El hacinamiento en comisarías bonaerenses, del que derivó la peor masacre de la historia argentina en comisarías, la ocurrida en la 3ª de Esteban Echeverría, ya llegó al primer mundo: será tema de reunión especial, hoy, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. La reunión tendrá lugar en el edificio GSB de la OEA, asiento de la CIDH y fue organizada en forma urgente para reunir a las partes. Mientras, la Auditoría de Asuntos Internos decidió desafectar a los cinco bonaerenses que prestaban funciones en la 3º la noche del 15 de noviembre, cuando se desató el incendio que derivó en la muerte de 9 personas alojadas en celdas que tenían orden judicial de clausura. “Este conocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial”, destacó la Comisión Provincial por la Memoria. 

La medida de desafectación, que es diferente a la exoneración (expulsión de la fuerza), aparta provisoriamente del servicio a los policías, permite su investigación y evita que estén en contacto con su actividad, portación de armas y demás. Los suspendidos son el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.

“Esta resolución significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada”, subrayó en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria, que representa a las familias de las víctimas, y exigió “una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales”.

En Washington, entre tanto, Juan Pablo Gomara, de la Defensoría de Casación bonaerense, y Paula Litvachky, por el Centro de Estudios Legales y Sociales y Roberto Cipriano por la CPM, llevarán los reclamos de medidas cautelares sobre seis comisarías bonaerenses, tres de Lomas de Zamora y tres de La Matanza, todas dependientes del gobierno bonaerense, por el peligro en que se encuentran las personas que están alojadas en ellas. La peor masacre en la historia del país confirmó que el pedido de cautelar no era una manera retórica de describir el hacinamiento.

La 3ª fue incorporada a la mesa de reclamos contra el Estado, quien también se integrará en la reunión convocada por la CIDH, aunque no está claro el modo en que se integre: se trata de una mesa de trabajo y por el momento, el gobierno bonaerense ni siquiera se tomó el trabajo de desdecir siquiera en forma discursiva su anunciado “amontonamiento” de personas, un eufemismo moderno del hacinamiento. El propio gobierno bonaerense quedó paradójicamente preso de su propio lema: quien las hace las paga. En la mesa de la CIDH en Washington, es el acusado.