A más de tres años y medio del crimen de Maximiliano Zamudio, el chico de 16 años que fue baleado por el prefecto Ariel Condori, en barrio Tablada, el uniformado será llevado a audiencia imputativa. "Es el único acusado por el fusilamiento", aseguraron desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional que acompaña a la familia, querellante en la causa que fue archivada dos veces, pero que se reabrió por insistencia de la familia, organizaciones y abogados querellantes. Exigirán que sea sindicado por homicidio agravado y que se ordene su prisión preventiva. El acusado dijo en su declaración que disparó en legítima defensa, cuando el pibe le quiso robar.

Maximiliano fue asesinado el 27 de mayo de 2015. El prefecto, que estaba de civil, le dio tres disparos con su arma no reglamentaria. En su declaración, dijo que actuó en defensa propia en una situación de robo. Sin embargo, los testigos aseguran que Maxi estaba solo y desarmado. Su mamá y otros testigos sostienen que el prefecto "lo remató en el suelo", cuando se bajó del auto.

"Llegar a esta instancia, a tres años y medio, es fruto del arduo y sinuoso proceso de construcción de justicia que encarnó su familia junto con el equipo jurídico y las organizaciones que venimos acompañando. Desde el primer momento, pronunciamos la verdad de lo sucedido contra las versiones policiales y judiciales así como enfrentamos los distintos reveses en la causa judicial", expresaron desde la Multisectorial. "La Justicia no solo negaba el hecho, sino que además intentaba culpar a Maxi", agregó Julieta Riquelme de la misma organización.

Es que la causa tuvo varias idas y vueltas, el primer fiscal en tomar la causa desde la Unidad de Homicidios dolosos, Miguel Moreno, solicitó el archivo, por no encontrar pruebas contra el funcionario de la fuerza. "Gracias a la lucha colectiva se logró el desarchivo de la causa, el apartamiento de Moreno por su inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares, así como la designación de un nuevo fiscal, Rafael Coria", recordaron desde la organización.

Después de un tiempo, Coria volvió a solicitar el archivo de la causa que, "nuevamente fue revertido gracias a la organización y la tenacidad de sus familiares y quienes acompañamos el proceso de lucha".

Finalmente, la Fiscalía Regional definió que el expediente sea investigado por la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Karina Bartocci, donde se realizaron medidas solicitadas por la querella, tales como testimonios que no habían sido requeridos.

Condori siempre estuvo en libertad y en funciones. Es que los fiscales de la Unidad de Homicidios consideraron que no había peligro de entorpecimiento probatorio ni de fuga.

Para la Multisectorial, "a partir de ahora se inicia una nueva etapa en la causa que requiere que sean tomadas otras medidas. Entendemos que el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal debe ser evaluado nuevamente en función de que, por primera vez desde cometido el hecho, Condori se encuentra más cerca de ser juzgado por su accionar". Por eso, exigieron que Bartocci "acompañe el pedido de la querella y que el tribunal dictamine la prisión preventiva del prefecto por considerar que las condiciones para evaluar el peligro procesal han cambiado considerablemente. Exigimos al Poder Judicial la pronta y eficaz resolución, luego de las constantes dilaciones, irregularidades, parcialidades e incompetencia por parte de los funcionarios intervinientes". Y aseguraron: "Siempre lo dijimos: fue homicidio".