Hoy, un tribunal conformado específicamente para el juicio, dará la sentencia en relación a la muerte de Coco Garrido en una comisaría en El Bolsón. Los acusados son dos policías, Laura Valeria Leiva y Emilio Victorino Oyarzú. El caso, sobre el que PáginaI12 dio cuenta desde el inicio, tiene su paradoja y se concentra en el cinturón. Unos, defensa y fiscalía, ponen el acento en quién dejó pasar el cinturón con el que el Coco según ellos se suicidó. La querella pone el acento en quién se lo colocó en el cuello.

El jueves pasado fueron los alegatos. “Coco Garrido no se suicidó, lo mataron”, alegó Marina Schifrin, abogada querellante de la familia Garrido, quien es asistida por la abogada de Derechos Humanos, Verónica Heredia. Schifrin recordó el testimonio de la perito Virginia Creimer, quien demostró en 2011 que la muerte de Guillermo Garrido que querían hacer aparecer como un suicidio en la celda de la comisaría 12ª de El Bolsón, en realidad había sido un homicidio luego de que lo golpearan en su cráneo para adormecerlo. Creimer lo volvió a detallar como testigo presentada por la querella ya que el fiscal Martín Lozano, ex juez del caso, no quiso pedir por ella.

La fiscalía pidió que se diera por probada la negligencia de los dos uniformados que estaban de guardia: Leiva y Oyarzú. Y la defensa de cada acusado sostuvo que la negligencia correspondía a los jefes de la comisaría y no a sus defendidos. En ambos casos, claro, primero requieren que sus propuestas den por nulo el minucioso peritaje realizado por la especialista que en el momento en que lo realizó formaba parte del equipo de consulta de la Procuración bonaerense, quien la ofreció como valioso aporte a la provincia de Río Negro. Ahora, la Procuración de Río Negro se arrepiente. Y acepten las tres páginas que en conjunto reunieron las versiones a vuelo de pájaro de los dos peritos presentados como contraprueba. Unidos la defensa y la fiscalía en el criterio, solamente se diferencian en quién es el acusado. Unos, la fiscalía, porque necesita los perejiles para abortar el caso. Los otros, la defensa, porque no pueden hacer otra cosa que defenderse.

Schifrin también recordó lo injusto de la justicia de haber establecido como sede Bariloche, privando de su presencia al público cercano a Garrido. También pidió que se investigue la detención ilegítima, el abuso de autoridad, tortura y homicidio doloso, el encubrimiento de funcionarios públicos, policiales, judiciales y médicos, y, además, los incumplimientos de los deberes de funcionario público. Hoy los jueces tendrán la palabra.