La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó directamente a la inmigración latinoamericana con el narcotráfico y aseguró que el 33 por ciento de los presos por delitos vinculados con el tráfico de drogas son extranjeros. “Acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, señaló la ministra. 

Las declaraciones de Bullrich se realizaron en el contexto del plan del Gobierno para reforzar los controles migratorios, con los que se busca impedir el ingreso de personas con antecedentes penales y facilitar la deportación de aquellos que cometan delitos. El proyecto se activó a fines de diciembre de 2016 luego del asesinato de un joven de 14 años en el barrio de Flores, del que fue acusado otro joven de la misma edad que fue deportado a Perú. Luego se supo que las pruebas que había en su contra eran endebles.

Sin embargo, la ministra incurrió en inexactitudes. En la Argentina, según la ONU, viven cerca de 2 millones de inmigrantes en forma permanente. Es el país de América latina más receptivo. Y en total, hay 1.420 extranjeros presos por delitos vinculados al narcotráfico. Es decir, el 0,07 del total.

Los dichos de Bullrich, por lo tanto, no muestran el todo sino sólo una porción, lo que equivale a ocultar parte de la realidad. Según un informe de 2016 de la Subsecretaría de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia, el 82 por ciento de los 8.012 presos por infracciones a la Ley 23.737 –conocida como la ley de drogas- son argentinos. Estos datos abarcan la totalidad de las cárceles de todo el país –incluso las “desfederalizadas” como las de la provincia de Buenos Aires- y no sólo a las mencionadas por Bullrich, quien se refirió en específico al Sistema Penitenciario Federal (SPF).

En las cárceles administradas por el SPF efectivamente el 33 por ciento son extranjeros y, entre ellos, la mayoría son ciudadanos de países limítrofes: paraguayos (408), le siguen peruanos (326) y bolivianos (273), según datos aportados por el Sistema Penitenciario a Página/12.

Aún así, los datos duros no explican una realidad más compleja: las causas por las que están detenidos. Si bien no hay estadísticas sistematizadas, se sabe que la mayoría de los presos por la Ley de Drogas lo está por contrabando. “Ahí puede estar Mi Sangre –el narco colombiano deportado a Estados Unidos-, pero también la mula que agarran en Ezeiza”, explica Alejandro Corda, integrante de la ONG Intercambios, y autor de numerosos informes sobre la vinculación de extranjeros y narcotráfico.

Para Corda, es lógico que haya extranjeros presos por cuestiones vinculadas al tráfico de drogas. “El mercado de la droga es trasnacional, es lógico que haya –por ejemplo- personas de Paraguay presas por esta cuestión, cuando la mayor parte del cannabis que se consume es un prensado de aquel país”. Sin embargo, “cualquier generalización de esta naturaleza –amplía Corda- es estigmatizante, cuando uno va a los números se encuentra que el 82 por ciento de los detenidos son argentinos. Es peligroso construir una generalización de este tema.”

En dos investigaciones sobre causas de contrabando de estupefacientes en pequeña escala realizadas por el Ministerio Público Fiscal, surgió que la mayoría de las personas imputadas eran extranjeras y cerca de la mitad mujeres.

“¿De qué tipo de delito estamos hablando? No hablamos de narcotráfico, sino de microtráfico”, advierte Silvana Garbi, socióloga e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).  “El tráfico muchas veces es una estrategia de supervivencia. En general son personas que no tenían trabajo, que vinieron transportando drogas adentro de su cuerpo, se las llaman mulas. Si miramos su condición de vulnerabilidad… ¿podemos decir que éstos son los narcotraficantes?”, agrega.

El Gobierno pretende, según adelantó Bullrich, prohibirle el ingreso a “toda persona que tenga antecedentes por delitos federales, como trata de personas o narcotráfico, y que tenga delitos por penas privativas de la libertad”.

Para Garbi esto es discriminatorio y constituye una “violación a los derechos más elementales, sobre todo teniendo en cuenta si esa persona, por ejemplo, ya cumplió la condena”. Para la especialista, la política que está implementando el Gobierno, sumada a las declaraciones de sus funcionarios, va a impactar en las ideas de la población de una forma determinante: “Cualquier persona que provenga de Paraguay, Bolivia y Perú va a ser sospechado… va a haber un control más estricto sobre ellos más que sobre otros. Se está vinculando a estos inmigrantes (y no a otros) a un determinado delito. Es gravísimo.”