiago se hubiera ahogado” los responsables “deben ser hallados y enjuiciados: son aquellos que lo vieron ahogarse y no lo salvaron. Es necesario que la Justicia halle a los responsables y no los libere de culpa”, completó.
Por otro lado, señaló a Bullrich como la “autora intelectual” del cierre de la causa y denunció que “desde que asumió no hace más que buscar exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos”. Sobre las críticas a la familia y a los organismos, que siempre insistieron en que la Justicia investigue a la Gendarmería, Carlotto advirtió que “es gravísimo”: “Que la Justicia diga que los defensores de la vida de Santiago inventamos una historia es como decirnos mentirosos y falseadores. Gravísimo”.
El CELS advirtió que “escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos”.
Desde H.I.J.O.S. Capital repudiaron “profundamente estar en un país en el que un juez diga que resuelve elegir la impunidad por presiones políticas” y expresaron su acompañamiento a la familia Maldonado ante “la decisión de cerrar una causa que no está terminada en absoluto porque falta verdad, falta Justicia y sobra impunidad”. Al igual que Carlotto, también responsabilizaron a Bullrich, a quien definieron como “el brazo armado de la miseria planificada que impuso este Gobierno” y a quien le exigieron la renuncia: “Santiago Maldonado estaba ejerciendo su derecho a la protesta cuando fue víctima de un operativo represivo de Gendarmería, estuvo desaparecido hasta encontrarse su cuerpo casi 80 días después. Seguimos reclamando la renuncia de la ministra, reclamamos que los culpables tengan juicio y castigo y que la impunidad no quede como el cierre de esta causa porque sabemos, lo decimos siempre en relación con los genocidas, la impunidad genera más impunidad”.
Por último, llamaron la atención sobre el contexto en el que se supo el cierre de la causa “a dos días de la realización del G20 y una ciudad pseudo sitiada en la que nos vamos a manifestar en contra de la cumbre y del FMI”. En ese sentido, advirtieron que “hay un entramado del poder judicial con el Ejecutivo y cierto sector del poder económico y algunos espacios de a prensa que durante todo este tiempo se han dedicado a escribir el guión falso mentiroso del Ministerio de Seguridad sobre el caso Maldonado” lo cual “abre un panorama preocupante” para la protesta social.
A través de un breve comunicado, la Correpi volvió a hacer responsable al Estado de la muerte de Maldonado. “Mientras los flashes apuntan al G-20, la justicia intenta enterrar, una vez más, la memoria de Santiago”, aseguraron desde la agrupación. En la misma línea, la APDH sostuvo que “en el marco de un nuevo despliegue de las fuerzas represivas del Estado ante el G-20, los jueces muestran al poder político que no investigarán cuando repriman. No nos asombra la pérdida constante del Estado de derecho en mano de un Poder Judicial enceguecido por privilegios”.
