“Es la verdad”, afirmó el juez citando a Aristóteles y como si fuera su dueño. Pero lo que hizo fue tomar sólo una parte de lo sucedido el 1º de agosto de 2017 en Cushamen, cuando desapareció Santiago Maldonado. Gustavo Lleral decidió omitir la responsabilidad estatal y judicial en el operativo represivo de Gendarmería que puso en fuga al joven tatuador anarquista y a los mapuches. “Esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal”, dijo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa. Luego de escribir casi 300 fojas con florido lenguaje, el magistrado llamó a la madre de Maldonado, Stella Peloso, para avisarle que iba a cerrar la causa y, según relató la familia, el juez justificó la decisión porque estaba siendo “apretado”.
Curiosamente, el magistrado dio a conocer el fallo pocas horas después de haber recibido el resultado del peritaje al DNI de Santiago, hallado en el bolsillo de su pantalón cuando su cuerpo apareció sin vida en el río Chubut luego de 78 días. La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) anticipó a PáginaI12 que además de apelar el fallo hará una “grave denuncia al juez sobre los elementos que se peritaron porque no fue resguardada la cadena de custodia y porque el polímero es de una degradación centenaria”. Sobre estas pericias, dos fuentes expertas consultadas coincidieron en afirmar que el someter un plástico a peritaje “es una burla al sentido común y una burrada científica”.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich festejó el cierre de la causa como si hubieran ganado un partido, pero la final aún está pendiente y se jugará en los tribunales de alzada e internacionales, adonde acudirá la familia Maldonado porque en su condición de víctima siente que este fallo vino a ratificar su planteo de que “la verdadera e imparcial investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago jamás comenzó”.
Al dar por cerrada la causa el juez federal de Rawson dijo que “los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito”. Lleral sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado, y sostuvo que “nadie fue penalmente responsable” por el crimen, a pesar de que él mismo admite que sucedió mientras el joven huía. En la resolución mencionó una “sumatoria de incidencias” que terminaron con su vida: “la desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua helada humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo hicieron que le fuera imposible flotar, ni emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, indica un fragmento de la sentencia. Ni una sola mención a las balas de las cuales escapaba Maldonado. “Nadie forzó la desaparición de Santiago. Nadie resultó señalado por la prueba que se colectó”, planteó el fallo. “El solo, sin que nadie lo notara, se hundió”, afirmó el magistrado.
¿Cierre o volver a empezar?
El 17 de octubre del año pasado buzos de Prefectura encontraron el cuerpo de Santiago flotando en un sector del río Chubut revisado seis veces antes. Las pericias judiciales, algunas cuestionadas por la querella, indicaron únicamente que murió ahogado y las preguntas sobre las circunstancias de esa muerte que hizo la familia jamás fueron respondidas. En la misma resolución con que cierra el caso, el juez Lleral transcribe los dichos del testigo Lucas Pilquiman, quien relató: “Veo que Santiago no puede cruzar y se resguarda bajo los sauces en la costa del río, porque en ese momento los efectivos de Gendarmería nos estaban disparando con sus armas nueve milímetros y con escopetas”. Poco antes de fundamentar que Gendarmería no cometió delito alguno, el magistrado afirmó que “tengo por probado que Maldonado fue visto por última vez escondido entre los sauces allí existentes”. Respecto de los dichos de Matías Santana, que afirmó haber visto que al Brujo, como le decían, se lo llevaron los gendarmes por la barranca, Lleral indicó que son “suposiciones”. Es un hecho que hay otros seis jóvenes mapuches que vieron lo mismo pero la justicia no procuró los medios para preservarlos de las persecuciones que ya venían sufriendo, sobre todo luego del sangriento allanamiento del 1º de enero cuando le rompieron un tímpano a Fausto Jones Huala y la mandíbula a Emilio Jones, y por las cuales se negaron a dar testimonio. La mayoría de ellos tiene más de una causa abierta por hechos de protesta social.
Dice Lleral que no hubo detenciones, cuando la misma orden de Otranto que él menciona era “aprehender” a los manifestantes y el gendarme Daniel Gómez declaró que uno de sus compañeros gritó “tenemos a uno”, como consta en el expediente. El juez sostiene que si hubiera habido detenciones las personas que estaban en la tranquera las hubieran visto. Sin embargo, en las filmaciones se ve claramente la camioneta de Gendarmería cargada de bultos cubiertos con bolsas negras. A los mapuches nunca les devolvieron las herramientas que secuestradas en esos vehículos, que entraron y salieron varias veces. Tuvieron entre cinco y seis horas para disponer de todo lo que había en la Lof, y casualmente en ese lapso dejaron de filmar el operativo. Insiste el juez con que no hay registro de la detención en las comisarías ni dependencias de Gendarmería, como si las fuerzas de seguridad y policiales que cometen actos de violencia institucional respetaran la legalidad. Nadie interrogó a fondo a Ricardo Bustos, quien afirmó en redes sociales que Maldonado había sido “detenido por Gendarmería”.
Una ofrenda al G-20
“El juez Lleral emitió un fallo político, una ofrenda para el gobierno y el G-20, cerrar los casos Maldonado y Jones Huala”, dijo a PáginaI2 Mauricio Rojas, abogados querellante de la APDH. “Lleral era el director del procedimiento y al momento de la autopsia sacó a los abogados que hacemos el control de la prueba, no embolsó la plata que era más importante que el DNI, una prueba descuidada por él”, explicó.
El aparato judicial, como en todos los casos de desapariciones forzadas y violencia institucional, operó para encubrir los delitos de los gendarmes. Lleral buscó diferenciarse de Guido Otranto, el primer juez del caso, el mismo que había dado la orden de reprimir el corte de ruta. Iba a la Pu Lof sin custodia y recibía a los familiares pero luego archivaba todas las medidas que le pedían. En dos oportunidades acaparó la comunicación del caso, obligando a las querellas a callarse: el día del hallazgo del cuerpo y en la Morgue Judicial. Así, a dos días de las elecciones de 2017 eligió sus palabras al decir que no había signos de que el cuerpo haya sido lastimado o movido. Entre las medidas que nunca hizo está el análisis de la fogata que hicieron los gendarmes el día que irrumpieron a balazos en la Pu Lof, donde podrían (o no) estar los restos de la mochila del joven tatuador que nunca apareció.
A pesar de los ataques, la familia Maldonado luchó impecablemente durante más de un año contra el aparato estatal y mediático. Pero esta historia seguirá en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde la Argentina ya tiene una condena por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres. “Santiago por propia voluntad se internó en las heladas aguas del río Chubut y ahí murió sin testigos de ese trágico final”, dijo Lleral a pesar de lo testigos mapuches y también gendarmes que declararon que lo vieron correr.
