“El 22 por ciento de los puestos parlamentarios en América latina están ocupados directamente por empresarios. Es una representación muy superior al peso real que tienen en las sociedades, que es de alrededor de un 3 por ciento”, indica Rosa Cañete, coordinadora de la campaña “Iguales”, contra la desigualdad en América Latina y el Caribe de Oxfam, para ilustrar el grado de inserción de la clase social más privilegiada en la estructura de la política regional. Cañete explica que esa desproporción es una de las causas de la estructura tributaria regresiva de los países de América latina, con el ejemplo extremo de algunas economías centroamericanas, en donde la acción estatal a través de impuestos y gastos no sólo no reduce la desigualdad, sino que la amplifica.

–¿A través de qué medios las elites empresariales se imponen en la definición de política pública?

–Identificamos once mecanismos utilizados para imponer sus privilegios por encima de los derechos de las grandes mayorías, desde la campaña mediática, la puerta giratoria o estar a ambos lados del mostrador hasta un lobby feroz y el pago de sobornos. El peor caso es El Salvador, en donde un 40 por ciento de los cargos parlamentarios eran empresarios. Es el país que registra el máximo nivel de inserción empresarial en la política y a mucha distancia del promedio, que es del 22 por ciento. Vemos otros casos muy fuertes, como por ejemplo el argentino, en donde el 40 por ciento de los puestos de alto nivel en el Ministerio de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri está ocupado por altos ejecutivos de empresas.

–La crisis de los partidos políticos es terreno fértil para la emergencia de agrupaciones menos tradicionales lideradas por famosos o empresarios.

–El 79 por ciento de la población en América latina opina que sus gobiernos gobiernan para los poderosos. Y no sólo eso: un 25 por ciento de la población dice que le da lo mismo un sistema democrático o no democrático. Esto habla del fracaso de la democracia para satisfacer lo que se esperaba de ella, es decir, un avance en la igualdad de derechos, una extensión de derechos. El otro factor es la corrupción, que hace que una parte de la población deje de confiar en el sistema político. Los escándalos de corrupción, a mi modo de forma equivocada, han minado la confianza en el sistema político.

–¿Por qué de forma equivocada?

–Porque se asocia la corrupción exclusivamente al sector político y se visibiliza muy poco el papel privado. El caso de Odebretch es paradigmático. Es una empresa privada que soborna y financia partidos de todo signo ideológico en más de diez países de la región y que de esta manera consigue ganancias brutales que le roban recursos a la ciudadanía, pero este caso en el imaginario colectivo ha quedado exclusivamente como culpa de los políticos implicados, que, por supuesto fueron culpables, pero no se visibiliza al sector privado. 

–Hay analistas que advierten que el crecimiento de la extrema derecha implica la búsqueda de un líder a quien “el poder” no pueda controlar.

–El surgimiento de este tipo de figuras políticas tiene mucho que ver con el hastío de la dirigencia tradicional partidaria. Además, la construcción simbólica desde los medios de comunicación lleva a la población a apoyar medidas de las cuales serían los principales afectados. En el caso de la política fiscal hay un caso paradigmático. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa intentó impulsar un impuesto a la herencia. Esta medida iba a afectar a un porcentaje bajísimo de la población, no llegaría ni a 1 por ciento. Sin embargo, el control de los medios de comunicación generó que la oposición del sector financiero y la banca sea adoptada por la población en general, que incluso se movilizó en las calles en contra de este impuesto.

–¿Hay casos de reformas fiscales progresivas en la región?

–A grandes rasgos, la estructura fiscal en los países no se ha transformado. En más de un 60 por ciento en promedio, América latina depende de los impuestos al consumo. Es una de las principales deudas que deja la década dorada de América latina. En cambio, se prefirió utilizar las rentas extractivas y ahora estamos viendo las consecuencias: Estados con recaudación insuficiente e injusta. Hay países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, en donde la acción del Estado no sólo no reduce la desigualdad, sino que genera pobreza. A través de los impuestos y del gasto público no sólo no consiguen en el impacto neto positivo, sino que sí misma la acción pública genera pobres. Los países de la OCDE captan mayormente impuestos por renta, ingresos y propiedad en una proporción mucho más alta que en América latina. De hecho, a nivel de mercado la desigualdad de ingreso es igual en América latina que en Europa. Pero la acción fiscal en los Estados europeos reduce la desigualdad de una manera consistente, mientras que en América latina tiene un impacto totalmente marginal.