La pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana durante el tercer trimestre de 2018. Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA alcanzó su valor más elevado desde 2010. El deterioro socioeconómico asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado para intentar domarla dejó un saldo de 2.180.000 nuevos pobres que elevan la cifra total hasta las 13.600.000 personas. El deterioro está concentrado en el conurbano bonaerense. La estimación anticipa el fracaso del gobierno de Mauricio Macri para cumplir con su promesa de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019. La indigencia, por su parte, ascendió hasta el 6,1 por ciento que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado. El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos.
“Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”, advierte el informe del ODS-UCA. En otras palabras, el motor para el crecimiento de la pobreza es el programa económico de Cambiemos y el programa de austeridad adoptado para acceder al financiamiento del FMI.
Aunque la medición del OSD-UCA exagera la magnitud de la pobreza ya que se elabora a partir de una muestra sesgada de hogares, la trayectoria ofrece una aproximación al impacto que tienen la aceleración inflacionaria y el ajuste sobre la población más vulnerable. Los últimos datos del organismo estadístico oficial arrojaron que el 27,3 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2018. La aceleración de la inflación y la ausencia de instrumentos que permitan recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables -trabajadores informalizados y los jubilados- permiten anticipar un deterioro en la medición del Indec. El IPC aumentó un 3,2 por ciento en noviembre y acumulan un alza del 43,9 por ciento en once meses convirtiendo a 2018 en el año más inflacionario desde 1991 (ver aparte).
Con el incremento en los precios que siguió al salto cambiario, la medición del observatorio dirigido por el sociólogo Agustín Salvia superó el 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016. El deterioro experimentado entonces fue consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo. El 33,6 por ciento informado ayer es el dato más elevado en nueve años. “Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad”, explica el OSD-UCA.
El reporte muestra que, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, los niveles de pobreza entre lxs niñxs de 0 a 17 años treparon del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. Las cifras complementan las mediciones presentadas por Unicef la semana pasada al advertir que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional. Al evaluar las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro el organismo dependiente de Naciones Unidas estimó que el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes sufren de al menos una de esas carencias.
El informe muestra que en materia regional el impacto más significativo se registró en el conurbano bonaerense. La pobreza alcanzó al 43,4 por ciento de la población durante el tercer trimestre de 2018, un aumento de 7,3 puntos en un año. Los niveles de pobreza son significativamente inferiores en la Ciudad de Buenos Aires donde alcanza al 8,9 por ciento.
“No hay evidencias de una crisis socio-laboral extrema pero tampoco aparecen señales de recuperación. Sólo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social”, sostiene el informe del OSD-UCA al advertir sobre la ausencia de instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. “Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, no ocurren ‘derrames’ hacia los sectores menos dinámicos sino hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”, expresa el documento. Los investigadores enfatizan que entre 2010 y 2018, “los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales”.
