La Legislatura porteña aprobó en segunda lectura los Códigos Urbanísticos y de Edificación, con el edificio vallado y fuerte presencia policial. La Ciudad prevé en su constitución mecanismos de democracia participativa, pero cuando no funcionan, cuando se malversa la audiencia pública y se corre a todo ritmo para que los negocios del establishment cierren, la fuerza es la única vía para las decisiones que se toman en la más absoluta soledad. Es tal el déficit democrático en el derrotero de ambos códigos que el Pro ni explicó su apartamiento de las propuestas recibidas en la audiencia pública, ni toleró escuchar a la disidencia: legisladores/as de la alianza gobernante se retiraron de sus bancas mientras la oposición ejercía la palabra. El Pro y la Coalición Cívica aprobaron los códigos en total aislamiento. Los radicales que se habían abstenido en la primera lectura, votaron en contra.

Los proyectos de modificación de ambos códigos se presentaron sin actualizar el Plan Urbano Ambiental y responden al objetivo de garantizar rentabilidad a los grandes (des)arrolladores inmobiliarios y al capital financiero vinculado a estos. La secuencia de algunos actos gubernamentales da cuenta de indicadores precisos y convergentes que así nos permiten afirmarlo. Primero, a nivel federal, la ley 27.260 habilitó el blanqueo de capitales. Luego, con el Código Urbanístico, se cambiaron los usos del suelo para permitir más construcciones, y con el Código de Edificación se habilita a construir viviendas de 18m2 que no responden a las necesidades habitacionales de las familias porteñas. Además, la gestión Rodríguez Larreta ha subastado el predio del Tiro Federal y se propone nuevas enajenaciones de tierras, entre ellas el Cenard. Todo esto pasa en una ciudad que no tiene resuelto el problema habitacional, con familias viviendo en las calles y que no tiene vacantes en escuelas ni jardines de infantes aun estando obligada judicialmente a proveerlas.

La ciudad que emerja de las intervenciones que se habilitan con estas medidas elitistas y retrógradas excluirá a las personas con discapacidad y a las de bajos ingresos. Las últimas porque las medidas llevarán al incremento del valor del suelo, y entonces quedarán a expensas de quienes trajeron su capital de origen desconocido sin tributar. El interés de lucro no se condice con las necesidades de la población en su conjunto. Ninguna persona con discapacidad motora podrá habitar un inmueble de dimensiones mínimas y con ascensores pequeños, y verá agravada aún más su participación social a causa del resto de las medidas regresivas en materia de accesibilidad que se aprobaron.

La ciudad empujará a las personas con ingresos mínimos y a las personas con discapacidad hacia sus márgenes y, en el caso de éstas últimas, las barreras arquitectónicas les vedarán el acceso a otras viviendas donde los inviten y a edificios de uso público inaccesibles.

* Asociación REDI.

** Fundación Rumbos.