Cinco años después de haber sido descubierto en su doble rol, prestó declaración indagatoria Américo Balbuena, el oficial mayor de Inteligencia de la Policía Federal infiltrado en la Agencia de noticias Rodolfo Walsh durante once años, que habría espiado a centenares de organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

El jueves pasado, ante el juez federal Sergio Torres, negó ser agente de inteligencia, dijo haberse retirado de la Federal en 2014, gracias a lo cual cobra 60 mil pesos de jubilación. “Es extraño para alguien que trabajaba en horario discontinuo y prácticamente no hacía nada porque a toda hora del día estaba disponible para la Walsh. Si lo de Balbuena allí no era inteligencia, ¿cómo puede haberse mantenido como oficial mayor durante más de una década si no hacía otra cosa?”, advirtió el abogado querellante Matías Aufieri en diálogo con Página/12.

”Cuando la verdad salió a la luz, la Federal le abrió un sumario interno pero no se investigó nada, salvo a las organizaciones ya espiadas por Balbuena (…) como si quisieran enviar el mensaje que sólo saben investigar a las organizaciones políticas y que no dejarán de hacerlo”, señaló Myriam Bregman, diputada porteña (PTS-FIT) y autora de la denuncia que abrió la causa junto con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

En mayo de 2013 este diario denunció el caso y la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó investigar a todos los jefes de la División de Análisis de la Federal, para establecer si sabían que Balbuena violaba el reglamento del Personal Civil de Inteligencia (PCI), que les impide trabajar en cualquier medio de prensa. “El sumario fue una farsa, y hasta hoy la Federal sigue sin informar la totalidad de los superiores que (Balbuena) tuvo a lo largo de su carrera”, lamentó Aufieri.

Hoy, parte de la causa está en manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que debería peritar las computadoras de la Federal e informar las tareas asignadas a Balbuena. “Imposible confiar en ningún miembro de las cloacas de inteligencia”, subrayó Bregman, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), al igual que Aufieri.

Le decían el Pelado, y lo conocían todos. Era el primero en llegar a las notas y cuando la crónica había finalizado se quedaba haciendo preguntas tales como quién financiaba a tal organización o cuál sería la próxima iniciativa. Entrevistaba a dirigentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos y conocía en detalle los movimientos de todas las organizaciones.

 Por eso, cuando el abogado Eduardo Soares confirmó, en mayo de 2013, que Balbuena trabajaba nada menos que en Informaciones de la Federal -donde revisten alrededor de mil agentes, los llamados Plumas- un escalofrío recorrió a todas las organizaciones sociales.

La tarea de Balbuena y del resto de los espías siempre estuvo amparada por los decretos que reglamentaron la Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que datan de la dictadura de Juan Carlos Onganía.

En enero de 2010 Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por entonces diputado de Nuevo Encuentro, denunció la existencia del Cuerpo de Informaciones de la PFA tras recibir un sobre anónimo en su domicilio con información sobre la oficina de espías de la Federal. Cuando este diario hizo pública la denuncia contra “los intocables”, a Balbuena le quedaban todavía un par de años de trabajo secreto en la Walsh, a la cual se había acercado aprovechando que el director de la agencia era excompañero de la primaria. Pero fue recién en mayo de 2013, gracias a otra filtración de las entrañas de la misma Federal, que se descubrió el rol Balbuena.

Ante el juez Torres, Balbuena se amparó en el decreto que establece que los agentes de inteligencia están obligados a tener otro empleo, a pesar de que, aparentemente, nunca informó a sus superiores que había cumplido tal obligación en la Agencia Walsh. Para sus superiores, "incumplía" la normativa invocada, a pesar de lo cual tampoco objetaron el hobby paralelo de Balbuena en la Walsh.

En otro pasaje de su declaración, el espía aseguró que su actividad en la agencia de noticias no era un empleo remunerado. Frente a sus “compañeros” decía que se mantenía como corredor de la maderera de un cuñado. “Así tenía una cortina de humo y no necesitaba infiltrarse realmente en otro ‘empleo’. ¿Deberíamos aceptar que, por ley, los Pluma de la Federal van a infiltrarnos a todos en cualquier trabajo?”, se preguntó Aufieri.

Más allá de la legalidad de las funciones de Balbuena y de las obsoletas normas que sobreviven en la Federal, para los querellantes es clave que rindan cuentas sus superiores, y cifran sus esperanzas en la suerte de otra causa, la que investiga el espionaje a los docentes.

Mientras tanto, el proyecto presentado en el Congreso en 2013 por Nicolás del Caño y la propia Bregman para eliminar toda la normativa que ampara el espionaje ilegal, que contemplaba la inmediata disolución del Cuerpo de Informaciones, desde entonces está cajoneado en el Congreso Nacional.