Volviendo a viejas épocas, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dominó todo el proceso de las escuchas y la filtración del inocuo audio entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. La orden del juez Ariel Lijo era escuchar el celular de Parrilli porque se acusaba al ex titular de la AFI de no detener al narco Ibar Pérez Corradi. Pero Lijo le dio la tarea a los actuales funcionarios de la ex SIDE y éstos copiaron y desgrabaron lo que se les dio la gana, como por ejemplo la conversación privada entre CFK y Parrilli, que no tenía nada que ver con Pérez Corradi ni supone delito de ningún tipo. Tanto Lijo como el fiscal Guillermo Marijuán recibieron un informe de desgrabación en el que consta el diálogo, pero Lijo no tomó ninguna medida contra la AFI por meterse con algo ajeno al objeto procesal y Marijuán se despachó con una descabellada denuncia por los términos usados en la conversación entre la ex Presidenta y el ex secretario. La responsabilidad de la filtración de ese diálogo privado es de la Corte Suprema, que maneja las escuchas; del juez Lijo --muy cercano a Ricardo Lorenzetti y a Marín Irurzún, que tiene a su cargo las intervenciones telefónicas--, del fiscal Marijuán que manipuló la escucha y de la AFI, que tuvo en su poder el audio y las transcripciones, reeditando lo que siempre fue la alianza entre la justicia y el aparato de inteligencia. Hoy por hoy, existe una amenaza concreta de difundir más audios  --curiosamente cerca del juzgado los califican de puteríos-- reflejando el nivel de espionaje político existente.

Explicaciones

El juez Lijo salió a la cancha tratando de explicar lo ocurrido. No dijo nada del audio filtrado, sólo argumentó que él nunca dispuso de esa grabación y tampoco la tuvo en su poder Marijuán. El magistrado afirma que lo único que recibieron de la AFI fue un informe.

Con esa movida trató de sacarse de encima la responsabilidad por la difusión de un audio en el que no existe delito y que no tiene nada que ver con Pérez Corradi. En términos tácitos, Lijo admitió que le dio demasiado poder a la AFI en la investigación y que la agencia que conduce Arribas filtró la grabación.

 El argumento de Lijo fue que Parrilli supo de la existencia de las escuchas. "Parrilli se llevó copias de 90 grabaciones" --dijo ayer Lijo. Pero lo cierto es que esas copias de los audios se le entregaron a Parrilli en el momento de la indagatoria porque iban a ser pruebas utilizadas en el caso Pérez Corradi. Esa entrega de grabaciones no explica ni la filtración ni la existencia de espionaje en temas que no tienen que ver con Pérez Corradi.

Viejos tiempos

En el juzgado admiten que se le entregó demasiado poder a la AFI en el caso. Y no había ninguna razón para hacerlo, ya que la fuerza a cargo de buscar a Ibar Pérez Corradi era la Gendarmería. La AFI podía servir de apoyo a esa búsqueda, pero no es una fuerza de seguridad que puede hacer detenciones.

El protagonismo otorgado a los servicios de inteligencia, como en los viejos tiempos, se redondeó con que todo el proceso quedó en manos de la AFI. Agentes de esa Agencia fueron autorizados a retirar las grabaciones y hacer las transcripciones. Por lo tanto era entregarle todo el control de escuchas realizadas a un cuadro político, como Parrilli, y el vehículo directo para espiar a Cristina Fernández de Kirchner.

El juzgado tuvo una advertencia: le enviaron un informe del diálogo difundido el lunes. Ni siquiera en ese momento, cuando se vio que estaban usando conversaciones que no tenían relación con el prófugo, hubo una reacción para quitarle el poder a la AFI.

Inicio

 La denuncia original de ese expediente fue realizada por la ex ministra de CFK, Graciela Ocaña, pero desde el principio la AFI buscó intervenir. La acusación consistió en que Parrilli, al frente de la ex SIDE, pudo haber detenido a Pérez Corradi y no lo hizo. Y ni bien asumieron las autoridades macristas, con Gustavo Arribas a la cabeza, presentaron un informe contra Parrilli en la causa judicial.

