¿Hasta qué punto el accionar de las elites económicas pone en riesgo la calidad de la democracia? A diferencia de otras épocas de la historia argentina y de América latina, en la que los dueños y directivos de grandes empresas no dudaron en propiciar y apoyar regímenes dictatoriales, hoy el poder económico acepta la vigencia de los regímenes democráticos porque ha logrado consolidar aceitados mecanismos de captura de la decisión pública que le permiten reproducir y ampliar sus recursos con gobiernos que gozan de legitimidad social.

En efecto, las élites económicas concentran cada vez más cantidad de riquezas y se apropian de flujos de ingresos cada vez mayores. Esta tendencia mundial es particularmente acuciante en América latina, donde el 1% más rico de la población posee el 37% de la riqueza y el 20% más rico recibe el 45% de los ingresos, según los datos del último informe OXFAM-CLACSO correspondientes al año 2017. La estabilización democrática en la región durante las últimas décadas no ha logrado mejorar sustantivamente estos indicadores de desigualdad, poniendo en tensión la capacidad de la democracia como régimen político a la hora de impulsar y garantizar el bienestar de las mayorías. Y esto nos obliga a pensar el rol de las elites económicas y sus modos de vinculación con el Estado

Lobby empresarial, colusión público privada y puerta giratoria son las tres formas más importantes que tienen las elites económicas para capturar la decisión pública en favor de sus intereses, ya sea para recibir transferencias directas de fondos públicos, ya sea para orientar las políticas en su propio beneficio. ¿Cuáles son las características propias de cada uno de estos mecanismos? ¿Cómo se fueron desplegando en nuestro país desde 1983 hasta hoy? ¿Qué herramientas se pueden construir para evitar (o al menos menguar) esta captura recurrente del Estado por parte de las elites?

En principio, conviene presentar algunas definiciones básicas ya que estas prácticas suelen confundirse o asimilarse. El lobby comprende diversos tipos de acciones destinadas a la representación de intereses particulares ante las autoridades públicas. Las elites económicas despliegan varios mecanismos de influencia en forma simultánea, a través de las corporaciones empresarias, de las agencias de comunicación estratégica o directamente a través de los dueños o directivos de las grandes firmas. Estas formas de lobby varían en su grado de visibilidad e institucionalización. La colusión público-privada sin embargo, suele darse en las sombras e implica la realización de acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios para apropiarse de parte de los recursos públicos estableciendo precios diferenciales en las compras y ventas que realiza el Estado (el famoso “club de la obra pública” y la “patria contratista” surgen de este tipo de prácticas colusorias entre elites económicas y políticas). Finalmente, la puerta giratoria remite a la circulación por altos cargos en el sector público y privado, flujo que puede darse tanto desde el sector privado hacia el sector público como a la inversa, y que en cualquier caso implica un proceso de fuerte erosión de la autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas ya que de forma más o menos directa, el poder económico logra orientar el accionar estatal en su propio beneficio o apropiarse de información y redes de contactos valiosos.

En los últimos 35 años las elites económicas recurrieron a todas estas formas de articulación con el Estado: durante el gobierno de Alfonsín, el lobby empresarial tomó la delantera con el rol protagónico de los Capitanes de la Industria; durante el menemismo, se destacó la puerta giratoria, aunque circunscripta a la gestión económica (en especial, a la regulación de los servicios públicos privatizados); durante el kirchnerismo, la colusión público-privada en torno a la realización de obras públicas y la concesión de servicios de transporte de pasajeros fue el mecanismo más utilizado. Durante el gobierno de Macri, la captura directa de las elites económicas llegó a su máxima expresión debido a la magnitud y el alcance de la puerta giratoria. Este fenómeno cualitativa y cuantitativamente novedoso multiplicó el grado de exposición a los conflictos de interés, las posibilidades de convertir el lobby sectorial en política pública y peor aún, logró internalizar en el propio gabinete la lógica predatoria de las diferentes fracciones de la elite. 

¿Qué hacer ante este avance de los poderes fácticos que se apropian directamente de los resortes de la decisión pública? En lo formal, incrementar los controles y regulaciones sobre todas estas formas de penetración del poder económico con normativas e instituciones nuevas (establecer períodos de espera antes y después de ocupar cargos públicos, institucionalizar las prácticas de lobby, crear organismos de control que no dependan del Poder Ejecutivo y cuenten con recursos suficientes para actuar de forma efectiva), pero en lo sustantivo, es necesario incrementar el poder social para que opere de contrapeso de los otros poderes a través de la movilización y organización voluntaria de la ciudadanía. De esta forma es posible organizar acciones cooperativas para producir, distribuir y controlar bienes y servicio; generar y fortalecer nuevas subjetividades y formas de relación social; disputar el sentido común hegemónico en el espacio público y fortalecer la democracia estableciendo vínculos sólidos con el poder estatal. Un gran desafío, sin lugar a dudas.

* Coordinadora del Observatorio de las Elites Argentinas (Idaes-Unsam) y directora del Centro de Innovación de los Trabajadores (UMET-Conicet).