Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron a los repudios al decreto de la ministra Patricia Bullrich que amplía y flexibiliza el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad. Con la interna desatada dentro de Cambiemos por el protocolo que da mayores facultades a los policías para disparar cuando haya “riesgo inminente”, las dos organizaciones de derechos humanos internacionales salieron a cruzar duramente el decreto. Para HRW, el DNU “podría permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”, mientras que Amnistía alertó que el texto “viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina”. 

Nombrando y arrobando a la titular de la cartera con nombre y apellido, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco, advirtió en Twitter que su resolución “cita elegantemente los principios de la ONU sobre empleo de la fuerza” a pesar de que “está plagado de vacíos y ambigüedades que podrían permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”. 

Vivanco se refirió a los apartados de la resolución 956/2018 en los que se toman disposiciones del organismo para poner bajo un manto de legalidad al decreto que habilita a policías y demás agentes a disparar, hasta por la espalda y sin dar la voz de alto, cuando se considere que exista un “riesgo inminente”. 

Amnistía Internacional, por su lado, exhortó al ministerio “a revisar” el decreto porque “representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado”. “Llama la atención que en el texto de la resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, aseguran en un comunicado al citar nuevamente el mismo apartado que HRW consideró mal utilizado en el decreto. 

Puntualmente, Amnistía se mostró preocupado porque la nueva reglamentación amplía las situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente”.