La Justicia salteña imputó al ex director de la Unidad Carcelaria 1 y al ex jefe de Departamento de Vigilancia y Tratamiento del penal por “incumplimientos de deberes de funcionario público”, en la causa en la que se investiga el femicidio de Andrea Neri, de 18 años, asesinada el 5 de enero mientras realizaba una visita íntima a su pareja, Gabriel Herrera, ahora doble femicida.

El fiscal penal en feria, Pablo Paz, citó al prefecto Juan Carlos Gutiérrez y al Alcaide José Luis Ávalos. Ambos se negaron a declarar, pero no quedaron detenidos porque el delito que se les imputa, incumplimiento de deberes, sólo establece una pena de un mes a un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

En la causa investigada hay dos oficiales imputados, Daniel Vázquez y Héctor Augusto Franco, ambos por “abandono de persona seguido de muerte”. Los dos permanecen detenidos porque el delito por el que se los acusa (artículo 106 del Código Penal) contempla una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Los fiscales Pablo Paz y Pablo Rivero diferenciaron en su imputación las responsabilidades de los cuatro acusados. Sostuvieron que Gutiérrez y Avalos incurrieron en la omisión de sus deberes y destacaron que “se trata de funciones de cumplimiento ineludible y que se encontraban en la órbita del ejercicio de sus cargos, evidenciándose con ello un actuar intencional demostrado en la falta de control y de cumplimiento efectivo de las pautas impuestas en las normativas que rigen en la Unidad Carcelaria.”

Paz y Rivero agregaron que “el Ministerio Público no puede permanecer ajeno al hecho de que en la base de la situación que derivó en la muerte de la víctima se encuentra como factor desencadenante una inadecuada intervención estatal, que involucraba a varios agentes penitenciarios”.

En cambio, los fiscales señalaron que los dos detenidos autorizaron a Herrera a recibir visitas íntimas de Neri, y advirtieron que realizaron el trámite “desaprensivamente respecto de la integridad física y vida de esta última ya que la autorización se basó exclusivamente en un pedido del interno sin valorar el grave antecedente por el cual Herrera se encontraba cumpliendo condena , esto es haber matado a su anterior pareja en circunstancias en que lo visitaba en la cárcel (Verónica Castro, de 29 años, en otro penal de Salta 11 años atrás)”.