Una de las primeras cosas que hizo el presidente Mauricio Macri al asumir fue ponerle el freno a la reforma del Código Procesal Penal. Se entiende: el sistema iba a pasar de ser inquisitorio (donde el juez lleva la investigación) a ser acusatorio (en el que el fiscal toma protagonismo) y Macri estaba determinado a echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Una serie de amenazas y causas después, lo consiguió (no tuvo la misma suerte en el Senado para ubicar a una procuradora propia). Ayer, Diputados trató una segunda reforma del Código Procesal Penal Federal que volvió a ratificar la línea de la reforma que Macri no aplicó, pero con cambios: incluyó la flagrancia, el “colaborador eficaz” y la responsabilidad penal empresaria. Fue aprobada con 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones.

En su momento, la explicación para no aplicar la reforma que ahora impulsa el oficialismo era que “no estaban dadas las condiciones”, como aseguró la diputada Gabriela Burgos, encargada de defender la nueva iniciativa. Verbigracia: no había expulsado a Gils Carbó. Ahora, sin una procuradora propia, pero con un procurador interino que está alineado, el macrismo decidió avanzar en el proceso de cambio por un sistema acusatorio. Eso sí, con algunas modificaciones propias.  

El bloque de Argentina Federal acompañó la nueva reforma. Su jefe de bloque, Pablo Kosiner, aseguró que se trata de “un avance en el sistema procesal penal argentino porque la sociedad demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva”.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el Código Procesal Penal se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”.

El texto incorpora una docena de leyes aprobadas desde 2015 por el Congreso entre las que se encuentran la ley de flagrancia, creada para los delitos que están probados de manera indubitable; la del arrepentido, la de responsabilidad penal empresaria y la de ley de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto, entre otras.

La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) y después será aplicado en las provincias del centro del país.

Al igual que la reforma de 2014, el nuevo Código Procesal Penal establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio, totalmente oral, en el que los fiscales tendrán más protagonismo. La clave del cambio de idea del macrismo no es solo la salida de Gils Carbó: además, este cambio es un requisito para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que Macri viene persiguiendo desde su llegada al Gobierno nacional.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, celebró la aprobación del nuevo Código Procesal Penal: “El Código Procesal Penal Federal es ley. Festejamos la aprobación que se dio gracias al trabajo de todas las fuerzas políticas. Avanzamos hacia un sistema adversarial, que permitirá una justicia más rápida y trasparente”, afirmó Garavano en su cuenta de Twitter.

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia sintetizó que las reformas aprobadas por el Congreso “modernizan los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado”.

El nuevo Código –remarcó el ministerio– incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años. 

El Ministerio de Justicia prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

Garavano en tanto dijo también que este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, señaló que el nuevo Código impulsa la gestión digital de los casos, la incorporación de tecnología y la investigación penal inteligente “fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad”. Ahora, los fiscales comenzarán a tener más lugar y los jueces, se supone, se ocuparán de cuidar las garantías de los imputados.