El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer el decreto de necesidad y urgencia que establece una instancia administrativa-médica obligatoria para quienes inicien reclamos en el sistema de riesgos de trabajo. Para el funcionario, la necesidad de contar con un dictamen de una comisión médica jurisdiccional antes de iniciar cualquier demanda “corta de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa”. Los cambios representan una exigencia de los empleadores y las aseguradoras. El mismo mecanismo fue uno de los pilares de la reforma implementada a partir de 1996, que rápidamente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema ya que violaba la posibilidad de acceso a la justicia.
La iniciativa que tapona la posibilidad de iniciar juicios por accidentes instalando comisiones médicas obligatorias aguardaba hasta ayer que el Parlamento retome la actividad para ser debatido en Diputados. Sin embargo, el Gobierno decidió acelerar la transformación del sistema de riesgos del trabajo. En ese sentido, Peña aseguró que el contenido del decreto está en línea “con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso”. En la misma línea se expresó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien señaló que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a “cuidar los derechos de los trabajadores y a darles más certeza”. La decisión del gobierno fue cuestionada por los legisladores opositores y asociaciones de abogados laboralistas, que evalúan presentar un amparo contra el decreto de necesidad y urgencia 54 publicado el lunes en el Boletín Oficial. Desde el sindicalismo sólo se escucharon críticas aisladas.
