La avanzada de Patricia Bullrich y su Reglamento para las fuerzas federales, para que las provincias adhieran a la norma, que ya se le había presentado con escándalos y dificultades políticas de variada índole, sufrió ayer el primer rechazo que vino de la mano de una prohibición judicial. La justicia porteña consideró inconstitucional la aplicación del protocolo para los Chocobares federales, al aceptar dos medidas cautelares presentadas por la legisladora porteña Myriam Bregman en conjunto con la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, y Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil; y por el representante de la Asociación Civil Nace un Derecho, Hernán Mirasole.

El Reglamento, publicado en el Boletín Oficial el lunes pasado, fue considerado inconstitucional e inaplicable en el ámbito de la CABA por el juez porteño del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo. Después de publicado el Reglamento en el BO, Bullrich intentó que las diferentes provincias se adhirieran al protocolo, que legitima que el agente dispare contra una persona incluso por la espalda simplemente para evitar que escape. En la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta había anunciado su decisión de aplicar la reglamentación en los policías de la casaca borravino. “La Ciudad va a adherir al nuevo protocolo, es un trabajo en equipo”, había afirmado el jefe de Gobierno porteño.

Pero las presentaciones de Bregman, Verdú, Lacorte y Mirasole derivaron en la prohibición por parte de la justicia porteña en su aplicación.

Gallardo unificó los dos pedidos de amparo y al hacerles lugar decretó “la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación (Reglamento para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad) y su inaplicabilidad en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

En el pedido de cautelar se sostiene que “lo dispuesto en la Resolución (...) resulta ser un compilado de las excusas o intentos de justificación que manifiestan los agentes de las fuerzas de seguridad en numerosos ‘casos de gatillo fácil’”. Y agrega que la norma “presenta tan evidentes deficiencias y lagunas que si no son fruto de la torpeza no pueden si no significar un deliberado intento de eludir los deberes constitucionales y convencionales que pesan sobre el Estado al momento de hacer uso de la fuerza”. Y, de acuerdo a la interpretación del juez, la resolución de Bullrich representa una respuesta del Estado “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad”, que trae como resultado un conjunto de reglas “transcriptas mecánicamente de normas internacionales”. Para Gallardo, esta nueva doctrina de mano dura, lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.

“Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, sostuvo Bregman.

La agrupación Nace un derecho hizo eje particularmente en que el protocolo de Bullrich vulnera la autonomía porteña, que tiene su propia ley de Seguridad, y lesiona los derechos “bajo el método de la represión y una política de exclusión”.

En su fundamentación, Gallardo destacó que el Reglamento fue considerado en los medios masivos como la “exteriorización de la doctrina Chocobar”, hizo un repaso del caso, en el que el policía mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, recordó que el caso llegó hasta la Corte Suprema y que en todas las instancias la Justicia convalidó el procesamiento, y que pese a ello el presidente Macri recibió y homenajeó a Chocobar. Y sostuvo que “la nueva reglamentación (...) se avizora más como la intención de avalar el obrar, hasta ahora de licitud incierta de los agentes de las fuerzas de seguridad en uso de sus armas de fuego, que como un esfuerzo de paliar la delincuencia.”

Y comparó la norma con las prácticas del Far West: “Pareciera entonces que la ocurrencia para prevenir y luchar contra el delito se circunscribe a una simple cuestión: quién dispara primero, el policía o el delincuente.”

Por último, el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño “se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local al citado reglamento federal o cualquier otro de naturaleza homóloga.”

En la provincia de Buenos Aires en off la evaluación de seguridad iba en sentido del rechazo. En Córdoba, donde también oficialmente sostienen que “está bajo análisis”, el secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, ya había afirmado que el “único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”.

En CABA, donde la urgencia para levantar el fracaso del escándalo del clásico, que dejó un ministro en el camino, la necesidad táctica de adherir al Protocolo quedó frenada en la tranquera.