"Te voy a mandar a matar". Con esa frase como evidencia de dos hechos de amenaza contra su expareja, la Justicia imputó al líder de la barrabrava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte. La víctima dijo que son las palabras que solía usar para amedrentarla durante los 20 años que vivió a su lado, según señaló en la audiencia de ayer la fiscal Luciana Valarella, de la Oficina de Delitos de Violencia contra la Mujer. En uno de los sucesos contra N. S. -la madre de sus hijos-, el jefe del paravalancha canalla llegó a perseguirla con un palo de beisbol -reza la acusación-; en otro, le achacaron haberle "tirado una camioneta encima". El juez Mariano Aliau hizo lugar al pedido de fiscal de prohibición de acercamiento a 500 metros de la casa de la víctima; la obligación de presentarse cada 15 días a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y la prohibición de salir del país. Bracamonte se defendió: "Es todo mentira", dijo; y pidió que llamen a su hijo mayor de testigo.

Si bien la representante del Ministerio Público Fiscal (MPA) no pidió prisión preventiva para el acusado -porque así lo solicitó la víctima-, destacó la gravedad de los delitos cometidos y pidió reglas de conducta contra el acusado.

En el primero de los hechos, Bracamonte todavía convivía con la víctima, en marzo de este año, y la esperó a que llegara de la casa. "Estando usted muy agresivo, bajo efecto de estupefacientes, haber comenzado a perseguirla alrededor de la mesa con un palo de beisbol, mientras le manifestaba que la iba a hacer matar, con el objeto de amedrentarla y atemorizarla. Sucedió luego de que ella le dijera que no quería continuar la relación, habiendo permanecido usted durante días sin hablarle", dijo sobre el hecho del 27 de marzo, alrededor de las 19 horas.

El segundo hecho ocurrió el 19 de octubre, alrededor de las 13.25 cuando la mujer volvía a su casa luego de llevar a su hijo menor al colegio. "Usted estaba en una camioneta color blanca, bajó el vidrio y le manifestó que la iba a hacer matar, con objeto de amedrentarla", imputó la fiscal. Sobre la camioneta, mencionó que la víctima dijo -y se comprobó- que está a nombre del intendente del estadio de Rosario Central.

Valarella hizo hincapié en que el caso configura un delito en el contexto de la violencia contra la mujer. La pareja mantiene una relación desde hace 20 años, cuando se casaron y tuvieron dos hijos, uno de ellos mayor de edad. "La víctima dijo que durante toda la relación el imputado la controlaba: la llamaba todo el tiempo para saber dónde se encontraba y ejercía violencia psicológica. Además dijo que condicionaba sus actos en relación a lo que Bracamonte esperaba de ella para evitar agresiones y malos tratos". En una de las declaraciones frente a la fiscal, la víctima relató un episodio en el que en medio de una discusión "Bracamonte le tiró la camioneta encima y que al ver la situación, una vecina le preguntó si necesitaba ayuda". Al hacer la denuncia, en noviembre, la víctima pidió la restricción de acercamiento.

En relación a la frase usada para la amenaza, la mujer dijo que "son los términos que Bracamonte solía usar y que se los repitió en varias ocasiones". Tras escuchar a Valarella, Bracamonte quiso hablar. "Es todo mentira, mi hijo más grande puede ser testigo de esto. Lo que dicen de la camioneta fue un día que quise saludar a mi hijo, porque hace cuatro meses que no lo veo. Estamos peleando por bienes. Ella quiere más plata. Yo no tengo ningún palo de beisbol ni nada", aseguró.

Frente a los pedidos de la fiscal, el defensor Carlos Varela no se opuso a la prohibición de acercamiento, pero pidió que la firma en la OGJ sea mensual y en una dependencia policial cercana a su casa, porque el acusado se tomaría vacaciones y por ser una persona reconocida no quería circular por el Centro de Justicia Penal. También pidió que le permitan salir del país con pedido de autorización previa. Sin embargo, el juez Aliau hizo lugar al pedido fiscal de firma quincenal en la OGJ y prohibición de salir del país, durante tres meses.