Representantes del sector audiovisual y otras áreas de la cultura brindaron una conferencia de prensa en las puertas de la Universidad Católica Argentina. Mientras se desarrollaba dentro de la casa de estudios el mercado Ventana Sur, los oradores –entre los que se encontraban Rafael Spregelburd y Luis Ziembrowski – denunciaban el vaciamiento cultural y la censura en el último Festival de Cine de Mar del Plata. Además, pidieron la renuncia del secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ralph Haiek. Participaron Máximo Ciambella y Damián Coluccio, documentalistas censurados en el marco del festival.
Fue una conferencia bajo los rayos del sol, cerca de las 18. En el edificio San José de la UCA se desarrollaba el mercado audiovisual organizado por el Incaa. Afuera, el primero en tomar la palabra fue Fernando Krichmar, representante de los directores de cine en el Consejo Asesor del Incaa, integrante de Documentalistas de la Argentina (DOCA) y una de las caras visibles de la intensa lucha del sector audiovisual. Krichmar replicó en el micrófono algunos de los ejes de un documento que había comenzado a circular días antes y que había recolectado 1300 firmas, entre personas y entidades del ámbito cultural.
Haciéndose eco de las razones de la reciente renuncia de Carolina Biquard, exdirectora del Fondo Nacional de las Artes, el texto plantea que “en su afán por hacer buena letra ajustadora ante sus jefes políticos, Avelluto ordena a los entes autárquicos que subejecuten sus presupuestos para invertir en diversos instrumentos financieros, en lugar de fomentar a las industrias culturales”. En el caso puntual del Incaa, los cineastas detectan este año una subejecución de 700 millones de pesos. Asimismo, son otros los temas que los alarman: no funciona el comité de otorgamiento de créditos, el patrimonio fílmico argentino “se pudre” por falta de apoyo, los trámites para concretar proyectos se demoran en la vía administrativa, los concursos se hallan reducidos o cancelados y se realizan rodajes relámpago que repercuten en la calidad de las obras y los ingresos de los trabajadores. También hay graves irregularidades en la aprobación del presupuesto.
Krichmar precisó que, en el marco de la Semana del Cine Argentino, el Incaa destinó 150 millones a las arcas de las grandes exhibidoras, “ayudando a películas que no necesitan de promoción estatal”. A todo esto se suma un tópico no menor: la censura que sufrieron los realizadores premiados y los jurados –tanto nacionales e internacionales– en la ceremonia de clausura de la 33º edición del Festival de Mar del Plata. En la inauguración, Avelluto había sido abucheado cuando exponía los supuestos logros de su gestión. La versión oficial suele destacar un récord de rodajes y de espectadores, falacias según el sector movilizado.
De la conferencia que se realizó a la intemperie participaron dos de los ganadores del festival, víctimas de la censura en un hecho sin precedentes en los últimos 20 años del evento. Máximo Ciambella y Damián Coluccio, directores de El árbol negro (mejor película en la competencia argentina), se acercaron para dar su apoyo a la vía de fomento conocida como vía digital o quinta vía documental, un logro de los documentalistas, incorporada por el Instituto en 2007. Actualmente, su continuidad estaría en riesgo. Fue la herramienta que a ellos les permitió concretar el film, sin contar con antecedentes. “Durante el festival se notaron los recortes. No me sorprendió que no nos dejaran hablar, pero con las repercusiones nos dimos cuenta de lo grave que fue que nos quitaran la palabra. Sigamos resistiendo y defendiendo al Instituto”, expresó Ciambella.
Spregelburd participó de la conferencia no en carácter de actor sino por haber sido jurado en el festival. “Me encontré con la situación absurda de tener que entregar un veredicto para no ser leído”, se quejó, y leyó la columna que publicó el 24 de noviembre en Perfil: en parte, es un “acto de reparación simbólica” en el que sintetiza y describe cada ópera prima distinguida, bajo la premisa de que “nombrar las cosas también hace que ocurran”.
“(Los funcionarios) Ya han tenido suficiente tiempo para mostrar lo que realmente son. Pasaron de la psicopatía y la extorsión directamente a la censura. El liberalismo se está acomodando hacia la represión, como con los protocolos que están sacando para que el gatillo esté absolutamente libre. Hay disciplinamiento en todos los órdenes. Por eso vengo a apoyar y a estar en contra de funcionarios que han dejado la vergüenza otra vez desparramada dentro de lo que es el orgullo de nuestro festival”, manifestó Ziembrowski. A su turno, el director del circuito independiente Juan Pablo Gómez, uno de los artistas más activos en la movilización que desembocó en la renuncia de Darío Lopérfido, aportó su mirada: “Es un momento de orgullo cívico pedir la renuncia de alguien; de empoderamiento del sector cultural. La de Lopérfido se logró porque toda la cultura se encolumnó detrás del pedido: no podíamos tener un funcionario que no estuviera a nuestra altura”, sostuvo Gómez, integrante de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura, e instó a sumar a la lucha a artistas de todo el país y también a exfuncionarios.
Sandra Gugliotta, asesora de Krichmar en el Consejo, destacó los “proyectos asfixiados, las pymes ahorcadas, los sueldos que no se van a poder pagar, la pérdida de puestos de trabajo”. También “la maraña infernal, difícil de explicar a la opinión pública, sobre el funcionamiento interno del Incaa”. Andrea Testa, que sucederá a Krichmar en el órgano de cogobierno del Instituto, dio cierre al acto: “No vamos a dejar que siga habiendo actos de censura, que son la punta del iceberg de todo lo que venimos denunciando. Queremos que las películas encuentren sus espacios, que se cumpla la cuota de pantalla y que el Estado respete la diversidad de identidades del cine nacional”.