Un operativo de Gendarmería con cincuenta efectivos, un camión hidrante, un dron y quince móviles desalojó el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en General Roca, y detuvo ayer a la mañana a ocho estudiantes que mantenían una toma desde hace noventa días, además de al menos a otras tres personas que se manifestaban en la zona. Por la tarde, los detenidos ya habían sido liberados, tras declarar ante la Justicia, en el marco de una causa por usurpación abierta a partir de una denuncia de las autoridades universitarias. Organismos de derechos humanos y gremios repudiaron la represión.

El desalojo del edificio conocido como “La Casona” terminó con la protesta iniciada el 14 de septiembre pasado, cuando un grupo de estudiantes y dos docentes tomaron la sede en contra de los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno y en reclamo de mejoras salariales, en el marco de medidas similares realizadas en todo el país, la mayoría de las cuales se levantaron tras el acuerdo paritario de los profesores. En el caso de la UNRN, la continuidad de la protesta se basó en algunos reclamos locales y, luego, en rechazo a la denuncia por usurpación presentada por las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Juan Carlos Del Bello. El rectorado de la UNRN y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron una solución pacífica al conflicto y el desalojo voluntario. Pero no hubo acuerdo entre las partes. Finalmente, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, procesó a las dos docentes que participaban de la medida y a comienzos de noviembre ordenó el desalojo de la sede, que se concretó ayer.

El operativo de Gendarmería cortó los accesos a la zona y detuvo a siete mujeres y un varón que participaban de la toma. Según denunció la Correpi, también detuvieron al abogado Fernando Larrubia, quien se había acercado para asistir a los manifestantes. Además, denunciaron que resultaron heridos varios manifestantes que se acercaron al lugar. “Esto muestra una vez más la impunidad de la avanzada represiva contra los sectores que se organizan contra las medidas de ajuste de los gobiernos provinciales, funcionales al gobierno nacional”, denunció la Correpi. También la CTA Autónoma repudió la represión.

Las autoridades de la universidad adelantaron que se pronunciarán ante lo sucedido en las próximas horas, una vez que cuenten con toda la información sobre los últimos hechos. Extraoficialmente, lamentaron que los manifestantes no levantaran la toma en forma voluntaria y aseguraron haberles ofrecido retirar la denuncia y detener los sumarios internos si lo hacían. Rechazaron la represión e insistieron en que “la toma no fue pacífica, hubo escraches, maltratos y daños materiales que a la universidad le costarán 1 millón de pesos”.