El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex directivos de la multinacional Ford Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta de General Pacheco, durante la última dictadura cívico militar. Müller, que era jefe de manufactura en el momento de los hechos, recibió la pena de diez años de cárcel. Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, doce años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a quince años de cárcel. El TOF consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes. 

Aunque las condenas son sensiblemente menores a las alegadas por las querellas y la fiscalía –sus pedidos fueron de 25 años para cada acusado–, las penas son históricas ya que es la primera vez que la Justicia argentina condena a directivos de una multinacional como Ford no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última dictadura, sino por su participación directa en los crímenes de ese genocidio. Por unanimidad, los jueces del TOF 1 de San Martín, Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero, calificaron los hechos debatidos en el juicio como delitos de lesa humanidad. 

Tomás Ojea Quintana, abogado de los trabajadores víctimas junto a Elizabeth Gómez Alcorta, definió la condena como “un logro impresionante”. “Se hizo justicia. Quedó completamente acreditado que la empresa Ford fue cómplice de la dictadura militar”, explicó. Interpretó el fallo como “un hito importantísimo en el proceso de memoria, verdad y justicia”. “Esperamos que a partir de esto todos los otros juicios puedan tomar el camino correcto”, concluyó. Además, adelantó que la querella intentará avanzar sobre la responsabilidad empresarial de la multinacional. “Este juicio fue contra los individuos. Nuestro próximo objetivo es la sociedad Ford y que sea la empresa la que rinda cuentas”, apuntó.

El clima previo a la condena era optimista, como de llegada a una meta ampliamente esperada. Los trabajadores de la Ford que sufrieron los secuestros, las torturas y el encierro y cargaron sus consecuencias hasta hoy, abandonaron la sala de audiencias de los tribunales federales de San Martín con optimismo. A pesar de que tuvieron que escuchar, una vez más, a Müller burlarse de ellos. Haciendo uso del derecho que le corresponde a todo acusado de hablar antes de oír la sentencia en su contra, dijo que había venido a la Argentina en el ‘49 y que desde entonces trabajó en el rubro automotriz. Qué “siempre” se comportó de manera “política sin molestar a nadie”. “Tengo la conciencia tranquila”, acotó. 

Fue el único que habló y, aún así, no empañó la jornada al grupo de impulsores de la investigación, responsables de que lo que sucedió dentro de la planta de General Pacheco aquellas primeras semanas del golpe militar saliera a la luz y sus responsables sean investigados, enjuiciados y condenados. No paraban de dar entrevistas, de abrazarse entre sí y con sus familiares –compañeras, hijes, hermanos, amigues–, aunque la ansiedad no los abandonaba. Todos y todas llevaban un pañuelo blanco atado al cuello o a la muñeca con la leyenda “Juicio y castigo. Ford Nunca Más”. 

Luis María de Giusti es uno de ellos. Era delegado del comedor y tenía 19 años cuando fue “levantado”, el día del golpe, junto a Jorge Constanzo en un Ford Falcon dentro de la planta. Lo llevaron al quinto con otros compañeros y lo torturaron durante horas. De allí, lo llevaron a la Comisaría de Pacheco, luego a Devoto y luego a la U9 de La Plata. Lo largaron al año. Momentos antes de escuchar el fallo, De Giusti remarcó que “algo de angustia” sentía debido a que “muchos responsables y muchos compañeros nuestros murieron” antes del juicio. Nicolás Courad, que fue presidente de la planta durante los años de la dictadura, y el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga murieron hace años. Ellos, sostuvo De Giusti, “tuvieron la posibilidad de tener nietos, de llevarlos a la plaza, de ir al club. Nosotros perdimos a la mitad de los compañeros y no por viejos. Las torturas, el encierro sin razón y sin motivo, sin juez ni abogado pasan factura. ¿Qué hicimos nosotros para merecer lo que nos hicieron? Ni una piedra, ni un naranjazo le tiramos a la Ford”.

Tras la condena, largó el llanto. “Imposible que no hubiera condena si sobraron pruebas de que fueron ellos, los patrones, los que nos entregaron”, sostuvo con la vista, a cada rato, alzada al cielo. “Hay muchos compañeros que no llegaron. Para ellos también es esta alegría”, completó. 

Las condenas llegaron pasado el mediodía. Expresamente, el presidente del tribunal advirtió a los presentes en la sala que no dijeran nada a medida que él leía el extracto resolutivo del fallo. Momentos antes habían ingresado Müller y Sibilla –Riveros permanece en prisión domiciliaria–, a quienes los trabajadores, sus familias, los militantes que fueron a acompañarlos, recibieron con un “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Ante la advertencia del magistrado, el ex delegado de Ford Pedro Troiani, una de las víctimas del juicio, se desanudó el pañuelo y lo extendió para que Müller lo viera.

El primer condenado del fallo fue Riveros, considerado coautor de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y aplicación de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Fue penado con 15 años de cárcel, condena que se le suma a las otras –entre ellas, varias perpetuas– que ha recibido estos últimos años por delitos de lesa humanidad. A Müller y a Sibilla el tribunal los halló partícipes necesarios de los secuestros que sucedieron dentro de la planta de General Pacheco y de las torturas al grupo entero de trabajadores de la Ford que resultaron víctimas de este episodio de terrorismo de Estado. Al primero le dieron diez años de cárcel y al segundo, doce. Los jueces declararon como delitos de lesa humanidad los hechos que se debatieron durante el año de juicio oral y advirtieron que los condenados debían cumplir sentencia en cárceles comunes, aunque la aclaración fue solo conceptual ya que inmediatamente después de decirlo, habilitaron la prisión domiciliaria para los tres. Ninguno tiene menos de 80 años. 

Adentro y afuera de los tribunales estallaron los aplausos, que se extendieron en abrazos y festejos a medida que los presentes fueron desalojando las salas. A Carlos Propato, uno de los trabajadores víctimas del juicio, la emoción apenas lo dejaba hablar. “Esto es importante no solo para nosotros sino para todos los laburantes”, destacó. “Hace 42 años que estamos esperando esto, 42 años de sufrimiento nuestro, de todos nuestros compañeros, de nuestros hijos, de nuestras familias”, contó Ricardo Ávalos, otra de las víctimas. Cuando fue secuestrado, torturado y luego “blanqueado” en Devoto dejó “una nena de cuatro años y otra de un año y ocho meses y mi compañera tuvo que salir a buscar otro trabajo para mantenerlas. Sin razón me detuvieron, sin ninguna razón nos hicieron pasar por todo esto. Éramos unos bichos mal vistos y no era así, éramos simplemente obreros. Por eso hoy van a tener que pagar”, completó.

La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas celebró la condena. También lo hicieron el fiscal federal Félix Crous, los referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales Horacio Verbitsky y Diego Morales; la dirigente de izquierda Vilma Ripoll, y Victorio Paulon, secretario de derechos humanos de la CTA: “Esto prueba más que la complicidad, estos eran los dueños del golpe”, definió.