El general director de Carabineros de Chile, Hermes Soto, hizo ayer un mea culpa público respecto del actuar de la institución en el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en noviembre mientras se desplazaba en un tractor junto a un menor de 15 años, en La Araucanía, al sur de Chile. “Han sido días difíciles y desgastantes. Pero no se puede seguir por el camino equivocado del abuso de poder. Del uso innecesario de la fuerza y menos del empleo indiscriminado de las armas”, dijo Soto a los policías en videoconferencia. El pedido de disculpas del jefe de Carabineros llegó luego de conocerse la declaración de uno de los imputados, el sargento Carlos Alarcón, que afirma que su superior Christian Franzani le exigió mentir ante la Fiscalía.
El 14 de noviembre varios agentes ingresaron a la comunidad indígena en la que vivía Catrillanca en el marco de un operativo para detener a sospechosos por un robo de autos. En la primera versión que los imputados y detenidos ofrecieron a la fiscalía, afirmaron que el mapuche murió en un enfrentamiento. Además sugirieron que Catrillanca era uno de los delincuentes y negaron haber llevado cámaras de video durante el operativo. Sin embargo la investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) determinaron que ni Catrillanca ni el menor de 15 años que lo acompañaba dispararon armas ese día. “Se ha acreditado que hubo un disparo directo al tractor, no hubo enfrentamientos, ni tampoco una persecución”, señaló la magistrada Sandre Nahuelcura al dictar la prisión preventiva de los cuatro policías. Además la jueza confirmó que ellos no sólo tenían cámaras durante el operativo sino que también destruyeron las tarjetas de memoria. Por tal motivo la fiscalía dictó prisión preventiva a los acusados bajo el cargo de asesinato y obstrucción de la investigación. Alarcón y Raúl Ávila fueron imputados por el homicidio del joven y por entorpecer la causa, mientras que el suboficial Patricio Sepúlveda y el cabo Braulio Valenzuela fueron acusados solo del segundo delito.
“Una vez más (...) el origen del cuestionamiento social se sustenta en una burda mentira, que pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, se transforma en una escalada de errores muy difíciles de explicar”, reflexionó el general Soto. Sin embargo, para Jorge Huenchullan, Werken (una de las autoridades) de la comunidad de Catrillanca la situación de la carabineros es compleja. “Ellos hicieron su propia realidad. No sólo mataron sino que además mintieron a la justicia, al país y a su propia institución”, denunció el líder de la comunidad a PáginaI12. La comunidad mapuche revela que el actuar de los carabineros es una constante. “Es grave lo que están haciendo. No sólo escondieron evidencia en esta causa, sino que ya el año pasado nos imputaron en la Operación Huracán bajo la ley antiterrorista. Esto es una práctica habitual”, denunció el líder mapuche.
A la detención de los cuatro policías se agregaron las renuncias de algunos funcionarios de gobierno. Este fue el caso del intendente de la Araucanía, Luis Mayol, que fue cuestionado por afirmar que Catrillanca murió en un enfrentamiento. El líder mapuche comentó a este diario que la renuncia del intendente no es garantía de justicia en la causa. “Por supuesto que hay responsabilidades políticas. Mayol prejuzgó antes de saber la verdad y ayudó en la mentira de la policía. Pero El Estado tiene que tomar reales cartas en el asunto y escuchar a la comunidad mapuche como nunca lo hizo.”
Además de la dimisión del intendente, el viernes pasado renunció el director nacional de orden y seguridad de Carabineros, el general Christian Franzani. El uniformado está en la mira de la fiscalía por haber viajado a La Araucanía acompañado de abogados antes de que los implicados en el caso hicieran sus primeras declaraciones en la justicia.
En un intento de calmar las protestas provocadas por la muerte del comunero, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció que retirará del sur de Chile al Comando Jungla, grupo especial de la policía involucrada en el asesinato. Esta medida tampoco significa un real avance en la causa, denuncia la comunidad. Según el líder mapuche, la retirada de la fuerza de elite que no supera las 40 personas, no implica la desmilitarización de sus comunidades: “Seguiremos siendo hostigados, torturados y detenidos arbitrariamente.”
Informe: Sofía Solari.
