El proyecto para que ingrese el transporte público a Nordelta, que quedó trabado la semana pasada por la oposición de Cambiemos y de un concejal de Unidad Ciudadana, podría ser aprobado finalmente este año. La iniciativa había sido presentada por el intendente de Tigre, luego de que varias trabajadoras domésticas denunciaran que las combis privadas de MaryGo muchas veces no las llevan porque los habitantes del complejo se niegan a viajar con ellas por “mal olor y porque hablan mucho”. Ayer, ante la gravedad de la situación, el resto de los ediles de Unidad Ciudadana solicitó a la presidenta del Concejo Deliberante abrir sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ordenanza que habilita el ingreso de la línea de colectivos 723 a la troncal pública que atraviesa la ciudad-pueblo. El intendente, esta semana, también envió al Concejo una nota para pedirle a los distintos bloques “que a la brevedad traten este tema en función de la urgencia que tenemos para darle tratamiento”. El director ejecutivo de Nordelta S.A., compañía que durante años ha cedido al pedido de un grupo de vecinos que se opone al ingreso del transporte público, también dio su visto bueno a la iniciativa e informó que actualmente están trabajando para que pueda entrar el 723.
“Yo creo que hay una presión muy fuerte de parte de la sociedad y que muchos concejales que votaron en contra del tratamiento sobre tablas hoy comprenden que hay que responder rápidamente a este problema. Si logramos llegar a las sesiones extraordinarias, probablemente contemos con los votos para que se apruebe el ingreso del 723 a la troncal” dijo Roxana López, concejala de Unidad Ciudadana. Dado que se necesitan 8 firmas para abrir sesiones extraordinarias y el bloque solo cuenta con 6 –aún no recibieron el aval del séptimo edil de la fuerza política–, los concejales de Unidad Ciudadana iniciarán un diálogo con el Frente Renovador para que aporte las 2 firmas faltantes.
Si se concreta el llamado a sesiones extraordinarias, el proyecto de ordenanza podría ser aprobado este año. “Esto beneficia a todos los habitantes de Tigre. Más adelante vamos a poder seguir escuchando a los vecinos de Nordelta que quieran presentar una propuesta superadora. Pero hoy lo superador es que circule el transporte público, a la brevedad”, explicó la concejala. Y agregó: “Esperamos que Cambiemos no utilice esto como vidriera política y que realmente comprenda la gravedad de la situación”.
“Después del intento frustrado de tratarlo sobre tablas yo envié una nota al Concejo Deliberante pidiéndole a todo el cuerpo de concejales que a la brevedad traten este tema en función de la urgencia que tenemos para darle tratamiento”, dijo a PáginaI12 el intendente de Tigre, Julio Zamora. La troncal permanece cerrada al transporte público desde hace años por un trato entre la empresa y la municipalidad. El acuerdo, según el jefe comunal, consistía en que a cambio de la guarda de Avenida de los Lagos la empresa Nordelta iba a realizar obras en el troncal. “En los últimos dos o tres años no hubo acuerdo, así que fijamos un 10 por ciento de sobretasa. Si se aprueba el proyecto, va a ingresar el transporte público pero la guarda de Nordelta sobre la troncal va a seguir existiendo, por eso vamos a seguir cobrando la sobretasa”, aclaró hace unos días a este diario.
Esta semana, el director ejecutivo de Nordelta S.A., Diego Moresco, informó a los medios que están “trabajando para que entre el colectivo 723, que sea un transporte para todos con SUBE como sucede en cualquier ciudad de la provincia, siempre teniendo como prioridad la seguridad”.
Actualmente, entonces, el proyecto es solo resistido por un grupo de vecinos de Nordelta y los concejales de Cambiemos que no habilitaron el tratamiento sobre tablas. “Hay que distinguir a los actores de Nordelta: por un lado está Nordelta S.A., que es la compañía de Costantini que hizo todo el proyecto; por otro lado está la Asociación Vecinal de Nordelta, que es controlada por Costantini pero tiene participación de los residentes; y, finalmente, están los vecinos en general, que fueron los que se espantaron ante la posible llegada del transporte público. Se alarmaron porque iba a poder entrar gente distinta, iban a perder el control y, sobre todo, porque eso podría implicar una baja en el valor de sus terrenos”, explicó Ricardo Greene, sociólogo y urbanista chileno que realizó una tesis de doctorado sobre Nordelta.
