El macrismo decidió quedarse con todo el aparato habilitado para investigar maniobras de lavado de dinero, aquel que indaga sobre las sociedades y cuentas en el exterior como aparecieron en Panamá Papers, Paradise Papers, las cuentas del HSBC o las que denominaron Ruta del Dinero. La Casa Rosada ya maneja la Unidad de Información Financiera (UIF), una especie de SIDE económica, y ahora sumaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de la que sorpresivamente removieron a su titular, Gabriel Pérez Barberá. Es un fiscal de perfil técnico y de escasa presencia pública, que será reemplazado por un hombre del palo de Cambiemos, Mario Alberto Villar, al que vinculan al grupo de fiscales más alineados con el macrismo. Los funcionarios y allegados a la Casa Rosada corren constantemente el peligro de que se les detecten bienes no declarados en el exterior y ésta es una medida más para un eventual control de daños sobre un hallazgo. Pero los rumores hablan de que lo más importante de la apropiación de la Procelac es que se busca levantarle el perfil a las investigaciones contra Hugo Moyano. 

La remoción de Pérez Barberá fue obra del procurador interino Eduardo Casal, quien está haciendo buena letra para que el Ejecutivo lo mantenga en su cargo. Parece caída la postulación de la jueza Inés Weinberg de Roca, la candidata de Mauricio Macri, que no logra consenso en el Senado. En esa perspectiva, Casal se siente más confiado y va avanzando, pero siempre atento a congraciarse con el Gobierno. 

La investigación de los casos de lavado de dinero es una herramienta de importancia porque protege a la tropa propia y se utiliza en la ofensiva contra los opositores. Pérez Barberá no era un adversario del oficialismo, al punto que encabezó una parte de las pesquisas contra Moyano y su familia. Pero ya venía con la falla de origen de haber sido designado por Alejandra Gils Carbó y al no revistar en el team de fiscales oficialistas, no tocaba del todo la partitura deseada en Cambiemos. Además, Pérez Barberá no tenía alto perfil que el Gobierno quiere en las imputaciones contra los líderes del gremio Camioneros. 

En lugar de Pérez Barberá, Casal ubicó a Villar, un profesor universitario, por quien el Ejecutivo movió cielo y tierra para colocarlo como fiscal de Casación. O sea que tiene una importante deuda con el oficialismo. En los ambientes judiciales se lo considera a la par y en sintonía con Raúl Plee, otro de los hombres de Comodoro Py que integró la Comisión de Seguridad Deportiva de Boca Juniors en tiempos de la gestión de Macri. Plee encabezó la marcha de fiscales de 2015 por la muerte de Alberto Nisman, un hombre muy poco querido por sus pares, pero que fue rápidamente glorificado a raíz de la denuncia contra Cristina Kirchner. 

La Procelac juega el papel de apoyo de los fiscales en las investigaciones de casos de lavado de dinero. Su función es que cuando hay una causa, reúne la mayor información posible y la aporta a la acusación. La UIF en cambio se parece más a la ex SIDE: no se suponía que fuera tanto un organismo judicial sino que el objetivo es más de inteligencia fiscal. 

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri el papel protagónico pasó por la UIF, con la conducción de Mariano Federici, un ex técnico del FMI, y María Eugenia Talerico, ex abogada del HSBC, banco sospechado justamente por maniobras de lavado de dinero. La UIF usó la información de inteligencia fiscal para pasarla de forma directa a los jueces, puenteando a la Procelac, precisamente para conservar la UIF el alto perfil como querellante en todas las causas contra el gobierno anterior y amortiguando casos como el de los Panamá Papers contra integrantes del gobierno actual. La UIF se pelea con la Oficina Anticorrupción y con la AFIP, los tres organismos del Poder Ejecutivo, para ver cuál tiene más protagonismo, por ejemplo, en el juicio contra Lázaro Báez. En esa ofensiva contra el kirchnerismo, la Procelac mantuvo una actitud más técnica.

Uno de los ejemplos es que López Barberá hizo una prolija investigación sobre los Moyano, apuntando a los vínculos con OCA y otras sociedades. Pero se mantuvo siempre con bajo perfil. Según dicen en Tribunales la idea es que la Procelac tenga ahora mayor protagonismo, en especial, en esa cacería de los dirigentes gremiales. 

Para el equipo de Cambiemos el control de la Procelac tiene el elemento de adicional de la intervención en los expedientes en los que aparece dinero de los funcionarios en el exterior. Es público y notorio que gran parte del equipo gubernamental no sólo contaba con millones de dólares no declarados en países del norte, sino que la mayoría de ellos no atinaron a traer nada de regreso al país, sin siquiera mostrar confianza en su gestión. 

Este diario intentó dialogar con Pérez Barberá pero el ex titular de la Procelac no respondió a los llamados. Volverá ahora a su puesto como fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y subrogará también una fiscalía. 

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