La prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de diciembre, dejó en claro otra de las prioridades del Gobierno –más allá de la declamada ley anti barrabravas–: la ley de financiamiento de los partidos políticos que habilita el hasta ahora prohibido aporte de las empresas a las campañas electorales. Tras la frustración en la Cámara de Diputados, donde las diferencias internas en Cambiemos y la resistencia de la Coalición Cívica a avalar el aporte económico de los empresarios, el decreto del presidente Mauricio Macri publicado ayer en el Boletín Oficial habilitó su tratamiento en el Senado. Oficialistas y opositores del peronismo federal acordaron llevar el tema al recinto de la Cámara alta el miércoles 19, donde la iniciativa podría obtener media sanción. La apuesta del Gobierno es convertirla en ley en el arranque del año parlamentario en marzo próximo para que comience a regir antes de la campaña presidencial de 2019.
En la reunión de Labor Parlamentaria, Cambiemos y el peronismo federal acordaron la sesión express de ayer (ver aparte) y dejar para el miércoles próximo los temas más controvertidos. Un temario que tiene como eje la ley “anti barrabravas” –que incorpora al Código Penal los delitos en el ámbito deportivo–, que se discutirá el día anterior en Diputados, donde el oficialismo confía en obtener la media sanción. El otro será el financiamiento de los partidos políticos.
El decreto presidencial de la prórroga de las extraordinarias habilita el tratamiento del proyecto original sobre el financiamiento político que el Gobierno envió al Congreso a través de la Cámara de Diputados. Pero la discusión partirá del dictamen que consiguió en el Senado, una iniciativa que incluyó propuestas de diferentes proyectos para alcanzar cierto consenso. Aunque aun existen divergencias al interior de los distintos bloque políticos.
Allí se establece que se habilita el aporte de personas jurídicas (empresas) –hasta ahora prohibidas– al financiamiento de los partidos y sus campañas electorales. Las excepciones serán para aquellas que sean concesionarias o contratistas del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal) y las extranjeras que no estén inscriptas en la Argentina. Pero mantiene la prohibición de contribuciones de organizaciones sindicales, patronales y profesionales, así como las empresas vinculadas a juegos de azar. Además de reparticiones estatales y descentralizadas en sus diferentes niveles.
Todos los aportes, de personas físicas o jurídicas, deberán ser bancarizados (transferencias, cheques, tarjetas de crédito o débito) para poder ser identificados, por lo cual estarían prohibidas las contribuciones anónimas. Una de las diferencias entre las distintas bancadas y hacia el interior de las mismas es el límite económico que podrían aportar personas físicas y jurídicas. La cifra oscila entre el 5 y el 10 por ciento de la recaudación partidaria, dentro de lo permitido en cada campaña electoral.
El dictamen también propone, entre otros puntos, reducir del 10 al 5 por ciento los espacios gratuitos cedidos por el Estado a los partidos políticos en la programación de medios audiovisuales (radio y TV).
La propuesta consensuada hasta ahora amplía la cantidad de días establecidos para cada campaña electoral (primarias y generales) y prohíbe la publicación y difusión por distintos medios (incluido Internet) de encuestas de intención de voto desde 8 días antes de la elección hasta 3 horas después de finalizados los comicios.
