La modificación al régimen de ART fue cuestionada de manera dispar por los dirigentes sindicales. Desde la CGT criticaron que haya sido realizada por decreto, sin esperar a pasar por el debate en Diputados, donde la central esperaba incorporar algunos cambios complementarios. El secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, Jorge Solá, señaló que “no están las condiciones de necesidad ni de urgencia” para justificar un DNU. Lo mismo señaló el triunviro Héctor Daer, que sin embargo reconoció que la organización gremial coincide con el espíritu de los cambios. La CGT venía “trabajando desde hace rato con este tema”, en el que se había registrado “un incremento en las alícuotas de riesgo de trabajo grandísimo”, dijo el secretario general del sindicato de la Sanidad. En cambio, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que los cambios son parte de la “guerra santa” del gobierno de Cambiemos para “bajar el costo laboral y recortar los salarios”. En el mismo sentido, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostuvo que la reforma apunta a “eliminar la llamada litigiosidad dificultando el acceso de las víctimas a la justicia”.
El vocero de la CGT habló del tema horas antes de que se confirmara la firma del decreto. “Un DNU de la Ley de Riesgos del Trabajo va a ser atacado de inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia” apuntó, consultado sobre el tema. “Tienen una idea de sacarlo por DNU o sacarlo por ley, nos da la sensación de que quieren hacerlo sí o sí con nuestro consenso o por decreto”. Y añadió que el Gobierno “ha dejado esa inquietud” por lo que verían la situación “con el Consejo directivo”.
Daer, en cambio, señaló que la CGT “no objeta” las modificaciones en sí. “La realidad, nos queda un sabor amargo que esto no termine producto de haber pasado por la Cámara de Diputados y que cualquier abogado presente la inconstitucionalidad por haberse terminado resolviendo a través de un decreto de necesidad y urgencia”, indicó el dirigente en declaraciones a Radio Nacional. Allí remarcó que la CGT venía “trabajando desde hace rato con este tema” y que se había registrado “un incremento en las alícuotas de riesgo de trabajo grandísimo”, lo que generó un “desequilibrio importantísimo” por el que existen actividades en los que “el costo de asegurar a un trabajador llega al 20 por ciento del costo del salario y el promedio anda por el 9 por ciento”.
En la CTA la postura fue abiertamente crítica. “Uno de los temas sustanciales de esta reforma es la eliminación de la doble vía, con lo que se negará a quien sufrió un accidente de trabajo la posibilidad de recurrir a la justicia, como podía hacerlo hasta ahora, en caso de que la retribución por la pérdida física estuviera por debajo de la expectativa del trabajador. Esto significará darle a las ART la posibilidad de decidir unilateralmente. En concreto va a significar que las cifras miserables con que normalmente pretendían zanjar un accidente de trabajo ahora van a ser la última palabra. Por eso vamos a recurrir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de este DNU”, adelantó Hugo Yasky a PáginaI12.
Su central, junto a la CTA Autónoma, buscaba ayer apoyos entre los gremios cegetistas para definir una estrategia de oposición conjunta.
En este mismo sentido, la Asociación de Trabajadores del Estado advirtió que la modificación al régimen de las ART tiene como objetivo “garantizar el incremento de la rentabilidad empresaria en desmedro de los derechos fundamentales de la persona que trabaja: el derecho a la vida y la integridad psicofísica”.
“Si el objetivo es eliminar la llamada ‘litigiosidad’, el camino correcto sería suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de las enfermedades de origen laboral, las altas médicas apresuradas, las reparaciones miserables de los daños sufridos, la morosidad en el trámite administrativo ante las ART y ante las comisiones médicas. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral”, señaló desde el sindicato Matías Cremonte, director del departamento jurídico de ATE. El abogado del gremio estatal advirtió que el gobierno “opta por un camino diferente, el de dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo como condición para un tardío reclamo judicial”.
