“¡Asesinos, asesinos!”, gritaba Celina Ordóñez y sus palabras se crispaban como sus dedos aferrados a las rejas, y la ayudaban a no soltarse para seguir gritando por la muerte de su hijo, Juan Carlos Fernández, una de las 9 víctimas de la masacre de la 3ª de Esteban Echeverría. Detrás de ella, el nombre de su hijo y los de Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Elias Soto, Miguel Angel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Corvera gritaban pintados en una bandera de arrastre a la que se aferraban los familiares y en la que se reclamaba “Justicia por la masacre de Esteban Echeverría”. Detrás de la bandera una multitud convocada para la marcha de reclamo. Del otro lado de las vallas, curiosamente encerrada, la comisaría 3ª de la que no surgió una sola palabra. No es para sorprenderse: la gobernadora María Eugenia Vidal jamás se refirió a la peor masacre en comisarías en la historia del país; y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la última vez que habló de detenidos, en septiembre pasado, dijo que los prefería amontonados.

La marcha comenzó tímidamente. En Salta y Camino de Cintura, barrio 9 de Abril. A las cuatro y media de la tarde empezaron a reunirse, a reconocerse, era todo tan nuevo. Llegó un grupo con sus remeras estampadas con el rostro de Jere, estaban Karina, su mamá, Ismael, su papá. “Vallaron todo, pero no les vamos a hacer nada, queremos pedir justicia, nomás”, comentó compungida Karina. “Nosotros recién estamos aprendiendo –dijo Ismael–. Ellos están todos preparados, y protegidos con las vallas. Pero nosotros no somos los peligrosos. Los problemas los traen ellos.”

Al ratito se juntaron los familiares de Elías Soto, y se notaba porque ellos también llevaban sus remeras con el rostro de Elías, muchos rostros de Elías que miraba, mientras sus familiares y amigos se abrazaban. “Ni motín ni fuga. Fue la policía”, afirmaba una cartulina azul en manos de un chico. “No se va quien se muere sino quien se olvida”, se leía en el dorso de algunas remeras e intentaba hacer de ese lema una certeza.

Minutos antes de las cinco, después de algunas fotos, el grupo que ya se había incrementado, se lanzó al asfalto, que no es avenida sino ruta, desplegó sus banderas aprovechando el semáforo, y cortó el Camino de Cintura en la mano que va hacia la Riccheri. Hay que cortar el Camino de Cintura. Fue todo al pulmón que da el aprendizaje, el paso urgente, la bandera de arrastre que apenas cortaba la mitad del asfalto y el corte se completaba con pancartas individuales, pequeños retazos, todos con sus reclamos. En el recorrido se fueron sumando otros familiares, llegó el diputado Horacio Pietragalla Corti (FpV), Luis D’Elía. El apoyo de la Corriente Clasista Combativa, de Barrios de Pie, de la CTEP, de la CTA. 

Al llegar a las vallas que cerraban por completo la amplia vereda, frente a la comisaría 3ª, el reclamo había reunido un millar de personas al menos.

La bandera con los nombres quedó desplegada de frente a la seccional, mientras colgaban pancartas en la valla.

Durante la mañana, los familiares y los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria tuvieron una reunión con el fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora especializada en Violencia Institucional. La especialidad de la UFI quedará confirmada luego de conocerse en qué rincones busca las pruebas. En principio, solo registró una patinada sobre suelo resbaladizo. La primera mención de Semisa sobre la causa fue un clásico de las crónicas policiales: se produjo un incendio en una celda a partir de una reyerta; derivó en la quema de colchones; incendio; cuatro muertes iniciales, de las cuales tres habían sido los que supuestamente desataron la pelea. Conclusión: mueren los culpables, desaparece la acción penal.

El juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore y la Comisión Provincial por la Memoria le recordaron a Semisa que el incendio se produjo en un espacio donde de tan exiguo no cabe otra cosa que agredirse, y que del hacinamiento no son responsables los hacinados sino quien los amontona. El juez, cuando recordó que en enero de este año había aceptado el habeas corpus presentado por la CPM, y había ordenado (término duro en el diplomático lenguaje judicial) el desalojo de la comisaría que ya debía tener los calabozos vacíos desde 2011.

La escena de la que parten los abogados de la CPM, que representan a un grupo de familiares, es que en un espacio de 12 metros cuadrados donde solo hay lugar para tres colchones y hay 12 detenidos, se iban turnando para dormir. El resto debía mantenerse de pie y para hacerlo mantenía música a todo volumen. La guardia decidió anular de un golpe y les cortó la luz. Se produjo el desbande, la protesta. El fuego se desató y en cinco minutos ya era imposible todo. Los que dormían murieron sin darse cuenta. Del resto, tres sobrevivieron, uno de ellos, Fernando Argüello, está al borde de la muerte.

Según datos concretos de noviembre cotejados por la Comisión Provincial por la Memoria, bajo las órdenes de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo hay 477 comisarías informadas, de las cuales 253 están inhabilitadas para alojar personas. De estas últimas, 117 incumplen la orden de clausura y siguen amontonando presos. El cupo de alojamiento es de 1021, pero la población de detenidos cuadruplica esa cifra: 4052. 

Según estimaciones ajustadas a la realidad, a las que accedió este diario, la cantidad de detenidos en comisarías clausuradas supera los 1800 presos.

Un inhumano y riesgoso criterio de seguridad que consiste en que casi dos mil personas caminen por la cornisa del infierno.