Parrilli niega esa versión, sostiene que recién el 25 de noviembre de 2015  hubo datos de un Facebook de la pareja de Pérez Corradi y que la instrucción fue seguir esa pista. Quince días más tarde, se produjo la entrega del gobierno y la AFI a las nuevas autoridades.

Pero más allá de la discrepancia en las versiones, lo claro es que la AFI buscó el máximo protagonismo en el expediente y la justicia se lo dio, permitiendo que maneje las escuchas como quisiera.

Fechas

 Lijo dijo que las escuchas empezaron en junio de 2016 y que terminaron en agosto. En el medio hubo una renovación que la AFI pidió en forma tácita, presentando un informe. Es decir que el servicio de inteligencia no sólo tuvo el poder sobre las escuchas sino que gestionó la renovación.

En lo formal, el juez asegura que autorizó la intervención telefónica por 30 días y que luego se hizo la renovación por otros 30 días. Semejante movida llama la atención teniendo en cuenta que Pérez Corradi fue detenido el 14 de junio de 2016, o sea que la escucha siguió un mes y medio más. No tenía sentido que 45 días después de la detención, Parrilli estuviera hablando de los informes de inteligencia que le llegaron cuando se buscaba a Pérez Corradi, siete meses antes.

 Por otro lado, cerca de Parrilli aseguran que la escucha empezó en junio y terminó casi en septiembre.

Discoteca

Según dejó entrever Lijo, existen otras grabaciones, que no tienen que ver con Pérez Corradi y que "cuando el fiscal las vea, puede hacer otras denuncias".

Este diario averiguó en Comodoro Py que efectivamente hay numerosos discos con la grabación de diálogos que, según admiten cerca del juzgado, "son puteríos parecidos al del audio del lunes".

Como ya señaló el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, "no hay delito en esa conversación, mientras que su difusión es una maniobra ilegal, porque viola la intimidad". Que CFK haya dicho "hay que matarlo" (a Jaime Stiuso) no puede ser tomado seriamente como algo literal, sino es el modismo utilizado hasta el cansancio para expresar que "hay que contestarle, destrozar sus argumentos". Tampoco la frase en la que le pidió a Parrilli que relevara las causas "que le armamos, no que le armamos, sino que lo denunciamos", puede ser interpretada como un delito, ya que todas las denuncias fueron llevadas a la justicia y hoy son causas judiciales, impulsadas por fiscales.

Si se concreta lo que Lijo dio a entender, sobre la biblioteca de cds que todavía tiene la AFI, habrá más puteríos en los próximos tiempos. 

Responsabilidades

Pese al descargo que realizó el juez, la responsabilidad de la filtración quedó en la alianza entre justicia y servicios de inteligencia, algo tradicional de Comodoro Py. Y la máxima responsabilidad es de la Corte Suprema de Justicia, que de la mano de Ricardo Lorenzetti, quedó a cargo de las escuchas, después que el macrismo se las quitó al Ministerio Público Fiscal.

 En ese mismo nivel quedaron Lijo y Marijuán, encargados de la instrucción. El fiscal volvió a su protagonismo del año anterior con una denuncia directamente burda por el contenido de la conversación. Parece difícil de creer que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González le den un impulso a ese expediente sobre el diálogo entre CFK y Parrilli.

 No menor parece la responsabilidad de la AFI, que difundió la escucha justito el día en que su jefe, Arribas, debía dar explicaciones sobre las extrañas transferencias entre Hong Kong y Suiza. La ex SIDE trabajó en una escucha que en forma directa supone un espionaje político. No había ninguna razón ni para hacer un informe ni menos todavía para filtrar un audio que no tenía vínculo con el caso Pérez Corradi. Eso deja al descubierto que el objetivo fue intervenir el celular de Parrilli para tener un seguimiento de la actividad de la ex presidenta.

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